Las recientes manifestaciones que han tomado lugar en el país generaron debate sobre lo que se entiende por protesta social y vandalismo.
A esto se le suman las críticas que generaron los denominados ‘micos’ en el proyecto de 'paz total' del presidente Gustavo Petro, que hablaban de indulto a la primera línea que tomó acción en el estallido social del año pasado.
Juan Francisco Naverrete, abogado penalista, explica que este panorama debe ser entendido desde las metodologías que emplean las personas que salen a protestar: "Un ciudadano que se manifiesta pacíficamente según lo establecido en la Constitución está dentro de un ejercicio democrático; en cambio, un vándalo está realizando una protesta con conductas que están tipificadas dentro del Código Penal, actuando con 'dolo' que es la intención de causar daño".
El experto argumenta que los procesos de captura que se dan en estas situaciones necesitan un desarrollo correcto, de lo contrario, generan polémicas como la viceministro del Interior, Gustavo García, quien fue criticado por presuntamente mediar en la aprehensión que llevó a cabo la Policía y el Esmad en las manifestaciones del pasado domingo en Bogotá.
"Es importante conocer que la Policía tiene la facultad de soltar a la persona capturada cuando identifica quién es y lo que estaba haciendo. A partir de esta caracterización, se define si puede estar en libertad", enfatiza Navarrete.
Por otra parte, el abogado agrega que cuando una persona es capturada en flagrancia, es decir en el momento del delito, se le debe aplicar un carácter judicial: "La situación se tiene que definir con un fiscal en primera instancia y luego se da la intervención de un juez de la República de control constitucional, que es el funcionario de control de garantías".
Naverrete recalcó que el proceso que no sigue lo indicado por la ley se ve "contaminado de irregularidad".
Sobre el caso del viceministro del Interior en la protesta que se desarrolló el pasado domingo en Bogotá, el analista declaró que "si las personas fueron capturadas en flagrancia cometiendo delitos, no era la Policía quien tenía que decidir si los soltaba o no... mucho menos un funcionario de Gobierno, pues el deber era judicializarlos ante un fiscal".
En cuanto a el indulto (jóvenes capturados en el marco del estallido social) que se busca implementar desde el Gobierno, Naverrete esclareció que debe tener una base política: "No puede ser que el indulto se le aplique a personas que han cometido cualquier delito, debe haber una calificación de dichos actos con fundamento en las circunstancias de orden político".
"El indulto se vuelve excepcionalísimo, es una facultad extraordinaria y su aplicación tendrá que ser producto de una aprobación en el Legislativo para que el Ejecutivo pueda intervenir en unos casos que estarán absolutamente determinados, pues no puedan estar sujetos a consideración personal", concluye el abogado penalista.
Más noticias de política
REDACCIÓN POLÍTICA