Estos son los retos para negociar con todos los actores armados

La ‘paz total’ es la consigna de Gustavo Petro. En un mes y una semana de gobierno no ha pasado un día en el que él o su gabinete no lo hayan puesto de presente.

La estrategia va en dos sentidos: el primero es reanudar los diálogos de paz con la guerrilla del Eln y el segundo es un proceso de sometimiento a la justicia para las bandas criminales, el más cuestionado.

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Respecto al Eln se ha avanzado con lo que el Gobierno llama “el descongelamiento del proceso”, que es básicamente el cumplimiento de los protocolos firmados entre la guerrilla y el entonces gobierno de Juan Manuel Santos: los delegados del Eln que están en Cuba llegarían a Venezuela (luego de que Maduro aceptó ser país garante de los diálogos) con el objetivo de establecer o con el grupo armado y evaluar las condiciones en que se retomarían las conversaciones.

Para expertos consultados por EL TIEMPO, el trabajo que sigue es un “reto mayúsculo”. Porque, explican, hay que “retomar la agenda, hacerle ajustes, con complejos asuntos técnicos como la conformación de las delegaciones, instalar las mesas, eso toma mucho tiempo”, asegura Natalia Valencia, investigadora y analista en temas de derechos humanos y crimen organizado.

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Así lo reconoce también el presidente del Senado y miembro del Pacto Histórico, Roy Barreras: “La agenda con el Eln tiene que partir de unos temas precisos, cuyo objetivo sea la dejación de las armas. Mientras no haya una agenda que implique la dejación de las armas al final, entonces lo que habrá será una agenda dilatoria, que ha sido característica del Eln. Para arrancar el proceso se necesitan agenda y mesa de negociación”.

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Hay un temor, dicen los analistas, y es el de la capacidad de mando que tiene el Comando Central del Eln y la voluntad de la guerrilla de negociar. Esa incertidumbre creció con las declaraciones de alias Antonio García, el máximo jefe de la guerrilla. Dijo que la ‘paz total’ es “una falsa paz”, ya que, según su argumento, “la reducen tan solo a la ausencia de confrontación armada”.

En este punto, el ‘factor Maduro’ va a pesar. Aunque Juan González, asesor especial del presidente Joe Biden, ha dicho que Estados Unidos “está dispuesto a apoyar los diálogos de paz con el Eln”, esta semana ya se escucharon en Washington voces inconformes desde el lado republicano: “Sabíamos que después de esas elecciones tendríamos una nueva istración en Colombia que iba a hacer caso, un poco más, a lo que diga el régimen de Maduro”, dijo el senador Marco Rubio.

En un par de meses hay elecciones en Estados Unidos y los republicanos pueden tomar más fuerza, por lo que su opinión será también decisiva.

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Sobre el sometimiento a la justicia para las bandas criminales, el camino es aún más complejo. El presidente Petro ha hablado de un cese del fuego multilateral. El cual, según el comisionado de Paz, Iván Danilo Rueda, sería posible en poco tiempo. Él ha estado recorriendo el país, se ha reunido con las comunidades y realizando acercamientos con bandas criminales como las AGC, la ‘Segunda Marquetalia’, las disidencias de las Farc, entre otros. Incluso afirmó que ‘Iván Márquez’ está vivo y que autorizó el diálogo con el estado mayor de la ‘Segunda Marquetalia’, la organización criminal que lidera.

Ante esta posibilidad, las críticas más vehementes han corrido por cuenta de dos pesos pesados: los exnegociadores de paz con la antigua guerrilla de las Farc, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Para el primero a “Iván Márquez ya se le dio una oportunidad y su único camino ahora es el del sometimiento”.

“¿Qué es lo que se puede negociar con el señor ‘Márquez’ y la ‘Nueva Marquetalia’ que no haya sido negociado en La Habana?”, preguntó el hoy senador De la Calle.

“Lo que estamos viendo es toda la atención dirigida a hacer negociaciones con los narcos”, aseguró por su parte Sergio Jaramillo.

Para el también senador Iván Cepeda, “el Gobierno sí tiene una visión sobre el problema del narcotráfico, su tratamiento en la construcción de la paz territorial y el acogimiento a la justicia de organizaciones ligadas a esa economía ilícita”.

Cepeda le dijo EL TIEMPO que no cualquier banda criminal o cualquier grupo delincuencial podrá acceder a estos beneficios de la justicia y que se requerirán unas condiciones.

Él y Barreras anunciaron que adelantan un proyecto de sometimiento. “Está en reingeniería”, dice Barreras. “Estamos discutiendo paso a paso, pero no queremos presentar algo que no esté lo suficientemente elaborado”, aseguró Cepeda.

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Para el analista Jairo Libreros, el arranque de la ‘paz total’ es arrollador en el sentido de alcanzar primeros os con grupos interesados en buscar una salida. “Quienes están llamados a responder la invitación se han hecho presentes”, dijo.

Entre los expertos hay consenso en que la comunicación del Gobierno en este tema debe ser más clara, con un lenguaje unificado entre todos los funcionarios encargados. “No hay lugar a confundir o al menos a transmitir la idea de que todos van a pasar por el cedazo de una negociación política para cerrar el conflicto cuando son actores que tienen vínculos reales con el crimen transnacional organizado”, manifestó Libreros.

Aunque el investigador Nicolás Torres, experto en conflicto armado, expresa que hay que ser indulgentes en la medida en que el Gobierno solo tiene poco más de un mes en el poder, hay una preocupación respecto a que “son planes generales, maestros, pero sin una partitura concreta”. Según él, “no se ve una estrategia definida respecto al actor, respecto a la problemática concreta y cómo se va a desarrollar de acuerdo a esos contextos”.

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