Lo que viene en la JEP para Torres Escalante por ‘falsos positivos’

Si este general insiste en su inocencia, su caso irá a juicio en el Tribunal de Paz.

El general Henry William Torres Escalante, tras la audiencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en la que se sometió a la JEP Foto: Rodrigo Sepúlveda- El tiempo

Juan Camilo Pedraza

10.07.2018 20:35 Actualizado: 10.07.2018 20:35

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El caso por los denominados ‘falsos positivos’ atribuidos al general Henry William Torres Escalante, quien este martes en la primera audiencia de un militar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó su compromiso de contar la verdad no obstante a declararse inocente, pasará a manos de la Sala de Reconocimiento de la Verdad de esta justicia especial.

La diligencia de trámite, anticipada por EL TIEMPO este domingo, la realizó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, especializada en casos de de la Fuerza Pública, ante quien Torres Escalante suscribió el acta de sometimiento a esta jurisdicción transicional.

Con el procedimiento, el general de 55 años, quien lleva al rededor de 28 meses privado de la libertad y hoy está recluido en el Cantón Norte de Bogotá, reafirmó los compromisos que adquirió el 21 de julio del año pasado, como el de atender cualquier requerimiento que le haga esta justicia diseñada en el acuerdo de paz para esclarecer los graves crímenes cometidos durante el conflicto.

Después de firmar ese documento, el general Torres Escalante afirmó que se presentó a la JEP porque la justicia ordinaria no le “dio garantías” y pidió “el trato equitativo y diferenciado que en público y privado se le prometió a los militares”.

“Señalo desde ya mi compromiso de contribuir a la verdad sobre hechos relacionados con cualquier muerte, pero eso no implica una confesión. Yo no he causado ni ordenado ninguna de las muertes que se me imputan”, enfatizó Torres Escalante.

Al general se le vincula a varios homicidios en persona protegida (‘falsos positivos’) y de encubrir a otros oficiales involucrados en estos cuando fue comandante de la Brigada XVI en Casanare, de diciembre del 2005 a julio del 2007.

El proceso más avanzado por el que se le acusa tiene que ver con los asesinatos de Daniel Torres y el de su hijo Roque, dos campesinos de Aguazul, que en el 2007 fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

Aunque el general anticipó que no aceptará ningún cargo, tendrá que manifestar esto formalmente ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, considerada la puerta de entrada del Tribunal para la Paz.

Mónica Cifuentes, procuradora delegada ante la JEP, explicó que una vez eso suceda se abrirá paso la fase “adversarial”, es decir, la etapa de juicio en la que Torres tendrá como contraparte la Unidad de Investigación y Acusación, instancia que ejercerá las funciones de Fiscalía ante la justicia de paz.

Por su lado, Fernando Rodríguez, representante de la familia Torres, dijo que “no le extraña” que el general no reconozca su responsabilidad y confía en que el tribunal le dé la razón a las víctimas “de acuerdo con las pruebas que recopiló la Fiscalía juiciosamente”.

El abogado del general, Jaime Granados, quien entregó por solicitud de la Sala dos carpetas y un CD con información sobre los procesos judiciales que se adelantan contra Torres, insistió en que “el general es consciente de que las tropas bajo su mando cometieron los crímenes y por eso es su deber pedir perdón a las víctimas y contribuir a la verdad, pero eso no implica reconocer responsabilidad de lo que no es culpable”.

Torres Escalante, aunque afirmó que las conductas que se le atribuyen fueron cometidas por la brigada que comandó sin que tuviera conocimiento de ellas, pidió perdón a las víctimas.

Si el general reconoce responsabilidad antes de la sentencia –de acuerdo con lo pactado en La Habana– tendrá una sanción privativa de la libertad entre 5 y 8 años, y si es vencido en juicio se expondrá a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Compromisos adquiridos

Colaborar con la JEP y reparar a víctimas

Atender llamados del Sistema Integral de Víctimas y contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas.

Informar todos sus desplazamientos

Informar de forma inmediata todo cambio de residencia y, llegado el caso, pedir permiso a la JEP para salir del país.

Respetar el régimen de condicionalidad

Incumplir sus compromisos o fugarse genera la pérdida de beneficios, incluida la reclusión en unidad militar.

Comisión pidió a archivos de FF. MM.

La Comisión de la Verdad, presidida por el padre Francisco de Roux, pidió el a bases de datos, incluso reservadas, al Ministerio de Defensa para cumplir su tarea de esclarecer lo sucedido en el conflicto. La solicitud está desde el 13 de junio.

REDACCIÓN PAZ

Twitter: @pazELTIEMPO

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