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Restitución de tierras, la deuda del Estado con la víctimas
Tras ocho años de la aplicación de la ley, solo se ha cumplido el 2.3 por ciento de lo esperado.
líderes adelantan una demanda para la restitución de tierras ubicadas en el corregimiento de Macondo Foto: OSWALDO ROCHA / Archivo EL TIEMPO
De los 281.207 casos judiciales en que se debía restituir tierra, establecidos como meta del Gobierno para 2018, solo se dio restitución de inmuebles en 6.389 casos, apenas el 2.3 por ciento de la meta. Así lo reveló el estudio ' Balance de 8 años de la Ley de Restitución de Tierras: en riesgo de muerte' de la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación publicado este martes.
La estimación se dio fruto del análisis de 3.761 sentencias de restitución de tierras emitidas entre octubre de 2012 y el 31 de julio de 2018 por jueces y magistrados de todos el país.
El problema para acceder a la justicia de las víctimas de despojo de tierras inicia con el proceso istrativo. Desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 en 2011 se han presentado 112.939 solicitudes de restitución de tierras al Gobierno a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) de las cuales el 63 por ciento han sido rechazadas.
"Según la URT los casos rechazados corresponden a predios en zonas de reserva forestal o protegida, o en el que los hechos son anteriores a la vigencia de la ley el 1 de enero de 1991", explicó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuro.
Según el informe, hasta el momento se han devuelto un total de 237.679 hectáreas entre predios rurales, urbanos, territorios colectivos de comunidades afro y resguardos indígenas. En la mitad de los casos se trata de predios de menos de tres hectáreas.
El 75 por ciento de los casos en que se ha restituido tierra no hubo oposición en proceso judicial y el 98 por ciento las víctimas ganaron el proceso, asegura el informe. Por el alto número de estas cifras, algunos expertos aseguran que la mejor forma de acelerar el proceso de restitución de tierras es a través de la restitución por vía istrativa en caso que no exista oposición.
"Según la ley, en los casos que no hay oposición quien resuelve es un juez, cuando hay oposición pasa a un tribunal. Como la mayoría de los casos fueron sin oposición sería más rápido asignar a través de una resolución istrativa la propiedad, eso ayudaría a descongestionar el sistema", asegura Vega.
vv Foto:Fundación Forjando Futuro
Para Gerardo Vega, con el cambio de Gobierno las expectativas de que la aplicación de la ley mejore son muy baja y no descartan la posibilidad de que la situación empeore. Sin embargo, destaca que gracias a la jurisprudencia de las altas cortes, las víctimas podrán seguir reclamando sus derechos.