Es hora de debatir sobre la salud, sin fundamentalismos ni dogmatismos

Los colombianos, en especial los más de 11 millones de pacientes crónicos a quienes no se les pueden suspender sus tratamientos o quienes viven en zonas rurales, que no tienen a un servicio de salud, entre muchos otros, deben ser el centro de atención de cualquier debate o ajuste que se le deba hacer al sistema de salud. Lo visto a finales de octubre con la decisión de las droguerías Cruz Verde, de suspender a los s de la EPS Sanitas la dispensación de los medicamentos que no están en el Plan de Beneficios, es una alerta que nos debe recordar que detrás de las decisiones, acciones y debates están en juego la vida y el bienestar de millones de personas. Pero también, de que algo está ocurriendo en el sistema que debe ser atendido.

Lo ocurrido llevó a la Contraloría General de la República (CGR) a declarar de Impacto Nacional las presuntas irregularidades presentadas por la suspensión en la entrega de medicamentos por parte de Cruz Verde, lo que permitirá obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud, sobre los cuales este organismo de control ejerce un seguimiento permanente.

Durante el presente año, la Contraloría realizó una serie de foros y conversatorios con la academia, el sector privado, el Gobierno y el Legislativo, entre otros, con el ánimo de generar espacios de diálogo que permitan construir puentes frente a temas de interés y los proyectos de reforma en curso, como el de la salud. Creemos que desde el control fiscal tenemos un papel técnico para valorar los indicadores y los impactos presupuestales, algo que seguramente puede equilibrar y dar un matiz mucho más sereno a las discusiones.

Es evidente que el sistema de salud tiene unas bondades, pero también unos desafíos y elementos que deberían corregirse, y quiero centrarme en algunos elementos clave.

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El primero, y me ratifico frente a algunos críticos, es que no se puede hablar de un desfinanciamiento del sistema de salud, lo que no significa que no se requieran recursos adicionales, sumado a la necesidad de hacer un mejor uso y control de los existentes. Este no es un debate nuevo. Desde hace tiempo las EPS y el propio sistema vienen advirtiendo que la unidad de pago por capitación (UPC) no es suficiente o que su metodología de cálculo se deba revisar.

Repasando los indicadores recientes, se evidencia que han sido muchos más los colombianos que durante este semestre han acudido al sistema de salud, por supuesto, porque hubo un represamiento durante la pandemia del covid-19, unido a sus secuelas, pero también por los temores que causa la incertidumbre frente a los cambios, en parte, por los debates en torno a la reforma de la salud.

No estamos desconociendo, de ninguna manera, que las EPS tengan mayores pretensiones de recursos del Gobierno. Sin embargo, no se entiende que frente a los giros ordinarios de la UPC por parte de la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), se hable de $ 13 billones en deudas de las EPS a IPS y proveedores. Es urgente saber hacia dónde se movieron los recursos, por lo que se está evaluando hacer un levantamiento del velo corporativo.

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Cuando revisamos todo lo de Saludcoop, hace 10 años en la CGR, hallamos unas grandes irregularidades. Encontramos que recursos de la UPC los había involucrado en los holdings que tenía y con eso financiaba, por ejemplo, infraestructura que construía en Panamá, Perú, Colombia, y luego esa infraestructura pasaba a formar parte de los activos del privado, financiado con recursos públicos.

Dentro de las auditorías que se han efectuado, hemos encontrado que algunas EPS pagan con recursos de la UPC intereses de mora, valores istrativos, sanciones y multas. De ahí que se haga necesario revisar por qué las EPS ejercen, de manera discrecional, el pago de deudas a unos prestadores de manera inmediata y a otros no. Las cifras muestran, por ejemplo, que la red hospitalaria pública del país está desfinanciada, dado que no están dentro de las prioridades de pago por parte de las EPS.

Vale la pena decir que, en el último año, desde la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se han tramitado 14 actuaciones concernientes a la salud en cuantía de $ 630.933 millones, dentro de los cuales se han proferido cuatro imputaciones de responsabilidad fiscal por $ 274.201 millones, y tres fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia por $ 389.619 millones.

Estas actuaciones tienen como sujeto de control a la Adres respecto de las EPS Saludcoop, Cafesalud, Medimás, Cajas de Compensación Familiar de Sucre y Córdoba, Distrito de Cartagena de Indias y departamento de Córdoba, por hechos relacionados con el inadecuado manejo de los gastos de istración o la superación del tope de estos, obras inconclusas, recobros, entre otros.

La Contraloría General está adelantando una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud para determinar las debilidades y los cuellos de botella que presenta el sistema, ejercicio que se realiza por primera vez y que audita alrededor de $ 240 billones.

Por eso yo les he pedido respetuosamente a las EPS y a otros actores que se discuta sobre la financiación del sector, pero que despoliticemos la discusión de la reforma de la salud, por respeto a los colombianos, por respeto a los pacientes, por respeto a la institucionalidad, como también hemos sido categóricos en el tema. Esto no se trata de una postura a favor o en contra del Gobierno, se trata de una postura que está reflejada y soportada en las cifras.

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Aquí lo que tenemos que mirar es cuál es la eficiencia de la inversión de los recursos, antes de seguir preguntándonos si necesitamos $ 15 o $ 20 billones más para financiar un modelo que no ha dejado que profundicemos la atención o los beneficios, o que revisemos exactamente cuál ha sido el comportamiento y el flujo del recurso cuando entra a las EPS.

Y, un segundo punto importante y final, es que cualquier reforma o cambio debe fortalecer el enfoque preventivo y predictivo de la salud para tener menores riesgos, menor mortalidad y menor demanda en un sistema que, cuando hay que atender o curar, cuesta mucho más que prevenir. También sabemos que es deficiente e insuficiente la infraestructura que tiene hoy el sistema público para poder atender de manera autónoma y estatal toda la demanda o los problemas de cobertura y dispersión que hay en las zonas rurales.

Pronto, con las auditorías que está adelantado la Contraloría, los colombianos van a saber lo que se ha hecho con más de $ 180 billones de recursos que gira la Adres a las EPS y cuánto de esto es irrigado en el sistema. Vamos a saber cuál es la deuda reconocida y auditada, o la deuda pendiente por reconocer.

Es importante advertir que no vamos a politizar los pronunciamientos de la Contraloría General. No nos vamos a convertir en los jueces de este debate de la salud, pero sí vamos a proporcionar las cifras que representen y que consoliden el análisis de las valoraciones que realicen nuestros auditores, porque proteger juntos los recursos públicos tiene sentido.

CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO (*)

Para EL TIEMPO

(*) Vicecontralor en funciones de contralor General de la República.