Expertos en salud y protección social piden al Gobierno trasladar, de manera urgente, recursos por $2,5 billones para garantizar la atención de los colombianos

En una misiva firmada por, entre otros, 31 exministros y excodirectores Banco República; ocho exdirectores del Departamento Nacional de Planeación, del Dane y Colpensiones, junto a casi 60 expertos en salud y protección social, este grupo de ciudadanos le solicita al Gobierno nacional, a través del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, trasladar, de manera urgente, recursos por $2,5 billones de funcionamiento del Ministerio de Salud hacia el aseguramiento en salud.

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Según explican los expertos en la carta, esto se debe a que en estos momentos el aseguramiento en salud "no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el compromiso gubernamental de girar el valor de UPC y presupuestos máximos aprobado para el año 2024”.

Se trata de $2,5 billones que hoy le estarían haciendo falta a la a de Recursos de la Seguridad Social en Salud (Adres) para poder garantizar la atención de salud de los colombianos. Un deficit que, de acuerdo con los expertos, entre los que se cuentan el exviceministro de salud y protección social, Jairo Núñez, el senador Humberto de la Calle y la exministra de relaciones exteriores, Carolina Barco, se debe a que "el Ministerio de Salud y Protección Social decidió apropiar $5,05 billones para usos distintos a los originalmente planeados en términos de aseguramiento".

Según señalan en la carta, a pesar de que en últimas estos dineros son usados para garantizar el goce efectivo al derecho de la salud, actualmente están priorizando áreas que requieren inversiones con recursos nuevos y no ser objeto del desplazamiento de los recursos que hoy en día se utilizan para prestar servicios de salud.

"Su empleo inapropiado ha afectado la efectiva realización de este derecho. A la fecha se han girado $1,6 billones y se registra una disminución en su apropiación por $900 mil millones (aún a la espera de identificar a qué rubro se adicionarán esos recursos), quedando disponibles $2,5 billones, según información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)", indican en la carta.

Además señalan que los recursos remanentes son necesarios para el financiamiento de la UPC al cierre del año. "A la fecha, y de conformidad con el ritmo de gasto al mes de mayo, se requerirá una incorporación adicional mínima de $2,3 billones a este rubro. La UPC financia más del 97 por ciento de los servicios de salud y es la garantía del derecho fundamental", manifiestan.

También advierten que en la decisión sobre el presupuesto de la salud 2024, tanto el Ministerio de Hacienda como el Departamento Nacional de Planeación, alertaron al Ministerio de Salud y Protección Social sobre la necesidad de usar la esos recursos para garantizar el cierre financiero del aseguramiento, pero pese a ello dicha acción no se ha concretado.

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"De no efectuarse este traslado, el derecho a la salud estará gravemente comprometido en la segunda mitad del año, en un contexto fiscal adverso con recortes y aplazamientos adicionales", advierten los expertos en la misiva, quienes además aclaran que la transferencia de estos recursos sólo garantizaría que se cuente con los recursos necesarios para el giro de UPC que se encuentra planeado y no soluciona los problemas de insuficiencia que también debe afrontar el Gobierno.

"La Corte Constitucional, a través de diversas sentencias, siendo la más relevante la T-760 de 2008, ha señalado que es obligación del Estado asegurar el financiamiento adecuado, transparente y eficiente del sistema de salud, en aras de garantizar su sostenibilidad financiera y el equitativo a los servicios de salud", reseñan en la carta los expertos.

También indican que, "de no llevarse a cabo este traslado presupuestal el Ministerio de Salud y Protección Social estaría incumpliendo el mandato legal, puesto que la Ley le exige al Gobierno Nacional destinar los recursos suficientes de manera prioritaria para garantizar la universalización del aseguramiento en salud (artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 2015)".

Al cierre de la misiva, los expertos también advierten de la inmensa preocupación que existe ante la reciente respuesta del Ministerio de Hacienda a un derecho de petición parlamentario, en el que se afirma que “la asignación de recursos para el pago de presupuestos máximos se efectuará una vez los ingresos de la Nación muestren un comportamiento adecuado que permita la asignación de los mismos...”. 

Los firmantes de la carta piden priorizar el gasto público y garantizar los mínimos necesarios para la garantía del derecho fundamental a la salud. "Solicitamos respetuosamente que se considere esta reasignación presupuestal, la cual es necesaria para cubrir los compromisos mínimos del Gobierno nacional con la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos".

REDACCIÓN SALUD