Denuncian fraude a la salud que se aprovecha de embarazadas

Una serie de empresas que se aprovecha de las mujeres embarazadas para cobrar los pagos de las licencias de maternidad volvieron a aparecer en los últimos meses para desfalcar al sistema de salud, según evidenciaron varias EPS asociadas en Gestarsalud.

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El gremio denunció, en concreto, que en el periodo de pandemia más de 50 mujeres gestantes en varias ciudades del país fueron usadas por empresas inescrupulosas para afiliarlas al sistema de salud y, posteriormente, con maniobras, apropiarse de los pagos de las licencias de maternidad.

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Se trata de una modalidad de fraude que ya se había documentado hace cuatro años y que incluso había dejado personas condenadas, pero que según alerta Gestarsalud se sigue presentando por la falta de articulación de las entidades correspondientes.

“En concreto, en la vigilancia sistemática de los recursos de la salud que hacemos desde Gestarsalud y nuestras EPS, se identificaron conductas de algunas empresas en diferentes regiones del país que afilian mujeres embarazadas a través de vínculo laboral para, con presuntas formas ilícitas, apropiarse del pago de las licencias de maternidad”, explica el gremio.

Todo inicia cuando an a mujeres en embarazo; la empresa que funge como empleadora las afilia como trabajadoras cotizándoles con una base de salario mínimo por los primeros meses; en algunos casos solo las afilian por salud, sin cotizar a los demás sistemas de la seguridad social; luego, en los meses posteriores, incrementan la base de cotización a salarios que en algunos casos pueden llegar a una variación de 200, 400 por ciento o más; de esa forma, al momento del parto la base salarial es mucho mayor y sobre ella las EPS deben reconocer el pago de la licencia de maternidad.

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El fraude se presenta en la apropiación de los recursos de la licencia de maternidad que se establece según la cotización del momento del parto, como definen las disposiciones vigentes. Se ha identificado que tan pronto se inicia el periodo de licencia de maternidad les vuelven a bajar la base de cotización y en algunos casos las desvinculan, incluso antes de que cumplan este periodo.

De acuerdo con la información recopilada por las asociadas en Gestarsalud, más de 50 mujeres gestantes han sido víctimas en los últimos meses de este fraude que, al ser recurrente, se estima que las pérdidas de recursos puedan ser millonarias.

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Por estos hechos ya las EPS asociadas en Gestarsalud han interpuesto acciones penales en la Fiscalía y han entregado pruebas a las diferentes entidades, solicitando su intervención para detener estas acciones fraudulentas.

En el 2017, valga recordar, salieron a la luz denuncias iguales que llevaron a la condena de dos hombres por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, estafa agravada, falsedad en documento público y privado y peculado por apropiación.

Ante estas denuncias, Gestarsalud, como agremiación de salud y apoyando activamente la vigilancia de los recursos, hace un llamado para que los diferentes actores comprometidos, tanto de la salud como de otros sectores del Gobierno, concurran al seguimiento, vigilancia y verificación del proceso de reconocimiento de estas prestaciones sociales, en especial cuando se trate de pago de licencias de enfermedad general, maternidad y paternidad.

“El Ministerio de Salud, la Adres, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), las EPS que istran el régimen contributivo, los operadores de información, el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación, según lo definido en el marco regulatorio, deben articularse para lograr acciones efectivas contra este desangre de recursos”, afirmó Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud.

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En ese sentido, Gestarsalud propone determinar normativamente más controles, ejercer las funciones a través de inspecciones y visitas a los empleadores responsables de las conductas presuntamente fraudulentas, generar requerimientos, hacer las denuncias y dar inicio a las gestiones de cobro de los recursos apropiados sin justa causa.

“Son solo algunas de las acciones que se propone para materializar como Estado la salvaguarda de los recursos y así garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de todos los colombianos”, concluye Torrenegra.

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