Inseguridad alimentaria cae 5 %, pero 13 millones de colombianos siguen en riesgo

Al menos 2 millones de personas en Colombia comieron solo una vez al día en promedio durante los últimos siete días, según el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) sobre seguridad alimentaria en el país.

De acuerdo con los indicadores, unos 13 millones de personas en el territorio están en inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que equivale a un cuarto de la población.

“El dato es bastante preocupante porque, al parecer, la recuperación de la población colombiana, posterior a la pandemia, no se ha logrado a pesar de tener una producción de alimentos casi estable”, explica Jhon Jairo Bejarano Roncancio, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

Aunque existe una reducción del 5 por ciento en los indicadores, todavía persisten 1,6 millones de personas en estado de inseguridad alimentaria severa, presentando brechas extremas en el consumo de alimentos y alta vulnerabilidad económica. Así lo reconoció el presidente Gustavo Petro en la apertura de la Vitrina Turística de Anato: “El hambre en Colombia disminuyó el año pasado. No lo suficiente, pero es una de las cifras positivas”, dijo.

La situación es compleja porque hace eco de una realidad problemática: todavía son muchos quienes se han visto obligados a reducir la calidad o cantidad de comida que consumen, poniendo su salud y bienestar en grave riesgo.

Una persona sufre inseguridad alimentaria cuando carece de regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y una para tener una vida activa y sana. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de comida o a la falta de recursos para obtenerlos, además puede experimentarse en distintos niveles de gravedad.

Según Bejarano, los problemas asociados con la inseguridad alimentaria y nutricional llevan a un bajo consumo de nutrientes esenciales que afecta la respuesta inmunológica de una persona a las infecciones, una situación que se complica cuando el precario comportamiento de consumo de alimentos por situaciones ajenas al ser humano se vuelve crónico.

De hecho, las Naciones Unidas destaca que el hambre y la malnutrición extrema siguen siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible y crean una trampa de la que las personas difícilmente logran escapar. “Ambos factores se traducen en individuos menos productivos, más propensos a las enfermedades y a menudo imposibilitados para ganar más y mejorar sus medios de subsistencia”, señala la entidad.

Aunque la capacidad de los hogares para comprar alimentos ha mejorado desde la anterior evaluación de 2022, por lo menos el 43 por ciento de los encuestados declararon haber tenido dificultades para acceder a los alimentos en los últimos seis meses. Este es el reflejo de múltiples decisiones complejas: las familias se ven obligadas a gastar sus ahorros, comprar alimentos a crédito o recortar en gastos sanitarios para poder llevar comida a sus mesas.

“Aquí es donde los determinantes sociales en salud impactan. Hablamos de agricultura, recursos naturales e incluso el empleo. El subempleo o la falta de oportunidades de empleo pueden llevar a la inseguridad alimentaria y nutricional”, comenta el experto.

Siguiendo este planteamiento, el documento del PMA destaca que algunas de las causas más comunes de inseguridad alimentaria son la falta de dinero (53 por ciento), la reducción de ingresos (25 por ciento) y el aumento en el costo de alimentos (25 por ciento).

Vale la pena recordar que el último informe de las Naciones Unidas sobre el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional mundial de 2022 planteaba que acceder a una alimentación sana al día en nuestro país cuesta alrededor de 3,07 dólares, de acuerdo con las estimaciones de la FAO. No obstante, aunque se trata de un valor por debajo del promedio mundial (3,54 dólares) y regional (3,89), sigue siendo inasequible para el 26,49 por ciento de la población.

A esto habría que sumarle el hecho de que el 59 por ciento de los hogares dependen de solo una fuente de ingresos, lo que aumenta potencialmente su vulnerabilidad ante distintas crisis.

Además, el aumento de precios internacionales de alimentos que viene desde 2020, especialmente después del inicio del conflicto en Ucrania, y el alza en la inflación alimentaria que se encuentra por encima de la media general han incrementado las dificultades para que las personas puedan acceder a una dieta saludable.

Por otro lado, el informe también destaca la influencia de este factor en escenarios de conflicto armado, que siguen siendo una de las principales causas de la inseguridad alimentaria en el país. Un 11 por ciento de los hogares encuestados declararon haberse visto afectados por un acontecimiento violento en los últimos seis meses, con desplazamientos y lesiones personales en la mayoría de los casos.

Se encontró también que existe una diferencia significativa entre los hogares víctimas de algún hecho violento y aquellos que no lo han sido. En el primer caso, la inseguridad alimentaria llega al 43 por ciento, mientras que en el segundo caso es del 23 por ciento, una muestra del grave impacto del conflicto en sus diferentes manifestaciones.

Otro factor determinante recae en la incidencia del medioambiente. Casi la mitad de los hogares (48 por ciento) reportan haber sido afectados por algún evento climático externo o desastre natural en los últimos seis meses. Las dos principales afectaciones han sido cambios en los patrones de lluvias y sequías. Estas barreras son más visibles en contextos rurales, como fue reportado por el 61 por ciento de los hogares en comparación con el 45 por ciento de las zonas urbanas.

Surcar dichas dificultades requiere de educación. “Un país que tenga bajos niveles de educación es también un grupo poblacional vulnerable porque no va a tomar las decisiones sobre su salud. Estamos hablando de poner atención a factores como la calidad del aire, del agua, de los alimentos, de las mismas cadenas productivas que deberían ser asequibles a todo tipo de personas”, explica Bejarano.

A pesar de que es evidente que existe una mejoría en términos de seguridad alimentaria a nivel nacional, también es verdad que departamentos como La Guajira y el sur del país, experimentaron un deterioro. De igual forma, las zonas rurales muestran mayor inseguridad alimentaria. Sin embargo, llama la atención que la concentración es más elevada en contextos urbanos.

Así, por ejemplo, en Bogotá 4 de cada 10 hogares no logran consumir tres comidas al día y el 33 por ciento de las familias encuestadas expresó que durante los últimos seis meses experimentó alguna dificultad de a alimentos. De acuerdo con la PMA, la estrategia de adquisición de comida más utilizada en la capital ha sido la de comprar los alimentos menos preferidos en el mercado, lo que da cuenta del impacto que ha tenido la inflación en el poder adquisitivo de la población.

Ahora bien, expertos destacan que lo que más afecta a las personas, es el alto consumo de alimentos fritos, envasados o snacks, sumado al bajo consumo de verduras, frutas frescas, carbohidratos complejos y fibra, que se encuentran principalmente en verduras, tubérculos, granos enteros como el trigo, cebada y avena. Este tipo de barrera ante el consumo de dietas saludables en poblaciones vulnerables como los menores supone que la población se encuentre entre la obesidad y la desnutrición.

“Aunque no necesariamente se ven físicamente las deficiencias en el individuo por bajo consumo de micronutrientes (vitaminas y minerales) de proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos esenciales para el metabolismo, internamente el cuerpo empieza una competencia para adquirirlos de sus propios recursos biológicos hasta desgastarse, para posteriormente llevar a procesos de catabolismo que se expresan en sensibilidad a las enfermedades inflamatorias, además de algún déficit cognitivo y debilidad. Se suma a esta crisis, que las personas con dificultades económicas, privilegian comestibles ultraprocesados para mitigar el hambre, además que son de bajo precio”, explica el profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

Bejarano destaca que a pesar de que somos un país de despensa agrícola la población persigue malos hábitos alimentarios, una realidad poco coherente. “Es donde tenemos que mirar con mucho detalle en realidad cómo abordamos esta problemática que es pluridimensional para poder disminuir estos indicadores de hambre, de pobreza, de inseguridad alimentaria y nutricional”, dijo.

El panorama Colombiano no es distinto al de América Latina. Al menos 43,2 millones de personas viven con hambre en la región y, al mismo tiempo, padecen altos niveles de obesidad y sobrepeso, según un reciente informe de las Naciones Unidas. La cifra (que recupera información de 2022) refleja una disminución de 16,5 millones con respecto a 2021, pero no deja de expresar grandes brechas en cuanto a la adquisición de alimentos en por parte de grupos marginados o vulnerables.

Rossana Polastri, directora regional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, concluye que Latinoamérica y el Caribe es la región del mundo con la dieta saludable más costosa. “Este es un escenario que afecta particularmente a las poblaciones vulnerables como los pequeños agricultores, mujeres rurales y poblaciones indígenas y afrodescendiente, las cuales destinan un mayor porcentaje de ingresos a la compra de alimentos”, dice Polastri.