¿Nos va a dejar la violencia incomunicados? / Análisis

La situación creciente de violencia en varias regiones del país es algo ya inocultable. Con hechos tangibles, civiles, indígenas, campesinos y, cómo no, empresarios han venido denunciando cómo actores armados han elevado sus acciones delincuenciales hasta afectar seriamente la tranquilidad de los negocios.

En el sector de las telecomunicaciones las cosas no han sido distintas. Recientemente las disidencias de las Farc, en el Caquetá, decretaron una suerte de ‘paro TIC’: ordenaron (sí, ordenan en esas regiones abandonadas de Dios y el Estado) apagar las antenas de telecomunicaciones de los distintos operadores.

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Más de 35.000 personas viven una intermitencia en su servicio de comunicaciones móviles. Incluso, un operario de telecomunicaciones, que se ‘atrevió a trabajar’ para activar una de esas torres, pagó con su vida tal osadía de contravenir una orden de estos grupos ilegales.

Lastimosamente esa situación del Caquetá se ha extendido, desde hace meses, a otras regiones del país. En silencio, los operadores móviles han tenido que lidiar con comunidades indígenas o campesinas que literalmente extorsionan en sus regiones para permitir que puedan entrar las tropas técnicas a hacer mantenimientos o simplemente cargar la gasolina para que llegue electricidad a las torres de comunicaciones.

Sí, hay zonas del país donde no hay electricidad y los operadores, para cumplir con sus obligaciones, deben alimentar con plantas eléctricas las radiobases que conectan a las personas con el mundo desde sus celulares.

Una lamentable situación que ya no da más espera ni respuesta distinta, de las autoridades, a retomar el control de esas zonas e imponer el orden.

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Operadores, empresas mineras y petroleras, industrias agropecuarias, transportadores no pueden estar a merced de la anarquía delincuencial que ha arreciado en las regiones más apartadas.

La respuesta del Ministerio de Defensa no puede ser (como ya pasó) que “deben darse conversaciones con las comunidades en el territorio para escuchar sus peticiones”. ¿Escuchar qué? ¿De cuánto es la ‘colaboración’ para dejarlos pasar por un lugar a hacer su trabajo?

No. Los operadores son empresas técnicas, de servicio público, que no están para sucumbir ante extorsiones veladas de ‘peticiones del territorio’; ni para enfrentarse a grupos armados.

El Estado debe garantizarles la seguridad, y a todos en todo el país, bajo el ordenamiento constitucional.

Ojalá el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, logre articular las soluciones y los compromisos con su par de Defensa que reduzcan los riesgos de seguridad para la industria de telecomunicaciones en las regiones.

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JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En Twitter: @JoseCarlosTecno