Comité de DD. HH. de ONU pide frenar extradición de Saab para análisis

De nuevo la extradición de Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, quedaría en suspenso, esta vez por cuenta de una decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En una corta misiva, dicho Comité le está solicitando a Cabo Verde que “se abstenga de extraditar a Saab a Estados Unidos", mientras revisan el caso; y que “tome todas las medidas necesarias para garantizar el a cuidados médicos apropiados facilitados […] por médicos independientes y especializados de su elección”.

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No obstante, se advierte que la decisión se toma con base en información suministrada solamente por quien impulsó el trámite (la defensa de Saab) y que esta se puede cambiar sobre la base de la información que entregue Cabo Verde.

Para tal efecto establece un plazo de hasta 8 meses para conocer la información sobre el caso y emitir un pronunciamiento de fondo.

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El comunicado se conoce en momentos en que el Constitucional alista la decisión final en torno a Saab, quien es requerido en extradición por una corte de Miami, dentro de un megaproceso de lavado de activos vinculado al régimen de Nicolás Maduro.

De hecho, EL TIEMPO estableció que la decisión ya está tomada y que una vez se conozca, Cabo Verde tiene 14 días para liberar a Sabb (si esa es la decisión) o para entregarlo a la DEA. 

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EL TIEMPO consultó con fuentes federales y manifestaron que se está verificando la información . No obstante, allegados al caso indicaron que ese mismo Comité ha emitido otras medidas cautelares similares que han sido desatendidas por no tener la fuerza de ley para obstruir un trámite legal.

Además, advierten que el comunicado de la ONU es claro en advertir que solo conocen la versión de la persona que solicitó las medidas cautelares, en este caso, el abogado José Manuel Pinto Monteiro, parte de la defensa de Saab.

Aún no se sabe si Cabo Verde responderá el requerimiento del Comité antes o después de que tome una decisión de fondo sobre Saab.

En criterio de su defensa, "al ordenar estas medidas cautelares urgentes de suspender inmediatamente la extradición".

Y agrega que “la no aplicación de las medidas cautelares es incompatible con la obligación de respetar con buena fe el proceso para la consideración de las comunicaciones individuales de conformidad con el Protocolo Facultativo". Esto significa que consideran el pronunciamiento como vinculante al ser Cabo Verde parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde el 6 de agosto de 1993 y del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde el 19 de mayo del 2000.

"Por ello -dicen-, no cabe duda de que Cabo Verde debe cumplir con las medidas cautelares de acuerdo con sus obligaciones de derechos humanos".

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

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