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En pleno cambio de Fiscal, plazo para redefinir caso contra Álvaro Uribe vence en enero
Se negó preclusión por tareas investigativas faltantes. En 90 días se dirá qué rumbo toma el proceso
“Estoy en desacuerdo con el Tribunal, pero reconozco que los magistrados no se manifestaron con odio político”. Con esa frase, el expresidente Álvaro Uribe Vélez resumió casi cinco horas de una audiencia en la que el Tribunal Superior de Bogotá definió su suerte judicial mediata.
Sin siquiera insinuar si el expresidente es o no culpable de las conductas que se le endilgan –fraude procesal y soborno a testigo–, el magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz expuso uno a uno los argumentos que llevaron al alto tribunal a confirmar que el caso no debía precluir, en respaldo a la primera instancia que así lo advirtió.
Carlos Andrés Guzmán Díaz, magistrado del Tribunal de Bogotá. Foto:Tomada de Cesjul.
Para Guzmán y sus compañeros de sala, Hermens Darío Lara Acuña y Dagoberto Hernández, faltan actividades investigativas concluyentes en varios de los episodios clave dentro de la investigación, que inició la Corte Suprema y que pasó a la Fiscalía tras la renuncia de Uribe a su curul de senador.
En un llamado de atención a la labor del fiscal del caso, Javier Cárdenas, el Tribunal usó calificativos como vacíos e incertidumbres en puntos que deben ser aclarados para establecer si hay o no responsabilidad penal en un proceso de trascendencia nacional.
El magistrado manifestó que una preclusión equivale a “cosa juzgada”, por eso dejó de presente los puntos en los que la Fiscalía debe ahondar para que se tome una decisión en estricto derecho.
El 9 de enero
Exmagistrado Leonidas Bustos y exfiscal general Eduardo Montealegre. Foto:Fotos: Ana María García y Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO
Las 220 páginas, en las que se valoraron más de 500 pruebas, serán entregadas a las partes este lunes 9 de octubre.
A partir de ese momento, la Fiscalía tiene 90 días para que un nuevo fiscal (el tercero después de Gabriel Jaimes y de Cárdenas) anuncie si presenta escrito de acusación o pide por tercera vez que se precluya.
Haciendo referencia a una solicitud del exfiscal Eduardo Montealegre (víctima dentro del caso), el magistrado Guzmán fue enfático en que la decisión de llamar o no a juicio a Uribe recae solo en la Fiscalía y ningún juez puede ordenarlo.
Jaime Granados, abogado penalista. Foto:EFE
Para el penalista Jaime Granados, punta de lanza de la defensa del expresidente, los 90 días, que se cumplen el 9 de enero de 2024, son un nuevo plazo contrarreloj para el caso.
Granados, que advirtió que respetan y acatan el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, pero no lo comparten, hizo una anotación sobre esa materia.
“La Corte Suprema tuvo cerca de 30 meses para investigar al expresidente; y la Fiscalía, sumadas las diferentes etapas, ha tenido 6 meses”, explicó. Además, señaló que no comparten los límites a la interpretación del principio de limitación de recursos que impuso el fallo.
Los audios y la elección
Esto significa que cualquier objeción que las partes dentro del proceso quieran hacer debe centrarse en los puntos abordados por la Fiscalía. Y Granados anota que esta no puso en entredicho la legalidad de las interceptaciones que la Corte hizo y que el Ministerio Público objetó por estar revestidas de posibles ilegalidades.
Extraproceso, es claro que al caso Uribe se le une otro elemento que antes no gravitaba sobre ese expediente: el cambio de fiscal general.
Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Foto:Fiscalía
El nuevo plazo para definir la suerte judicial del expresidente coincide con la elección del sucesor de Francisco Barbosa de una terna (ahora de cuatro) que le envió el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema, tribunal donde surgió el proceso contra Uribe.
Desde Pereira, el fiscal Barbosa se refirió al tema. En una intervención desde la Seccional Risaralda, señaló que la entidad acata lo ordenado.
Además, que el fiscal Cárdenas le dará una lectura, en su posición independiente y autónoma, para así proceder en “las decisiones istrativas que se tengan que tomar en términos frente a ese caso, es decir, se tendría que evaluar si hay tiempo suficiente para elaborar o bien una acusación o la decisión que se tenga que tomar”.
El testigo y el narco
Juan Guillermo Monsalve Foto:Archivo particular
La médica Deyanira Gómez fue aceptada como víctima provisional dentor del proceso contra Uribe. Foto:Archivo Particular
Para el penalista Miguel Ángel del Río, abogado de Deyanira Gómez (esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve y reconocida como víctima), se debe llevar a juicio a Uribe: “Se están agotando los argumentos de la preclusión”.
Y el senador Iván Cepeda, otra de las víctimas, pidió que se designe de inmediato un nuevo fiscal para que presente sin más dilaciones un escrito de acusación “con fundamento en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información que obran en el expediente”.
El Tribunal, sin embargo, dijo que hay que establecer certezas sobre varios episodios. Entre otros, saber si Monsalve fue o no paramilitar; aclarar la oferta de información del capo Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra y establecer si alias Caliche ofreció declarar o alguien lo buscó.