Olga Lucía Díaz Guzmán, alias 'la Patrona', dormirá desde este miércoles en la cárcel El Buen Pastor.
Así lo acaba de determinar el juez 17 municipal de control de garantías tras evaluar la evidencia recaudada por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y por la Fiscalía General.
En decenas de horas de grabaciones se documentó cómo 'La Patrona' había montado un entramado de 15 empresas para prestar falsos servicios y venta de equipos a empresas legales.
De ser una modesta asalariada se convirtió en una exitosa empresaria, con lujosas propiedades en Bogotá, fincas ganaderas en el Tolima y una bodega en el barrio Ricaurte, centro de Bogotá, en donde guardaba las facturas falsas con las que timó a la Dian.
Con esas facturas, las compañías llegaron a evadir cerca de 2,3 billones de pesos en impuestos de renta e IVA.
La mujer quedó al descubierto tras sostener varias conversaciones con una santera a la que le dio detalles de su organización y le pedía riegos y rezos para no quedar en evidencia.
EL TIEMPO reveló en exclusiva varias de las interceptaciones en las que ofrece servicios a empresas en el exterior.
En una de las llamadas advierte que su organización se quedaba con un porcentaje de lo facturado.
"Este es el 'Panama Papers' criollo"explicó el general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa.
Con ella fueron enviadas a prisión su hermana, su sobrina y otros tres de la red corrupta.
Ahora se inicia una segunda fase de la investigación en la que los clientes de 'la Patrona', entre ellos contratistas del Ejército e incluso de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), deberán responder istrativa y penalmente por sus nexos con esta red.
Además, de Díaz Guzmán fueron enviados a prisión Catherine Angélica Contreras Quevedo (sobrina de la ‘Patrona’), Carlota Quevedo Guzmán, Jhon Jairo Salazar Marín y Cristian Eduardo Zafra Reyes, sus supuestos asesores en el entramado ilícito.
Los otros tres implicados fueron identificados como Tránsito Gómez Chacón, Jhon Barbosa y Abel Medina Salcedo. Estos, según el fiscal del caso, servían como intermediarios para que a través de sus empresas lograran conseguir más clientes para el ‘cartel de la evasión del IVA’. También les imputaron enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Las penas pueden estar entre 8 y 18 años de cárcel.
"Estamos esperando que nos habiliten los cupos en las diferentes cárceles para remitir a la red. Mientras esto sucede, permanecerán en la URI", explicó una fuente de la Fiscalía al final de la audiencia.
UNIDAD INVESTIGATIVA