La pelea por el jugoso contrato para vigilar a presos con brazaletes

El exsenador liberal Alberto Santofimio Botero, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, porta en su tobillo derecho, y las 24 horas del día, un aparato de localización. Al igual que con el llamado cerebro del saqueo a Bogotá, Emilio Tapia, el sistema de vigilancia garantiza que no viole la detención domiciliaria y que un circuito de vigilancia electrónica monitoree sus desplazamientos autorizados.

En Colombia, 4.908 presos están bajo ese sistema de control, al que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) busca darle continuidad a través de una licitación, tasada en 60.600 millones de pesos. Pero el proceso ha estado precedido de denuncias e irregularidades.

Desde el 2018, el sistema ha estado a cargo de la Unión Temporal Tecnología Avanzada (Utta), en coordinación con el Centro de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi), ubicado en Bogotá y con una sala espejo en Medellín. Pero el contrato se venció el 30 de mayo y la Uspec no ha podido seleccionar a un nuevo operador.

En la propia entidad le itieron a EL TIEMPO que debido a denuncias y presiones, se frustraron dos procesos anteriores. Por eso se tuvo que acudir a la figura de la urgencia manifiesta para extenderle el contrato a Utta.

En efecto, a pesar de que existen varias quejas sobre la eficiencia del servicio, se le amplió hasta el 30 de noviembre, con un desembolso adicional por 16.955 millones de pesos.

Según reportes conocidos por este diario, hace una semana, el exsenador Santofimio tuvo que ser internado por tres días en una clínica del norte de Bogotá. Pero fue su propia defensa la que le notificó al Cervi del Inpec sobre ese movimiento, pues –según su versión– allí no se habían dado cuenta de que había salido de su vivienda.

“Algunos dispositivos no sirven. He visto a condenados paseando con el brazalete, sin que nadie se entere. En el caso del doctor Santofimio, he recibido llamadas de verificación porque en el sistema de monitoreo lo ubican en Leticia”, le dijo a EL TIEMPO el penalista Édgar Aguilar, representante del exsenador y de otros presos que tienen ese dispositivo.

A su queja se le suman informes del interventor del contrato y del propio Cervi –remitidos a la Contraloría y a la Procuraduría por guardias sindicalizados del Inpec–, en los que constan errores de operación como retrasos de más de 8 horas en la verificación de una alerta de movimiento no autorizado, deficiencias en los sistemas de iluminación y hasta falta de cobertura de la señal de cada dispositivo.

Además, en la Uspec le confirmaron a EL TIEMPO que el ‘software’ de gestión que se usa –Sigecer– no puede ser actualizado y afecta al de localización: Chronos.

Pero abogados del contratista rechazan esos señalamientos y aseguran que las fallas no se les pueden endilgar. Además, que es el Uspec el que debe responder por los problemas del servicio y por las demoras en elegir a un nuevo operador.

EL TIEMPO investigó y estableció que, en abril, uno de los procesos con el que se buscaba actualizar el sistema, inyectándole 22.981 millones de pesos, recibió 681 observaciones que lo frenaron. Y a pesar del acompañamiento de la Procuraduría, solo tres semanas antes se había cancelado otro, por 28.093 millones de pesos.

La pelea por el contrato es tal que, a comienzos de este mes, el director encargado de la Uspec, Juan Ernesto Oviedo, fue hasta la Fiscalía a denunciar una serie de comunicaciones –al parecer con nombres suplantados– en donde lo señalan de recibir coimas para direccionar los procesos licitatorios.

En un tercer intento, en agosto se harán públicos los pliegos de un nuevo proceso para elegir al nuevo operador. La contratación contempla los dispositivos, la tecnología para su funcionamiento y nuevos softwares de ubicación y de gestión. La plata para el sistema proviene de vigencias futuras y le fue autorizada a la Uspec –por parte del Ministerio de Hacienda– hace 12 días.

El ruido en torno al contrato es tan grande que el Ministerio de Justicia –por instrucción de la Casa de Nariño– vigila la licitación y ya se estudia un borrador de decreto para que el dinero que cuesta mantener cada dispositivo –unos 22.000 pesos diarios– lo pague el preso que lo porta y no la nación.

Además, el Gobierno espera que la licitación no se caiga de nuevo y que finalmente se pueda garantizar un sistema que, además, es un apoyo para la descongestión de las cárceles.

La Unión Temporal Tecnología Avanzada (Utta) aseguró que desde junio de 2018 ha garantizado sin interrupción la vigilancia electrónica con brazaletes.

Y aunque itió dificultades, dijo que no se le pueden endilgar. “Se ha tenido que enfrentar a una interventoría que ha actuado en contra de los principios de buena fe, obstaculizando y agravando las controversias que se han presentado en el normal desarrollo de un proyecto”, afirmó Carlos Sánchez, de la firma De la Espriella Lawyers que representa a Utta. Y agregó que las dos licitaciones fallidas son responsabilidad de la Uspec, ya que las dejó en manos de funcionarios faltos de experiencia que no planearon correctamente los pliegos, estudios y anexos técnicos. Y, sobre el nuevo proceso que se alista, Sánchez dijo que Utta espera que la Uspec cumpla con su deber de diseñarla y ejecutarla diligentemente.

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