Polígrafo a responsables de polémicos contratos en la Policía

Además del expediente que enreda al director de la Policía, general Óscar Atehortúa, con la construcción irregular de casas fiscales, la Procuraduría se llevó otra gruesa investigación que se adelantaba en la Inspección General de esa institución.

Se trata del presunto favorecimiento a dos firmas que supuestamente se han quedado con la mayoría de los contratos de compra de tanquetas y carros blindados y en las que ahora trabajan expolicías que antes se encargaban de los procesos de compra.

El caso tomó relevancia hace 8 días, cuando EL TIEMPO reveló que dos jugosos contratos de compra de tanquetas para el Esmad y de carros blindados para la Policía de Tránsito le acaban de ser adjudicados a la firma 7M Group.

Investigadores le dijeron a este diario que esa es una de las firmas que aparece en el expediente, abierto desde mayo de 2019, bajo el rótulo GRUTE-2019-34.

“El caso lo inició el general Jorge Luis Vargas y lo retomó el general Willam René Salamanca, y fue uno de los que desencadenó los roces internos con el general Atehortúa”, aseguró una fuente.

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Aunque nadie quiere hablar del caso, EL TIEMPO estableció que la Procuraduría se apresta a llamar a la general Yolanda Cáceres Martínez, cabeza de la Dirección istrativa y Financiera de la Policía (Diraf), oficina considerada la ‘chequera’ de la Policía.

La oficial llegó a ese cargo en marzo de 2018 y fue ratificada en el mismo por el general Atehortúa.

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Entre la información que reposa en el expediente, varios oficios señalan que el capitán (r) Luis Eduardo Espinosa pasó de ser el responsable de seguimiento contractual de la Diraf a director comercial de 7M Group, la firma que entre el 12 y el 31 de marzo pasados se quedó con los dos contratos por más de 12.000 millones de pesos.

En el dosier también aparece otro capitán retirado: Carlos Arturo Flórez, quien fue responsable de mantenimiento de vehículos en la Diraf y luego pasó a trabajar como representante de Union Motor Group.

Esa firma, al igual que 7M, es liderada por el tolimense Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, el hombre que –como lo reveló EL TIEMPO– enfrenta en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una investigación con pliego de cargos por posibles actividades que violarían la libre competencia.

En la indagación hay otra empresa mencionada. En efecto, entre los oficios que del expediente que adelantaba la Inspección General se señala a Kobe.

“Al parecer, se busca direccionar los estudios de conveniencia y oportunidad a favor de las empresas 7M Group y Kobe, para la adquisición de vehículos”, señala la denuncia que acompaña los oficios .

Kobe es liderada por Marcela Montes Zuluaga, esposa de Manjarrés. Y ambos nombres figuran en los reportes ahora en manos de la Procuraduría.

“En los últimos tres años, estas dos empresas (las de los esposos Manjarrés-Montes) se han quedado con el 76 por ciento de los contratos (de vehículos)”, se asegura en otro reporte.

Sobre la directora de la Diraf, la general Cáceres, se pide que se verifique si es cierto que acudió al general Atehortúa para desestimar las denuncias y solicitar su archivo.

“El inspector general frente a estos hechos ordenó el inicio de la investigación, que hoy se encuentra en etapa formal”, aseguró un investigador.

EL TIEMPO estableció que dentro de esa misma investigación, oficiales del tren istrativo de la Diraf fueron sometidos al polígrafo y no pasaron la prueba. Otros se negaron a someterse al llamado detector de mentiras.

También se estableció que poderosos jugadores del negocio de los blindados pidieron audiencia con el general Atehortúa para quejarse del presunto favorecimiento.

De hecho, suministraron otros nombres de expolicías que también figuran en el expediente y que serán escuchados por la Procuraduría delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial.

Uno de ellos es el coronel (r) Humberto Alejandro Mesa –exjefe del Grupo de Movilidad de la Diraf–, a quien se le preguntará sobre la gestión de contratos que hizo para la empresa Kobe, donde ofició como director comercial.

También serán llamados un coronel y un intendente, activos de la Diraf y subordinados de la general Cáceres, quienes aparecen mencionados como supuestos enlaces para obtener información de procesos contractuales en curso y futuros.

EL TIEMPO buscó la postura de la Policía sobre esta denuncia. Tras enviar un cuestionario a la Dirección, voceros autorizados señalaron que “la institución siempre ha sido respetuosa de las actuaciones y decisiones de los organismos de control, por lo que está presta a aportar cualquier información que se requiera”.

Y agregaron que, por ser ahora un expediente en manos de la Procuraduría –por poder preferente–, el general Atehortúa no hablará del tema. Pero también remitieron un video de comienzo de semana, en el que el oficial reitera que las compras que realiza la institución hacen parte de una planeación anual y que se maneja a través de Colombia Compra Eficiente.

En cuanto a la general Cáceres, de la Diraf, en una primera comunicación aseguró que los negocios con 7M Group están apegados a la ley, porque figura como proveedor del Estado en Colombia Compra Eficiente y mientras esté allí se pueden hacer negocios con ella.

Sobre el expediente de la Procuraduría y la conducta de sus subalternos, por lo cual EL TIEMPO también la consultó, la general Cáceres aseguró que por ser un expediente en manos de la Procuraduría ella no se puede pronunciar, pero que tanto a nivel personal como institucional siempre está en la disposición de colaborar con los requerimientos que realicen los organismos de control.

La oficial aseguró que no ha sido notificada hasta el momento de la actuación disciplinaria, pero enfatizó que “esta Dirección está en total disposición de atender cualquier requerimiento judicial o istrativo que realicen las autoridades competentes”.

Además, precisó que todos los procesos contractuales se han ejecutado con total apego a la ley y a las normas vigentes y que, contrario a la evidencia que emanó de la Inspección de la Policía y que la Procuraduría evalúa, ella no ha interferido de ninguna forma en los procesos internos y que incluso ha colaborado con los encargados de verificar la trasparencia de sus actuaciones, la cual ratificó en su comunicación a este diario.

“No existe favorecimiento alguno de proveedores, como dan cuenta los informes de auditorías rendidos por la Contraloría y la Oficina de Control Interno, evidenciando que los procesos y procedimientos adelantados al interior de la entidad, así como sus estados financieros, muestran una gestión fiscal eficiente y acorde con los preceptos legales”, precisó la general Cáceres.

EL TIEMPO también se comunicó con Martín Manjarrés para conocer su opinión de los señalamientos sobre sus empresas y tener la versión de sus trabajadores (expolicías). Sin embargo, dijo que solo daría declaraciones de manera presencial hasta el próximo lunes.

Pero hace una semana –cuando EL TIEMPO publicó la compra de las tanquetas– aseguró que no entraría en controversias públicas con quienes llama “detractores en el sector comercial” y que estaba dispuesto a dar las explicaciones del caso ante las autoridades.

También fue enfático en que la investigación que adelanta la SIC no lo inhabilita para participar en licitaciones y que su conducta es transparente y legal.

Andrés O’meara, de Colombia Compra Eficiente, accedió a hablar de la investigación y de su papel como abogado externo de la Policía (ver recuadro). De hecho, la Fiscalía ya analiza documentos que O’meara les remitió.

Este diario buscó a José Andrés O’Meara, director de Colombia Compra Eficiente, quien dijo que también recibió un anónimo en mayo de 2019 sobre el presunto favorecimiento.

“Le compulsé en ese momento la información a la Fiscalía y la Procuraduría para que se sepa qué hay detrás de lo que se decía de Martín Manjarrés y sus nexos con exoficiales. Me pidió cita, pero no lo recibí”, precisó el Director de Colombia Compra Eficiente. 

Y agregó que no le renovó el contrato a una contratista de quien en su momento se dijo que habría trabajado en 7M Group, pero que llegó a la entidad antes de su posesión como Director de Colombia Compra Eficiente.

Además, la firma 7M Group, empresa del señor Manjarrés, se hizo proveedor del Estado por un Acuerdo Marco de Precios de blindados que se licitó en el año 2017 por un término de 3 años, antes de que O’Meara llegara a Colombia Compra Eficiente en 2019.

Por esa circunstancia no se les puede retirar derechos adquiridos a firmas que ya se habían vuelto proveedoras en 2017. Además, O’Meara explicó que nunca asesoró a la Policía como abogado en la compra de ninguno de estos bienes blindados, vehículos o motos

Sobre versiones que lo vinculan con las casas fiscales por las que el general Atehortúa es investigado dijo que “es mentira” que haya firmado actas de recibo.

Y así se lo dijo a la Procuraduría tras rendir testimonio, por haber sido abogado externo del Fondo Rotatorio de la Policía.