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Primicia caso Mintic: implicado revela dato que abre puerta a extradiciones

Mencionados en escándalo figuran en otro jugoso contrato con Mintic. Habla socio de ICM Ingenieros.

Centros Poblados envió 22 fotos y videos para probar que invirtió el anticipo en equipos. Foto: Archivo Particular

21.08.2021 17:13 Actualizado: 23.08.2021 01:59

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Una cuenta abierta en la sucursal de West Kendal del Citibank, en Miami, se convirtió en el gancho para que agentes federales de Estados Unidos entraran a investigar el escándalo por el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados (UT), por 1,07 billones de pesos.

(Lo invitamos a leer: Primicia caso Mintic: explosiva denuncia de socio de compañía en Delaware)

Tras acudir a garantías calificadas como falsas, la UT pidió consignar a esa cuenta bancaria 58.301 millones de pesos de los 70.000 millones girados del anticipo.

Esta es la certificación de la cuenta que rastreas agentes federales. Foto:EL TIEMPO

Ahora se indaga si por esa misma cuenta pasaron más fondos provenientes de Colombia, incluido dinero de otro jugoso contrato adjudicado también por Mintic, cuando agonizaba 2019.

Para Estados Unidos es claro que si su sistema financiero se usó para mover dinero obtenido de manera ilegal, procederá a judicializar a los responsables y esto incluye extradiciones.

(Le puede interesar: Mintic: los socios de la firma en Delaware que recibió el jugoso anticipo)

Y aunque el caso se maneja bajo absoluta reserva, EL TIEMPO estableció que la cuenta bancaria que se rastrea es de Nuovo Security LLC., la empresa extranjera a la que la UT encomendó comprar los equipos para el contrato de conectividad para más de 7.000 colegios rurales con Mintic.

Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Nuovo Security LLC. Foto:Archivo Particular

Conexión Caribe

Aunque los nombres de los dueños de esa empresa se mantuvieron ocultos por semanas –amparados en el velo corporativo que funciona en Delaware–, EL TIEMPO descubrió que la firma fue creada por el empresario Efraín González Hamburguer y por el bumangués Juan Carlos Cáceres Bayona, quien ha empezado a cobrar protagonismo dentro de la trama.

Este diario también estableció en primicia cuál es el otro contrato con Mintic.

Y, además, encontró en este a varios de los protagonistas del escándalo con Centros Poblados.

Aparece firmado el 27 de diciembre de 2019, también por el Fondo de Tecnologías de la Información de Colombia (Fontic) y asciende a 25.536 millones de pesos.

(Sobre el tema: El eslabón clave del escándalo por el millonario contrato en Mintic)

Su objeto es el de la planeación, instalación, operación y mantenimiento de infraestructura para el servicio de internet fijo en el nororiente del país. La adjudicataria es la Unión Temporal Conexión Caribe.

Y acá viene la primera coincidencia. El representante de esa Unión Temporal es Juan Carlos Cáceres Bayona, el mismo socio fundador de Nuovo Security

La dirección que registró Nuovo Security LLC. es la oficina 105 de este edificio de Coral Springs. Foto:Google maps

El socio

Según González, tras revisar papeles que le enviaron, descubrió que su firma electrónica fue sobrepuesta no solo en el contrato con Centros Poblados sino en otrosíes, facturas y cotizaciones.

Un par de meses antes de que Cáceres, de 45 años, estampara su firma en el contrato con Mintic, su nombre salió a relucir por dos polémicos y millonarios contratos de bilingüismo –en La Guajira y en Norte de Santander– por 24.000 millones de pesos.

La segunda coincidencia entre los contratos de Centros Poblados y de Conexión Caribe es que en las dos uniones temporales figura como socia la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Novotic), a la que también se vincula a Cáceres.

Pero EL TIEMPO conoció de manera anticipada otro dato que pareciera amarrar aún más los dos contratos.

A mitad de semana, en entrevista exclusiva con este diario, Efraín González, socio fundador de Nuovo Security LLC., hizo un grave señalamiento.

(En contexto: Mintic: los socios de la firma en Delaware que recibió el jugoso anticipo)

Dijo que usaron su nombre y firma para suscribir el contrato entre Nuovo Security y Centros Poblados (por 142.000 millones de pesos), para mover los fondos públicos y adquirir equipos. Además, mencionó a Conexión Caribe.

Según González, tras revisar papeles que le enviaron, descubrió que su firma electrónica fue sobrepuesta no solo en el contrato con Centros Poblados sino en otrosíes, facturas y cotizaciones.

Efraín González dice que le falsearon su firma en el contrato con Centros poblados,en facturas y otrosíes. Foto:EL TIEMPO

¿Nueva falsedad?

Esta es la denuncia que, según Efraín González, instaurará contra su socio, Juan Carlos Cáceres, y contra Robert Gómez. Foto:EL TIEMPO

Y soltó otra carga de profundidad: “Me dicen que hay una garantía firmada supuestamente por mí, por 40 millones de dólares”.

Por eso, ya instauró denuncia en Colombia y lo hará también en Estados Unidos. Le está pidiendo a la Fiscalía que se investigue por esos hechos a Juan Carlos Cáceres y a Robert Gómez. Este es miembro de Centros Poblados a través de la empresa Novotic.

(En contexto: Escándalo por garantías falsas al Mintic destapa otro millonario caso)

González asegura que la persona que lo alertó sobre lo que estaba sucediendo le dio otro dato que vincula a Conexión Caribe y que también pide que se investigue.

“Me indicó que, casualmente, supo dentro de la oficina de Centros Poblados de un contrato que se llama ‘Conexión Caribe’, que estaba avaluado en cerca de 30.000 millones de pesos y en el que también habrían usado mi firma”, le dijo González a EL TIEMPO.

Esta es la denuncia que Efraín González instauró contra Juan Carlos Cáceres y Robert Gómez. Foto:EL TIEMPO

Y dice que su informante asegura que escuchó a Robert Gómez decirle a Juan Carlos Cáceres: ‘Oye, vamos a mandar el acta. ¿Con cuál de las cuatro firmas de Efraín la enviamos?’.

De hecho, aseguró que, cada mes, en el contrato de Conexión Caribe, enviaban actas supuestamente firmadas por él.

En la denuncia, González también deja claro que Nuovo Security LLC. se constituyó solo para hacer la compra de unas cámaras de seguridad en Edimburgo, que se requerían para ejecutar un contrato en Colombia.

(Además: Ojo: su hoja de vida puede estar siendo usada para ganar licitaciones)

“Nunca más tuve participación en la firma ni he tenido a cuentas o a dinero ni he sido ordenador del gasto”, señala González.

'Cáceres va a explicar'

Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados. Foto:Archivo Particular

Y de paso aclara que si bien Cáceres le ofreció hace unos meses trabajar de nuevo con él a cambio de un salario de 2.500 dólares al mes, no aceptó.

Y agrega que la firma en Delaware no tiene relación alguna con Nuovo Colombia, compañía que cerró en 2019 cuando tuvo que salir del país por razones de seguridad.

EL TIEMPO ha intentado comunicarse, sin suerte, con Juan Carlos Cáceres.

Pero Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, asegura que tras las denuncias de González, reveladas por EL TIEMPO, lo buscó.

“Me dijo que va a explicarlo todo”, señaló Duque.

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Robert Gómez, el otro denunciado, respondió vía chat: “En estos momentos estamos en diligencias judiciales. Luego de esto daré las declaraciones o precisiones que sean necesarias”.

Los Nule y 'la Gata'

Herles Ariza Becerra Foto:Archivo Particular

De manera paralela, se viene moviendo otro tablero dentro de la investigación: la presunta presencia de varios condenados en el llamado ‘carrusel de la contratación’ en la trama de Centros Poblados.

Juan José Laverde, uno de los empresarios que aparece gestionando la consecución de garantías calificadas como falsas (junto a Jorge Molina García-Mayorga), le itió a EL TIEMPO que conoce a Emilio Tapia, señalado cerebro del ‘carrusel’.

Una de las razones por las que la Corte Suprema aumentó la pena de los Nule es porque consideró que, aunque habían aceptado sus delitos, no podían obtener la rebaja de su pena ya que no pagaron su multa; cada Nule debe devolver $ 13.055 millones y, Galofre, 6.000 millones. Foto:Archivo particular

Pero aseguró que Tapia no estaba implicado en el caso de Centros Poblados. Y denunció a Molina por las garantías que llevaron a Mintic a acudir a la Fiscalía y a declarar la caducidad del contrato.

Sin embargo, Tapia sigue siendo mencionado, así como ICM Ingenieros, firma vinculada al condenado exgobernador Álvaro Cruz, socia de Centros Poblados.

Su representante legal es ahora Herles Ariza, un expolicía que istró por años y hasta hace poco bienes incautados a Enilce López, alias la Gata y a los Nule, también implicados en el ‘carrusel’.

(Sobre el tema: Lupa a decenas de bienes de la mafia asignados a reputado expolicía)

Gustavo Ulloa, socio de ICM, accedió a hablar con EL TIEMPO y también alista denuncias (ver nota abajo).

Mintic ordenó embargos para recuperar el anticipo y la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal que incluye a funcionarios de esa cartera.

Ulloa, socio de ICM, dice que alista denuncia

Emilio Tapia, condenado por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá. Foto:Luis Lizarazo García / EL TIEMPO Archivo

ICM Ingenieros S. A. S. está concentrando buena parte de la atención de este escándalo. Es socia de Centros Poblados y su pasado está conectado con el condenado exgobernador Álvaro Cruz.

Pero lo que se indaga son sus movimientos societarios antes de aparecer en el contrato con Mintic y su supuesto vínculo con Emilio Tapia.

EL TIEMPO localizó a Gustavo Ulloa, quien ahora tiene el 20 por ciento de la empresa, a través de su firma Soluciones Urbanas. De entrada, el empresario dice que no tiene nada que ver con el contrato entre Centros Poblados y Mintic.

“A mí me invitaron a entrar a ICM para desarrollar proyectos urbanísticos, que es lo mío. Era atractivo porque las acciones se pagan a 10 años, a partir del cuarto año de cerrado el negocio”, explica.

(En contexto: Ordenan rastreo de bienes de implicados en escándalo en Mintic)

Y agrega que respaldó la compra con un lote en Cartagena que aún debe: “El negocio lo cerré con Luis Guillermo Mesa”.

Sin embargo, dice que sus abogados van a instaurar acciones legales para que las autoridades entren a verificar que él no estuvo en el tema de Centros Poblados.

Lo que se rastrea en este caso es la supuesta intervención de Emilio Tapia y del también condenado excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, señalados por La W radio.

La oficina de Ulloa queda en el mismo edificio (en el norte de Bogotá) donde funciona Omega Buildings, otra de las empresas de la UT Centros Poblados. Y en libros de ingreso constarían las visitas de Tapia y de Moralesrussi, quienes han guardado silencio sobre el tema, al menos por ahora.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Pero EL TIEMPO estableció que uno de los investigados ya está pidiendo pista para colaborar con la justicia y hablar de garantías, ICM, Nuovo Security y del ‘carrusel de la contratación’.

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