Los bienes de Piedad Córdoba y de 10 allegados que están bajo la lupa

En una vieja caja de cartón con adornos de Navidad, guardada en la bodega donde reposan los archivos del desaparecido Departamento istrativo de Seguridad (DAS), estaba el expediente que hoy tiene a Piedad Córdoba, exsenadora y candidata al Congreso por el Pacto Histórico, bajo indagación de la Corte Suprema de Justicia.

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Hace meses, el despacho de la magistrada Cristina Lombana le pidió a la Fiscalía ubicar el proceso, y tras varias semanas de rastreo se supo que una fiscal de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo lo archivó con el argumento de que su antecesora no había avanzado en las labores de policía judicial ni pesquisas.

El expediente estaba rotulado como un caso de homicidio, pero se trata de los 10.514 correos, documentos en la web y chats intervenidos con orden legal a tres personas del entorno de Córdoba que los comprometerían con una presunta financiación de su campaña con dineros que llegaban desde Venezuela.

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Se trata del mismo caso que fue revelado por EL TIEMPO, el 23 de noviembre de 2010, en el que se publicó el rastreo de millonarios giros que salieron de los bancos Central de Venezuela y el Microfinanciero, con destino a seis cuentas en Colombia. La plata provenía de una constructora con sede en Valencia (Carabobo) y de la firma Led Media, que tenía un clon en Bogotá.

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Pero la indagación tiene dos filones más. Uno de ellos es la llamada ‘Farolítica’. El alto tribunal busca establecer o descartar si, tal como lo señalan testigos, Piedad Córdoba se benefició políticamente de la liberación de secuestrados de las Farc, en donde era conocida con el alias de ‘Teodora’.

EL TIEMPO estableció cuál es la principal evidencia del caso y no es cierto que sea el computador de ‘Raúl Reyes’, recuperado tras el bombardeo a su campamento en 2008 (ver nota anexa).

El otro gran filón de la indagación es el presunto uso de las jugosas sumas que llegaban desde Caracas para la campaña al Senado de Córdoba y para supuestamente adquirir propiedades.

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Este diario estableció en primicia que la Corte le compulsó copias a la Fiscalía para indagar el origen de las propiedades de 11 personas, incluida Córdoba, y de 9 firmas. En la lista están Lya Esneda Ruiz de Córdoba, madre de la exsenadora; su padre, Zabulón Córdoba; sus hermanos, Byron Oswaldo Córdoba Ruiz, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, Gloria Eugenia, Córoba Ruiz, Martha Lya Córdoba Ruiz, Sandra Elizabeth Córdoba Ruiz y José Fernando Córdoba Ruiz; sus hijos, Juan Luis Castro Córdoba María Castro Córdoba y Camilo Andrés Castro Córdoba, y su expareja, Luis Ángel Castro Hinestroza.

En el paquete de compañías figuran Aluminium de Colombia S. A. S., Impresos Decastro S. A. S., Chenoa Siglo 21 S. A. S., Editorial El Podio S. A. S. en liquidación, Golden Palms Invest-ments S. A. S. (antes Papalma Inversiones S. A. S.) y la corporación Somos Causa Justa. Además, Corporación International School Of Language en liquidación, Comercializadora International World Traders E.U. y Gerenciar 1 S. A. S.

También se verifica si el Juan Luis Castro Córdoba que aparece en la firma One Single Firm Internacional S. A., creada en Panamá en 2005, es el exsenador e hijo de Córdoba.

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Allí aparece como secretario Diego Andrés Díaz Valdiri, quien sería el hijo del actor Bruno Díaz, con quien tuvo un sonado incidente el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar. También, Óscar Salazar Franco, involucrado en el escándalo de los camiones de basura en mal estado que la alcaldía de Gustavo Petro arrendó.

La piedra angular de esta parte de la indagación son los 10.514 documentos. La hipótesis que se maneja es que el dinero, que habría provenido de fuentes ubicadas en Venezuela, se usó para pagar vuelos chárter, gastos de campaña (entre 2009 y 2010) y la posible compra de bienes.

De los correos, solo han trascendido los que EL TIEMPO publicó, en los que una mujer, María Alejandra Meza Luna, hablaba del envío de fondos con Andrés Vásquez Moreno, entonces asesor de Piedad Córdoba, y con Ricardo Montenegro (en ese momento candidato del Partido Liberal a la Cámara).

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También hay intercambio de mensajes con Carlos Balilla Battistini y José Antonio Battistini, cabezas de Led Media en Venezuela, que según estableció este diario viven hoy en Miami.

Vásquez tocó el tema de los giros en la declaración que le dio a la Corte, el 11 y 12 de octubre de 2021, y en medio de esta salió a relucir que Balilla le habría pagado a Córdoba por gestiones frente al régimen venezolano.

Al respecto, en un correo, Meza Luna, auxiliar de Carlos Balilla, mencionó que le había girado 300.000 dólares al colombiano Nilton Polanco Lasso.

El hombre, de Chaparral (Tolima), tenía el uno por ciento de acciones de Led Media en Colombia, constituida en 2009. El resto era del caraqueño Aderito Sergio Lopes Enriques (sic). A la compañía colombiana, según papeles, se le inyectaron 1.000 millones de pesos, pero en 2018 fue liquidada porque en su balance solo tenía 63.029 pesos.

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EL TIEMPO localizó a Polanco y por primera vez accedió a hablar del caso. Empezó por aclarar que no recibió 300.000 dólares, como dicen los correos. Sin embargo, itió que con plata que le enviaron desde Venezuela mandó a hacer 2 mil camisetas para la campaña de Córdoba, con quien se reunió 4 veces en su apartamento en Bogotá.

No obstante, dice que ignora los negocios que ella tenía con los venezolanos, aunque afirma que vio a Córdoba moviéndose con ellos en chárter que se pagaban con cheques y en donde hablaban de camionetas blindadas (ver: ‘El hombre que mandó a hacer camisetas para Córdoba con giro desde Venezuela’).

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La Corte Suprema busca establecer si hubo más giros. Además, si están o no relacionados con dinero que el régimen de Maduro le adeudaba a Álex Saab.

EL TIEMPO estableció que EE. UU. le preguntó a Saab por Piedad Córdoba cuando este era informante del FBI y de la DEA.

Información en poder de la Corte señala que Córdoba habría obtenido comisión por ayudar a que el régimen les pagara a empresarios deudas en dólares que debían pasar por la Comisión Nacional de istración de Divisas (Cadivi).

“A la baladí injuria de tramitadora o negociante de pagos a empresas colombianas en Venezuela, una vez más pido que se muestre prueba de un solo empresario al que le haya solicitado dinero a cambio del cumplimiento de obligaciones comerciales venezolanas. No tengo cargo alguno ni poder decisorio en Venezuela más que la imaginación de la ultraderecha continental”, dijo Córdoba a mitad de semana en un comunicado.

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En todo caso, además de los bienes, también se verifica información según la cual se usó dinero de esa fuente para el pago de vuelos chárter de Córdoba y allegados (incluido un senador) y un paisano de Nilton Polanco.

Y aunque la verificación del origen de las propiedades de la familia de Córdoba aún está en fase preliminar, EL TIEMPO supo que se le solicitará a la Dian declaraciones de renta e información exógena y saldos en bancos. Además, clientes y proveedores de las firmas.

Pero, tras consultar bases de datos, EL TIEMPO ubicó una veintena de bienes, por cerca de 4.000 millones de pesos. Y, además, una propiedad que estuvo vinculada a Juan Luis Castro, su hijo, en Wellington, Florida.

Su hija Natalia Castro Córdoba, gestora cultural (que en 2004 estuvo desaparecida), tiene un apartamento en Medellín de 300 millones de pesos. Y es representante de Aluminium de Colombia, compañía dedicada a actividades inmobiliarias y de construcción, en donde su hermano Camilo –aficionado al motocrós– es suplente.

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Natalia también figura como accionista en Chenoa Siglo 21 S. A. S., firma dedicada a la explotación agrícola y pecuaria; y es representante suplente de Editorial El Podio, en liquidación.

Además, es directora de la corporación Somos Causa Justa, en liquidación, que tiene como objeto prestar asesorías sobre temas de Derechos Humanos, entre otros y en donde aparecen algunos de sus hermanos. En la junta está Luis Pérez Olaya. A este último, el Incoder le asignó un baldío en Puerto Rico, Caquetá, y luego adquirió una finca en Villavicencio (Meta).

Camilo Córdoba también es gerente de Impresos Decastro S. A. S. y representante de la empresa Golden Palms Investment, dedicada a actividades inmobiliarias, que cuando EL TIEMPO la mencionó por primera vez (en 2020) se llamaba Papalma.

En su momento, Córdoba dijo que con la firma, la familia manejaba inversiones de turismo en cabañas y que su hijo Camilo la matriculó en Panamá, pero allá nunca se usó.

Camilo tiene tres predios rurales, uno en Buenaventura (Valle) y dos en Sopetrán y Guarne, en Antioquia, que en papeles suman 389 millones de pesos. También, un apartamento de 277 millones de pesos en Medellín.

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Y la hermana de la candidata al Senado Martha Lya Córdoba Ruiz cuenta con un apartamento en Sabaneta y otros dos en Medellín. Este último adquirido en mayo de 2020.

EL TIEMPO buscó a Ximena Castilla, la abogada de la exsenadora, para conocer su opinión sobre la indagación a los bienes, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, allegados a los Córdoba advirtieron que todos los bienes son de origen lícito, producto de sus trabajos.

El otro gran filón en la investigación es el presunto uso político que la entonces senadora Piedad Córdoba le habría dado a la liberación de secuestrados de las Farc.

Según el testimonio ante la Corte de Andrés Vásquez Moreno, exasesor de Córdoba, la cercanía de su entonces jefa con Venezuela y con la cúpula de las Farc (en donde era conocida con el alias de Teodora), le habría permitido decidir a quién liberar y cuándo, señalamiento que la candidata niega.

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“Respecto a las falacias pregonadas por Vásquez y replicadas sincronizadamente por medios y políticos adversos a mi causa, sea la oportunidad para desmentirlas por enésima ocasión. La resurrección del fantasma de la llamada ‘Farolítica’, con base en la validación de unos archivos manipulados y surgidos de una operación ilegal, no solo va en contra de la sentencia de la Corte Suprema que los desestima como prueba judicial, sino que busca iniciar una nueva cacería de brujas”, señaló Córdoba en un comunicado.

Pero EL TIEMPO estableció que la indagación de la ‘Farolítica’ no se basa en los correos del PC de ‘Raúl Reyes’, hallado tras el bombardeo a su campamento, en la operación Fénix (2008), a los que se refiere Córdoba.

La Corte encontró otra vía. Se buscó el origen de los correos que recibió ‘Reyes’ y los PC de los destinatarios de los mensajes que él escribió. En efecto, algunos de esos mensajes estaban en los 15 PC, 94 USB y 14 discos duros hallados en el campamento del ‘Mono Jojoy’, tras la operación Sodoma (2010).

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También se revisaron los 7 computadores, 39 USB y 24 discos duros hallados en el campamento de alias Alfonso Cano, durante la operación Odiseo (2011), entre otros operativos.

Y dentro de ese aparte de la indagación ya declaró la exsecuestrada y candidata a la presidencia Ingrid Betancourt.

Además, se pidió la versión de Álvaro Uribe, quien autorizó la mediación de Córdoba en la liberación de secuestrados durante el arranque de su segundo mandato (en 2007), y el testimonio de Andrés Pastrana.

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