Los otros virus que se ciernen sobre la niñez y la juventud

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en general de los sistemas sanitarios han mostrado que la tasa de infección y mortalidad por covid-19 en niños y adolescentes es baja. Pero también es cierto que ellos están siendo amenazados por otros ‘virus’ para los que tampoco se ha encontrado vacuna (existentes desde el comienzo de la humanidad) y que con las actuales circunstancias se están agudizando.

En NiñezYA, una coalición de organizaciones y redes de la sociedad civil que aboga por 10 asuntos impostergables para garantizar los derechos de la niñez, tenemos varias hipótesis y certezas sobre la situación actual y futura de esta población: por ejemplo, está creciendo la violencia contra los niños.

El ICBF informó que en enero y febrero de 2020 entraron a restablecimiento de derechos un total de 1.796 niñas, niños y adolescentes (la mayoría entre 12 y 17 años), mientras que en menos de un mes (entre el 12 de marzo y el 4 de abril) lo hicieron 1.250 niños. Es decir, en las tres primeras semanas de la cuarentena se registró el 69 por ciento de los casos reportados durante los dos primeros meses de este año.

World Vision, en su reciente informe ‘Una tormenta perfecta. Más millones de niñas y niños corren el riesgo de sufrir violencia durante el confinamiento y la ‘nueva normalidad’, señala que en todo el mundo 85 millones de niñas y niños podrían estar expuestos a violencia física, sexual o emocional en los próximos tres meses. Resalta además el pronóstico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU): se darán 13 millones de matrimonios infantiles para los años inmediatamente posteriores a la crisis, debido a que son vistos como una salida económica. También pone como ejemplo la situación que encontró en Bangladés: los golpes propinados por los padres o tutores a los niños y niñas aumentaron un 42 por ciento y las llamadas a la línea de ayuda a la niñez incrementaron un 40 por ciento.

“En circunstancias normales, se estima que, cada año, más de mil millones de niñas y niños sufren alguna forma de violencia (en todo el mundo). Conforme a la revisión de los indicadores emergentes de violencia contra la niñez que hemos llevado a cabo, que incluyen informes sobre el aumento de la violencia doméstica, el incremento de las llamadas a las líneas de ayuda a la niñez, la información de nuestras oficinas locales y lo que sabemos de crisis anteriores, estimamos que la violencia contra la niñez podría intensificarse entre el 20 y el 32 por ciento”, se lee en el informe.

Dentro de los tipos de violencia contra niñas y niños que tienden a crecer está la violencia sexual, ya que los agresores comparten el aislamiento con ellos. Según datos de Medicina Legal, en la mayoría de los casos el agresor sexual de los niños es un familiar (padrastro, padre, tío, primo, hermano, abuelo) e históricamente los adultos han utilizado los cuerpos de los niños para obtener recursos en momentos de necesidades de ingresos. Un hecho que afecta más a niñas y adolescentes y especialmente a las migrantes.

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En los servicios de salud y en los colegios se logran detectar situaciones de explotación sexual, pero con el aislamiento los niños no tienen a esta red de protección. Además, como lo advirtieron el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y la Organización de Estados Americanos (OEA), se pueden estar dando otros escenarios y modelos de explotación sexual. Uno de ellos es internet debido a su uso para las clases y la recreación. “Hay un riesgo que, con certeza, se acrecienta: la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en internet y, en particular, la posibilidad de ser explotados a través de la pornografía”, aseguran.

Unesco y Unicef han alertado sobre el riesgo que están corriendo los países de América Latina y el Caribe de que niñas y niños, especialmente de zonas rurales, no regresen a las aulas. De emergencias humanitarias previas han aprendido que entre más tiempo permanezcan los estudiantes lejos del entorno educativo, mayor es el riesgo de que nunca regresen, especialmente los más vulnerables. También llaman la atención sobre el estado deficiente de las escuelas, especialmente de las ubicadas en zonas rurales donde faltan agua, sanitarios, aulas, laboratorios y otros espacios para los estudiantes. Un drama del que no se salva Colombia.

En 2014, una encuesta del Ministerio de Educación Nacional (MEN) con rectores de 9.176 sedes educativas arrojó datos muy dicientes: el 25,5 por ciento de las sedes debían ser reubicadas o adecuadas porque se encontraban en situaciones de riesgo como inundaciones, una parte de la infraestructura tenía 40 y 60 años de antigüedad y al 87,2 por ciento le faltaba al menos uno de los servicios por los que se indagó (entre ellos, el agua). A finales de 2019, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), tras una evaluación en 28 departamentos del país, informó que el 70 por ciento de la infraestructura educativa estaba en alto riesgo en materia de ejecución, para lo cual se hicieron unos planes entre el MEN y alcaldes que arrancaban en marzo de 2020.

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La lista de ‘virus’, como se ve, es larga. Y se amplía al revisar informaciones de medios de comunicación. La semana pasada se reportaron 90 casos de muertes de niños menores de 5 años que podrían estar asociados a desnutrición, según el Instituto Nacional de Salud. También registraron el aumento de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las disidencias y de otros grupos al margen de la ley, que los llevan a las filas para el tráfico de drogas, el porte ilegal de armas y la extorsión, entre otros delitos. Algo que ocurre tanto en las zonas rurales como en las zonas marginadas de las ciudades. La imposibilidad de acceder a la educación virtual por falta de internet (solo el 17 por ciento de los estudiantes de zonas rurales cuentan con el servicio) y la presión de aportar a los ingresos familiares los está llevando a tomar la terrible decisión de ingresar a las filas de la delincuencia.

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) reportó que en los primeros cinco meses del año (con corte al 13 de mayo) habían sido reclutados 128 niños; mientras que en el primer semestre del año pasado habían sido 60. Eso significa un incremento de 113 por ciento del delito, a pesar de la cuarentena que se vive en Colombia.

Las amenazas que están en ciernes en contra de la niñez son muchas, pero pueden enfrentarse con medidas urgentes, de mediano y largo plazo. Está en manos de las autoridades nacionales y locales hacerlo; por eso resulta preocupante que mandatarios tengan en sus planes de desarrollo un nivel bajo de inclusión de estrategias, metas y presupuestos para garantizar los derechos de 16 millones de niñas, niños y adolescentes.

NiñezYA revisó 32 proyectos de Planes de Desarrollo Territorial (PDT) radicados en concejos y asambleas para su aprobación y encontró que el 43 por ciento tiene nivel bajo de inclusión de los 10 asuntos impostergables para la niñez; 31 por ciento, medio, y solo 27 por ciento, alto. En la muestra estaban departamentos y capitales de diferentes categorías, ubicados en zonas de conflicto armado, rural y urbana, algunos con niveles altos de pobreza.

Como lo han señalado organismos internacionales como Unesco, Unicef y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el triple impacto en salud, educación e ingresos producto de la pandemia llevará a niveles insospechados de retroceso el desarrollo humano en el mundo entero. Por eso se deben integrar políticas sociales que ayuden a mitigarlo.

Alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas tienen la oportunidad de hacerlo acogiéndose al Decreto 683 del 21 de mayo de 2020, que amplía los plazos para ajustar los PDT, para que puedan responder a los retos que generó la actual crisis. Si no lo hacen, deben cerciorarse de que queden en los planes sectoriales con el fin de que cumplan con el enfoque de prevalencia de derechos de menores de 18 años en acciones e inversión social, como lo señala la Convención sobre los derechos del Niño y la Constitución Nacional.

“Esta crisis muestra que, si no somos capaces de integrar la equidad en nuestras políticas, muchas personas quedarán atrás”, dijo Pedro Conceição, director de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2020).

Abogamos por que eso no pase.

La Cámara de Representantes tiene en sus manos la suerte de la ley que protege a los niños y las niñas de castigos físicos, golpes, humillaciones y degradación, con el objetivo de iniciar una transformación cultural a través de prácticas pedagógicas no violentas.

La semana pasada, cursó en esa corporación el segundo debate de la ley, con intervenciones como la del representante del partido Colombia Justa Libres, Carlos Eduardo Acosta, quien propuso archivarla aduciendo que la forma de crianza no debe estar en cabeza del Estado, sino de los padres. A su turno, Jorge Eliécer Tamayo, del partido de la U, afirmó que un niño menor de 7 años no razona, no tiene pensamiento. “Los animales, entre ellos el humano, tienen formas de acondicionamiento que son necesarios y básicos para estructurar sus comportamientos”, arguyó.

Al final, con 132 votos en contra de archivarlo y 25 a favor, se decidió crear una subcomisión de 10 , que entregará un informe de conciliación que será votado. De aprobarse pasaría a tercer debate en el Senado.

1. Políticas públicas e inversión

2. Salud-nutrición

3. Educación inicial

4. Educación preescolar, básica y media.

5. Juego.

6. Participación.

7. Fortalecimiento familiar del cuidado y la crianza.

8. Protección contra cualquier tipo de violencia

9. Adolescentes con justicia pedagógica y restaurativa (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA)

10. Cultura de paz, reconciliación y convivencia. Informe completo en https://bit.ly/NoDejenEnEsperaALaNiñez

ÁNGELA CONSTANZA JEREZ- Coordinadora NiñezYA

(Coalición de más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil que abogan por la inclusión en planes de desarrollo)

Para EL TIEMPO