Una serie de tutelas, interpuestas en su mayoría por asociaciones de maestros y padres de familia, han suspendido el regreso a clases presenciales en varias regiones del país, y otras más amenazan con hacer lo propio en otras zonas.
En diálogo con EL TIEMPO, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que estas todavía son medidas cautelares y que espera que el proceso se resuelva favorablemente. También se refirió al caso de Magdalena, donde el gobernador Carlos Caicedo también suspendió la presencialidad porque “no están las condiciones”.
¿Cómo responde a la suspensión de la presencialidad por tutelas?
Es importante precisar que la medida cautelar que algunos jueces han adoptado en regiones como Cauca, Cúcuta y Bucaramanga, son medidas de carácter provisional, mientras evalúan las particularidades y la evidencia para tomar decisiones de fondo. El Ministerio es optimista que con las razones y evidencias los fallos que se emitan serán favorables a la prestación del servicio educativo de manera presencial. A la fecha ya tenemos conocimiento de doce fallos judiciales (a otras tutelas) que han salido todos favorables.
El Ministerio de Educación Nacional es respetuoso de las decisiones judiciales y ante las tutelas ha entregado a los jueces los insumos y evidencias que demuestran los beneficios para los niños, niñas y adolescentes sobre el regreso a las aulas de clase y del proceso organizado que se ha llevado desde junio del año pasado para preparar las condiciones.
En este marco, siguiendo el debido proceso, continuaremos brindando las respuestas, argumentos serios y evidencias que permitan tomar las decisiones de fondo en cada caso.
El gobernador de Magdalena también suspendió la presencialidad...
Brindar el servicio educativo de manera presencial es un mandato normativo y ético que convoca y vincula a todos los servidores públicos del país. El Ministerio de Salud ha señalado que el regreso a clases presenciales es una prioridad de salud pública y a partir de la Resolución 777 de 2021 se ha definido de manera concreta que debemos regresar a las aulas de clase de manera presencial.
El Ministerio de Educación ha mantenido un diálogo constante con las gobernaciones y alcaldías, y con Magdalena no ha sido la excepción. Pero también hacemos un llamado respetuoso a que dicha entidad territorial realice la ejecución de los recursos por $ 11.131 millones que le fueron asignados desde diciembre del año 2020 para apoyar la generación de condiciones de bioseguridad en los colegios oficiales y que según el último reporte que tenemos a la fecha aún no ha sido contratado.
¿Qué ha pasado con los retrasos en la ejecución de los recursos para las adecuaciones?
De los $ 400.050 millones asignados por el gobierno nacional de recursos Fome, a la fecha las alcaldías y gobernaciones han contratado $ 247.263 millones, correspondientes al 62 por ciento de los recursos y adelantan procesos de contratación por el orden de $ 152.787 millones que se deben estar adjudicando y ejecutando en las siguientes semanas para lograr continuar con el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
En este propósito, el Ministerio de Educación, ha convocado a los alcaldes y gobernadores que tienen algunas sedes educativas que de manera excepcional no cumplen las condiciones de bioseguridad, a que para cada una de ellas se proceda a establecer y ejecutar lo antes posible un plan de acción específico con acciones y tiempos para superar esa situación.
Muchos padres han estado detrás de las tutelas. ¿Qué les dice a ellos?
Por supuesto que la pandemia ha generado temores válidos en las familias, que en algunos casos se han visto fortalecidos por información falsa o imprecisa que circula sobre los efectos del virus. Lo cierto es que la pandemia es un reto de salud pública que debemos enfrentar como sociedad y que con la evidencia científica se ha demostrado que los entornos escolares con protocolos de bioseguridad son espacios seguros que logran de manera efectiva mitigar los riesgos de contagio.
Las familias pueden tener la certeza de que el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales hemos trabajado en equipo junto con los directivos docentes y los maestros para que sus hijos puedan regresar a instituciones educativas con condiciones de bioseguridad.
¿Cómo avanza el regreso a la presencialidad?
Avanza a muy buen ritmo de acuerdo con las fechas de los calendarios académicos en cada región. En el país hay condiciones para el regreso a las aulas de clase con protocolos para mitigar el riesgo de contagio del covid-19, que incluyen el lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico de un metro, la ventilación de los espacios, el uso correcto del tapabocas y condiciones de aseo y desinfección.
Además, el Plan Nacional de Vacunación priorizó a todos los maestros y personal que labora en las instituciones educativas oficiales y privadas para que fueran vacunados. Al momento el 85 por ciento de los docentes, directivos y istrativos se han vacunado.
Al cierre de la segunda semana del mes de julio, en Bogotá y en quince (15) departamentos, entre ellos Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Florencia (Caquetá), Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Putumayo, Risaralda, Quindío, Vichada, San Andrés y Vaupés, se ha dado inicio a la prestación del servicio educativo de manera presencial, esto representa el 50 por ciento del territorio nacional.
El porcentaje de instituciones educativas que están prestando el servicio educativo de manera presencial en general se encuentra por encima del 80 por ciento de los colegios oficiales y privados.
¿Qué consecuencias puede traer que se siga retrasando la presencialidad en el país?
El servicio educativo fuera de las aulas, tienen un impacto en la calidad educativa que no podemos perder de vista y que nos exige redoblar esfuerzos y poner como una gran prioridad el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes.
Por ello la importancia del retorno a clases presenciales, porque permite evitar y mitigar que continúen las afectaciones que se han presentado como el incremento en las brechas de aprendizaje y los efectos emocionales perjudiciales como ansiedad, estrés, depresión, además de los riesgos de maltrato y en algunos casos nutricionales.
Mitigar el impacto que la ausencia de los entornos escolares ha generado es una prioridad de salud pública y por ello se ha orientado el regreso al servicio educativo presencial. En esta decisión se coincide con organismos como Unicef, Unesco y otras autoridades y organismos nacionales e internacionales.
REDACCIÓN EDUCACIÓN