Congresistas de la comisión VI de Senado aprobaron este miércoles, 19 de febrero, el proyecto de ley con el que se busca reformar la financiación de las instituciones de educación superior públicas del país, y con ello salvar a estas de la crisis financiera que actualmente atraviesan.
Este proyecto, presentado con el nombre de ‘Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública’, pretende reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, los cuales establecen el mecanismo con el que se incrementan los recursos destinados por la Nación a las universidades públicas del país.
En ese sentido, la iniciativa legislativa tiene como objetivo modificar la fórmula y la metodología para el cálculo del presupuesto de las instituciones de educación superior, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera.
Durante el debate, el presidente de la Comisión Sexta, senador Pedro Flórez, destacó la importancia del proyecto y la participación activa de los distintos actores del sector educativo.
"Este proyecto es el resultado de un diálogo amplio e inclusivo con estudiantes, docentes, rectores y expertos. Estamos construyendo un acuerdo nacional para la financiación de la educación superior pública", afirmó.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, resaltó que este proyecto representa una apuesta "sin precedentes para mejorar la competitividad y el desarrollo del país a través de una educación superior más equitativa y robusta". El debate ahora continuará en plenaria.
"Estamos comprometidos con una transformación estructural que garantice los recursos adecuados para las universidades y que, a su vez, contribuya al crecimiento del país", indicó el jefe de la cartera.
Se trata de uno de los proyectos más esperados para el sector educativo, con el que se espera rescatar a las universidades públicas del déficit presupuestal que arrastran desde hace varios años por cuenta de la diferencia entre el cálculo que se aplica para los incrementos de su presupuesto cada año, que actualmente se tasa con el IPC, es decir, la inflación. Sin embargo, en la realidad los costos de estas instituciones aumentan anualmente más que el IPC.
De esta forma, el articulado propuesto establece la base para determinar los incrementos anuales en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), establecido por el Dane.
Este era uno de los llamados hechos tanto por el movimiento estudiantil, los rectores de las universidades privadas y expertos del sector, quienes durante años han reclamado que se utilice el Ices, al ser este más cercano a las verdaderas necesidades de las instituciones.
Entre el 2000 y 2023, las matrículas en las instituciones de educación superior pública han aumentado 176 %, mientras que las transferencias de la nación solo han crecido un 62 % en precios reales de 2023, por lo que llegó el momento de un cambio.
¿En qué consiste el proyecto?
De esta manera, el proyecto trae algunas novedades además del cálculo a partir del ICES y no del IPC. Uno de ellos, es que se deja explícito en el texto que en el caso en que el IPC sea un año más alto que el Índice de Costos de la Educación Superior, el Gobierno deberá tomar en cuenta el mayor valor.
Así mismo, deja abierta la posibilidad a que el Estado decida, de manera voluntaria, destinar recursos adicionales al incremento de la base presupuestal, con lo cual, dice el Ministerio, se espera reducir lo que, durante años, ha sido catalogado como la ‘deuda histórica’ con las universidades públicas, es decir, el dinero que estas dejaron de recibir durante años por cuenta del cálculo con el IPC.
De acuerdo con el Sistema de Universidades Estatales (SUE) este monto asciende a los 15 billones de pesos.
REDACCIÓN EDUCACIÓN