Reforma a la educación superior: Los grandes cambios que se han propuesto en las negociaciones; ¿qué viene ahora?

Financiación, gobernanza y calidad son los principales ejes y temas tratados en las mesas de diálogo con la que el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Educación, desarrolló desde el mes de mayo con diversos sectores de cara a la reforma a la educación superior, más específicamente a la Ley 30 de 1992, tal vez la mayor apuesta de reforma al sector educativo del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Se trata de una iniciativa de la cual ya se había revelado exactamente hace un año un borrador, el cual finalmente no fue radicado ante el Congreso por la poca acogida del mismo. Ahora, todo parece indicar que, como lo expresó a EL TIEMPO en entrevista la ministra Aurora Vergara, este semestre finalmente sí se radicará el proyecto ante el legislativo.

Y no es una reforma menor. De hecho, se espera que sea una discusión delicada y con intensos debates, a diferencia de lo que ocurrió con la archivada reforma planteada en el proyecto de ley estatuaria que buscaba hacer de la educación un derecho fundamental, la cual se hundió en el Senado a falta de un último debate.

No es para menos. Los temas de los que tratará la que el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, ha denominado como una “nueva ley de educación superior” son gruesos, y pasan desde distribución y apropiación de nuevos recursos para un sector público que arrastra con un billonario déficit, el futuro de las instituciones privadas, la manera en que están conformados los gobiernos universitarios, entre otros.

De esta forma, el Ministerio adelantó en los últimos meses la Mesa del Acuerdo Nacional por la Educación Superior (MAN+ES), una serie de seis sesiones con diferentes actores del sector, quienes aportaron propuestas para la estructuración del nuevo articulado.

Al igual que ocurrió con las mesas para la estatutaria así como al anterior borrador de la reforma a la Ley 30, la mayor participación en estos encuentros fue de sectores sociales como estudiantes, sindicatos y comunidades afro, indígenas, etc. Sin embargo, este diario pudo conocer reclamos desde la academia que señalan poca participación de académicos y expertos en educación superior, así como del sector productivo (considerado clave ya que desde la educación superior se forma el talento que entra al mundo laboral).

Así las cosas, EL TIEMPO pudo confirmar que se identificaron cinco grandes ejes en torno al proyecto, los mismos del borrador mencionado anteriormente: Calidad y pertinencia, Bienestar universitario, Gobernanza, Dignificación de la labor docente y Financiación.

De todos, tal vez el más delicado, y el que de hecho motivó la discusión, es el de la financiación. Y es que las instituciones de educación superior públicas arrastran desde hace décadas un importante hueco financiero, el cual ha motivado, por ejemplo, los paros estudiantiles de 2018 y 2019.

Este hueco se debe a la manera en que la actual Ley 30 calcula el incremento presupuestal de las universidades públicas, que según la norma se calcula de acuerdo al valor del IPC del año anterior, es decir, la inflación.

Pero el problema es que los costos de las instituciones aumenta cada año mucho más que el valor del IPC, como lo explica Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, y presidente del Sistema Universitario Estatal, que agrupa a todas las universidades públicas del país: “Esto ha sido un problema, porque los costos universitarios han subido en promedio 5,2 puntos porcentuales más que el IPC”.

Y hay varias razone para ello, como que hace 30 años, cuando se creó la Ley 30, no se pudo prever que el número de estudiantes en instituciones públicas creció exponencialmente, pasando de 160.000 a a 640.000 entre 1993 y 2021.

Esto ha requerido grandes inversiones en infraestructura, contratación de cada vez más docentes (que a su vez cada año están más preparados y cuentan con más títulos, lo cual aumenta su salario), recursos para cumplir con acreditaciones de alta calidad, entre otras cosas.

Así, la Nación, alcaldías y gobernaciones pasaron de aportar más del 90 por ciento de los recursos de las universidades a apenas el 55,25 por ciento, según datos del SUE. El restante 44,75 por ciento lo costean las mismas universidades, muchas veces con grandes faltantes que se han venido acumulando.

Esto debido a que entre 2011 y 2021 el IPC creció en promedio el 3,7 por ciento anual, mientras, según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del DANE, los gastos de funcionamiento y de personal de las universidades subieron anualmente en promedio el 8,8 por ciento y el 9,4 por ciento respectivamente.

El SUE calcula que hoy el faltante presupuestal acumulado suma 15 billones de pesos, siendo 3,5 billones solo para funcionamiento y unos 8,2 billones para infraestructura.

Sin cambiar la financiación, expertos consultados por EL TIEMPO sostienen que es imposible mejorar la calidad, aumentar la cobertura, la infraestructura y, en definitiva, mejorar todos los indicadores del sector.

Ante ello, las ideas relacionadas con la financiación en la mesa pasan por revisar la distribución de los recursos de las IES públicas, pagar lo que se ha llamado la “deuda histórica”, obligar a todas las entidades territoriales (departamentos y municipios certificados) a aportar recursos para la educación superior, aumentar la base presupuestal, cambiar el cálculo del incremento anual y tasarlo en el ICES y no en el IPC, revisar los puntos salariales por productividad académica (el sistema actual de pago a los profesores), garantizar dinero para subsidios y becas, y reformar de manera integral al Icetex.

Al respecto, el analista educativo Raúl Esteban Perdomo señaló: “Todos estos puntos son muy necesarios, pero al mismo tiempo se enfocan mucho en la educación pública, que claro que debe ser la prioridad del Estado, pero el sistema es mixto y se pueden generar roces con los privados, que pueden verse invisibilizados, lo cual ya se evidenció como un obstáculo grave como ocurrió con el hundimiento de la estatutaria. Además, cualquier reforma al Icetex puede generar temor respecto al futuro de esta entidad que hoy financia a un número importante de estudiantes de las IES privadas”.

Si algo demostró la crisis en la Universidad Nacional por la elección de rector, es que la gobernabilidad y la autonomía universitaria siguen siendo temas de mucha división y, según el experto Ricardo Rodríguez, “una papa caliente para un Gobierno cuyas acciones en ese episodio causaron mucho temor en algunos sectores”.

De ahí que el tema de la gobernanza en la reforma sea de especial atención. Y más si se tiene en cuenta que entre las propuestas que ha reunido el Mineducación se encuentra, por ejemplo, modificar la conformación de los consejos superiores, con más representación de estudiantes y docentes.

También se incluye “establecer mecanismos de seguimiento y control más eficientes y democráticos”. Cabe recordar que precisamente modificaciones respecto a mecanismos democráticos en las universidades fueron en parte responsables de que oposición y Gobierno rompieran el acuerdo para sacar adelante la ley estatutaria de Educación.

“Existe un reclamo constante del movimiento estudiantil para que el mecanismo de elección de rectores sea democrático y directo, es decir, prácticamente por voto popular. Esto es visto por ellos como una forma de ejercer la autonomía universitaria, pero para otros puede abrir la puerta de manera directa a la participación política en las universidades”, recuerda Rodríguez.

En lo que respecta a calidad, se ha propuesto en la mesa dejar de jerarquizar a técnica profesional, tecnológica, universitaria; considerar como instituciones de educación superior a las escuelas normales superiores (colegios que dictan unos años extra de clases para formar a sus estudiantes en pedagogía), y centrar los esfuerzos en investigación en responder a las necesidades y visiones territoriales y de las diferentes comunidades.

Sin embargo, sostienen académicos consultados, se extrañan temas como la transformación tecnológica, cambios en el sistema de acreditación o adaptaciones a las necesidades del mercado laboral nacional e internacional con el fin de mejorar la productividad del país.

En cuanto a bienestar universitario, las propuestas buscan, entre otras cosas, la atención a la salud mental de los estudiantes, “despatriarcalizar” los contenidos académicos, y abordar el consumo de sustancias psicoactivas con una mirada de política pública en salud.

Finalmente, en lo que respecta a la dignificación de la labor docente, se propone revisar el Decreto 1279 de 2022, el cual establece el régimen salarial de los profesores de universidades públicas. De esta forma, se busca ampliar y crear incentivos y estímulos, que vayan más allá de solo la producción académica. 

MATEO CHACÓN ORDUZ

Periodista de Educación