En Colombia ya viven 420.000 menores de edad venezolanos

Alrededor de 272 millones de personas en todo el mundo han salido de su país en busca de mejores oportunidades, de acuerdo con las últimas cifras de la ONU. De ellas, unos 5,5 millones son ciudadanos venezolanos que abandonaron su país tan solo en los últimos cinco años. Se estima que el 31,5 % por ciento de ellos se encuentran en Colombia.

Estas cifras, reveladas en un reciente informe de la organización Save the Children, son muestra del gran impacto que tiene el fenómeno de la migración, cuyo día se conmemora hoy en todo el mundo.

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Según María Paula Martínez, directora ejecutiva de la ONG, esta situación ha llevado a una gran violación de los derechos humanos hacia esta población, siendo víctimas de delitos como el tráfico de personas y la explotación laboral, entre otros. Problemas que se suman a la dificultad de acceder a salud, trabajo, alimentos, derechos civiles, educación, etc. “Es casi imposible encontrar en la carta de derechos humanos uno que no quede en riesgo de vulneración cuando las personas migran en condiciones inseguras”, resume Martínez.

En Colombia, acceder a derechos como trabajo, educación, salud o recreación depende en gran medida de la adquisición del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Pero pese a las facilidades que Migración Colombia ha dado para su obtención, el informe reveló que a septiembre de 2020 el 55,1 por ciento de los venezolanos en el país estaban en situación irregular.

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Esto ha derivado en vulneraciones de derechos, en especial en materia laboral. Por ejemplo, el principal modelo de contratación de ciudadanos venezolanos en el país es mediante acuerdos verbales, con pagos de entre 20.000 y 30.000 pesos diarios.

Otra situación que genera especial preocupación es la de la niñez migrante. Se estima que unos 420.000 niños y niñas venezolanos habitan en el país, y que esta condición de migración a temprana edad ha llevado a muchos de ellos a estar en estado de apatridia, es decir, que no son reconocidos como parte de ninguna nacionalidad.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), esto trae problemas como que no se les permita ir al médico, y en el futuro se puede traducir en no poder conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria o incluso casarse.

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Ante esto, el Estado colombiano ha emitido algunas normativas aplaudidas por varios sectores como la resolución que permitió nacionalizar a 24.000 niños y niñas venezolanas que se encontraban en riesgo de apatridia. Existen otras medidas como una circular del Ministerio de Educación Nacional y de Migración Colombia, que facilitó el a la educación preescolar, básica y media a la población venezolana, independientemente del estatus migratorio.

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes Venezolanos de la ONU, desde el 2015 y hasta noviembre de 2020 se contabilizaban 5’448.441 ciudadanos venezolanos migrantes en el mundo. De ellos, de acuerdo con las últimas cifras reveladas por Migración Colombia, 1’715.000 se encuentran en el país.

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Y dado que se cree que hay un subregistro muy grande en esas cifras, podrían ser hasta unos dos millones de migrantes los que están viviendo en Colombia.

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aseguró que “el 39 por ciento de los ciudadanos venezolanos radicados en el país se concentran en Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali”.

Para entender la precariedad de la población migrante, Ricardo Arévalo, Ph. D. en estudios internacionales, se refirió a lo que calificó como la ‘paradoja de la migración’: “Las crisis migratorias consisten en personas que abandonan su país por motivos políticos, sociales y económicos, y llegan a una nación extranjera para enfrentar condiciones de vulnerabilidad muy delicadas. Pasan de un estado de vulnerabilidad a otro”, lo cual es, sin duda, un enorme reto por superar.

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Por su parte, para los realizadores de este informe, si bien es cierto que la llegada masiva de migrantes ha significado desafíos en materia de políticas públicas, generación de empleo, a la educación, cobertura de servicios básicos, garantía de derechos humanos, entre otras, también implica grandes oportunidades.

Así lo cree la directora de la ONG: “Son un capital humano importante que debemos integrar a la economía y brindarles el mejor a los derechos. Si ellos trabajan formalmente, pueden pagar su salud, su educación, su hogar. ¿En dónde compran? En Colombia ¿A quién compran? A los colombianos. En esta perspectiva, el a los derechos nos beneficia a todos”.

MATEO CHACÓN ORDUZ

REDACCIÓN EDUCACIÓN

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