Ciudadanos buscan frenar un proyecto minero en Tolima

Desde febrero de este año, un grupo de ciudadanos se unieron para frenar un proyecto de minería de oro a cielo abierto, conocido como Mina Apone, ubicado entre las veredas Santa Rosa y Balsillas, en jurisdicción de los municipios de Ataco y Chaparral, Tolima.

Pese a que, según la Procuraduría, en el estudio de impacto ambiental entregado por la empresa Agregados Ingecol y Construcciones S. A. S., titular del proyecto, “se evidencia la ausencia de estudios técnicos sobre el impacto de la mina en el agua, el aire y el suelo”, la licencia ambiental, con la que están autorizados para sacar oro durante los próximos 30 años, sigue firme.

Desde 1980, la fiebre del oro atrajo a mineros de Antioquia a Ataco, Tolima. La comunidad se opuso a la devastación del río; los arroceros contrataron a la Escuela de Minas de Medellín, que demostró el grave impacto ambiental, en especial los posibles daños ocasionados por la sedimentación provocada por la extracción y remoción del oro.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), tanto en 1984 como en 2017, dio concepto negativo para hacer minería en la zona. En abril de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) negó, con el respaldo de Cortolima, una licencia ambiental solicitada por Mineros de Ataco S. A. S. para explotar oro en el sector Ambulu, de la vereda Apone, muy cerca de donde está la licencia actual.

Sin embargo, todo dio un giro a finales del 2019, cuando Cortolima entregó la licencia ambiental a Agregados Ingecol y Construcciones S. A. S. para hacer minería a cielo abierto en el sector de Ataco y Chaparral.

Para Luis Enrique Orduz, abogado de la Corporación Podion, organización que está apoyando el proceso, esta licencia tiene deficiencias mayúsculas, de las que su organización resalta por lo menos ocho.

Por ejemplo, dice la corporación, la empresa “no caracterizó el suelo, el aire, las aguas superficiales (río Saldaña), ni las aguas subterráneas, elementos ambientales que serían impactados por las actividades de la mina a cielo abierto”. Pero, además, “aunque el resultado final arroja que el 48 por ciento del estudio de impacto ambiental no cumple con los requerimientos para obtener la licencia, según los técnicos de Cortolima, se les otorga el permiso”, añade Orduz.

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También advierten que en el estudio de impacto ambiental de la empresa, no se establecieron medidas para la gran parte de los impactos ambientales que se identificaron, “como la erosión del suelo, la contaminación por los ruidos, las emisiones atmosféricas, impactos sobre las aguas subterráneas y la fauna del río Saldaña”. Y entre los hechos más graves, Podion señala que “el proyecto vulnera el derecho de las comunidades indígenas y campesinas debido a una incorrecta delimitación del área”.

Por eso, para intentar revocar la licencia ambiental, varias organizaciones como la Corporación Podion y la Asociación de s del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Saldaña (Uso-Saldaña) interpusieron una revocatoria y una acción de nulidad, respectivamente, pero no funcionó.

La razón por la que no fue revocada está escondida entre un entramado legal que la actual directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, le explicó a EL TIEMPO. De acuerdo con Alfonso, aunque existe la posibilidad de exigir una revocatoria, esta tiene un límite de tiempo.

“Se puede solicitar un proceso de revocatoria una vez sea expedida la licencia, pero solo hay un plazo de 10 días. Es decir que si se solicita la revocatoria dentro de ese límite de tiempo, la corporación tendrá que revisar sus decisiones, para cambiarlas, revocarlas o mantenerlas. Sin embargo, cuando llegué a mi cargo en enero de este año, no encontramos ninguna solicitud, por lo tanto la licencia quedó en firme”, aclaró Alfonso.

La directora de Cortolima también asegura que recibieron una solicitud de revocatoria directa en febrero. “En ese caso, según la ley, para revocar actos istrativos de manera directa que están en firme, se requiere el conocimiento previo del titular de la licencia (Agregados Ingecol y Construcciones S. A. S.). Solicitamos ese consentimiento, pero la respuesta fue negativa”, según Alfonso.

Por ahora, lo que está en sus manos, según la funcionaria, es garantizar que se cumpla con el plan de manejo ambiental que se suscribió. “Tenemos que hacer visitas para garantizar que todos los compromisos y compensaciones que quedaron establecidos en la licencia se cumplan”.

EL TIEMPO consultó a Agregados Ingecol y Construcciones S. A. S., y aunque aseguraron que responderían a una lista de preguntas, al cierre de esta edición no se recibió más información que un documento en el que dicen que su proyecto no afectará a comunidades indígenas.

“Hay nueve comunidades indígenas reconocidas como resguardos, los cuales no están en las zonas de influencia del proyecto minero ni pueden salir afectados, ya que sus territorios, debidamente delimitados, se encuentran en zonas distantes del polígono minero”, aseguran.

Pero 1.300 ciudadanos, entre ellos el exministro de Agricultura Carlos Gustavo Cano Sanz, los exgobernadores del Tolima Eduardo Aldana Valdés y Néstor Hernando Parra, el periodista Guillermo Hinestrosa, entre otros, no quedaron satisfechos ante la respuesta de Cortolima. Por lo que en junio firmaron una carta solicitando la intervención del presidente Iván Duque.

Para los firmantes, “el proyecto minero amenaza al río Saldaña, que representa el 49 por ciento del agua del Tolima. Pone en peligro el distrito de riego de Uso-Saldaña que irriga 13.400 hectáreas de cultivos”.

También radicaron una acción de tutela contra Cortolima para detener el proyecto. Según Orduz, en la acción de tutela destacan que se está vulnerando el debido proceso, “porque la licencia ambiental no se otorgó de manera ajustada o siguiendo todos los requerimientos del Ministerio de Ambiente y Cortolima”. Y se vulnera el derecho de gozar de un ambiente sano, “porque, pese a eso, se les otorga la licencia y la empresa ya está operando”, agregó Orduz.

Es aquí, en este punto, en el que la Procuraduría respaldó la tutela de la comunidad y les dio la razón frente a la “vulneración al principio de precaución en materia ambiental, por la identificación de vacíos en la información importante y las alternativas relevantes excluidas en el estudio de impacto ambiental y en el plan de contingencia”, señaló la Procuraduría.

Ahora, le corresponde al juez segundo istrativo oral del circuito de Ibagué, Carlos Daniel Cuenca Valenzuela, decidir si acoge las pretensiones de los accionantes de los recursos hídricos, entre ellas la de suspender las actividades de explotación que se desarrollan en la Mina Apone.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

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