Defensoría advierte que ecosistemas estratégicos del país están en riesgo y que el Macizo Colombiano está perdiendo biodiversidad

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Los dos documentos advierten sobre las graves amenazas que presentan los ecosistemas a causa de las minerías legal e ilegal, la deforestación y la expansión de cultivos de uso ilícito. De acuerdo con la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, estas problemáticas “no solo contaminan los recursos hídricos, sino que destruyen ecosistemas vitales y ponen en riesgo a la flora, la fauna y las comunidades, sobre todo porque hace falta control institucional”.

La conservación de las áreas protegidas se encuentra altamente amenazada, pues al menos 75 extensiones claves de biodiversidad en el país están en concesiones mineras y existe un alto riesgo de la pérdida de los defensores de la naturaleza, es decir, de la misma comunidad, así lo evidencian los informes de la Defensoría.

Además, en la ecorregión del Macizo Colombiano, donde confluyen los biomas Andino, Amazónico y Pacífico y la cual posee el 26,8 % de la superficie de páramos del territorio nacional, la expansión de la agricultura intensiva, la minería ilegal y la deforestación ponen en riesgo la biodiversidad, pues dichas actividades destruyen hábitats, alteran los ciclos ecológicos y afectan la calidad del agua y del suelo.

Por su parte, el cambio climático representa una amenaza significativa, ya que modifica los patrones de precipitación y temperatura, afectando los ecosistemas y especies que dependen de condiciones climáticas específicas. La falta de datos actualizados, además, dificulta la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas de protección adecuadas.

Sumado a lo anterior, la presencia de conflictos armados crea un entorno de inseguridad que dificulta la implementación de políticas de conservación, así como la capacidad de las comunidades para gestionar sus recursos naturales de manera sostenible.

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La entidad hizo más de 50 recomendaciones a diferentes instituciones del orden nacional y local sobre conservación, protección y preservación de los ecosistemas estratégicos y de biodiversidad.

Acorde con la Política de Biodiversidad, la entidad también pidió a las comunidades, sectores productivos y nuevamente a las autoridades ambientales estimar de manera más precisa los valores asociados al uso y aprovechamiento de recursos naturales en el marco de la gestión integral de la biodiversidad, contemplando variables que propendan por la garantía efectiva de los derechos humanos.

De manera general, requirió al Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Congreso de la República, profundizar en la intervención de amenazas y vulnerabilidades que dan origen a los escenarios de riesgo sobre los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad del país.

También le pide al Ministerio de Educación la inclusión de programas de educación ambiental; al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, promover prácticas agrícolas sostenibles y la regulación del uso de agroquímicos, garantizando la capacitación para los agricultores sobre su manejo adecuado e impacto en la salud ambiental.

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“Son necesarias, adicionalmente, actuaciones istrativas de medidas de protección, individuales y colectivas, a fin de preservar la vida, libertad e integridad de personas defensoras de derechos humanos y lideresas y líderes ambientales”, agregó la Defensora.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros