La ofensiva de la Fiscalía contra deforestadores: hablan los señalados

Este año, la Fiscalía ha adelantado varios operativos para capturar a los grandes deforestadores en el país. Por un lado está el de los 40 principales, una lista de los denominados “grandes deforestadores”, cuya captura está en curso, y la campaña Esparta, llevada a cabo este fin de semana en seis regiones donde capturaron a 40 personas por cometer delitos ambientales.

Uno de esos operativos se dio en Boyacá, en donde fue desarticulada una red señalada de obtener ilegalmente licencias y salvoconductos para la explotación, el transporte y la comercialización de madera, que era extraída del Parque Natural Serranía de las Quinchas. A esta organización le fueron capturadas 6 personas que habrían promovido la tala de por lo menos 353 hectáreas de bosque nativo.

Otro, en San José del Guaviare, en donde capturaron a seis personas que realizaban ganadería a gran escala dentro del resguardo indígena nukak makú, comunidad de especial protección constitucional. Carlos René Reyes, el supuesto de estos frentes pecuarios, fue cobijado con media de aseguramiento privativa de la liberad en su lugar de residencia. El juez de control de garantías dispuso la destrucción de las edificaciones y corrales. 

También capturaron al que, para la Fiscalía, sería uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos. “Gildardo Toledo Villa deforestó 39 hectáreas de bosque para acondicionar pastizales y criar ganado. Fue imputado por aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendio”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Ante esta situación –y con esta última captura–, integrantes de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada-Guayabero (Ascal-G), que opera en el Meta y Caquetá, aseguran que se trata de campesinos que hace muchos años viven en áreas protegidas y que hoy están siendo perseguidos y desplazados por el Estado.

De acuerdo con Gloria López, esposa de Toledo, hace muchos años que no tumban el bosque. Ella cuenta que su esposo compró 350 hectáreas hace 20 años, cuando nadie sabía que era un área protegida. De esas, 170 hectáreas están en pasto, las restantes son bosque.

Dice que el año pasado un helicóptero aterrizó en su patio. Un grupo de soldados llegó buscando a su esposo, pero, como no lo encontraron, se la llevaron a ella y a su nieto. “Jamás me imaginé que eso me pasaría a mí. Fue injusto y tenía mucho miedo, porque nos encañonaron solo porque estábamos en el parque. Ahora que cogieron a mi esposo, lloro de la rabia porque con tanto sacrificio que hemos trabajado para tener lo que tenemos, el Estado ahora nos dice que somos delincuentes y quieren desplazarnos”.

Hoy, tanto Gloria como Toledo tienen prohibido ingresar a su finca en Picachos, también tienen suspendido el registro sanitario y guías de movilización para sacar su ganado.

Desde muy temprano una extensa capa de humo cubre el cielo de San Juan de Lozada, un pequeño pueblo ganadero ubicado entre el Meta y Caquetá. La gente del pueblo dice que siempre es así por los incendios provocados en el bosque amazónico, en tres importantes parques nacionales del país: La Macarena, Picachos y Tinigua.

Allí, EL TIEMPO se reunió la semana pasada con quienes viven en estos parques nacionales y tienen orden de captura o fueron capturados por la Fiscalía.  Este grupo de personas, algunos con cerca de 50 cabezas de ganado dentro de áreas protegidas y otros con más de 500, aseguran que han estado allí desde el año 2000; que como campesinos han recibido apoyo estatal para sostener e incrementar su ganado, por lo que ahora no entienden por qué sus nombres figuran como los de los criminales más buscados de la región.

“Tengo un préstamo con el Banco Agrario por 16 millones de pesos para construir un establo y otro por cinco millones de pesos para la siembra de pasto. Nunca me dijeron que no me podían prestar porque estaba en un área protegida”, dice uno de los que aparecen con orden de captura por la Fiscalía.

“Tenía 600 reses de ganado legales. Es decir, con su registro de vacuna y guía de movilización del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Ellos saben dónde tengo la finca y las cabezas de ganado. Nunca me dijeron nada”, asegura uno de los que fueron capturados en el 2018 y hoy sigue viviendo en el parque Picachos.

Todos coinciden en que este tipo de operativos solo va a intensificar la crisis que hay entre el Estado y quienes habitan estos parques, pues aseguran que hace muchos años han promovido acuerdos y estrategias para no perder lo invertido en esas tierras y para no seguir deforestando, pero nunca se han concretado.

“Estos campesinos han entendido que no pueden tumbar todo, por eso han respetado nuestros acuerdos de conservar el 40 por ciento de sus fincas. Los que han llegado a talar y a quemar son las nuevas familias que han entrado a estos parques a buscar un pedazo de tierra, pero como el Estado no tiene información de ellos, llegan por el que está ‘legalizado’ ”, señala Élver Medina, representante legal de Ascal-G.

Pese a que Medina habla de acuerdos de conservación, las cifras de deforestación en estas áreas protegidas muestran un grave daño ambiental.

Según datos de la Gobernación del Meta, en los últimos siete años se han deforestado 30.527 hectáreas de bosque en el parque Tinigua; 19.185 hectáreas en la sierra de La Macarena y 4.967 hectáreas en Picachos.

Pese a que este tipo de operativos traen consigo un drama social, para el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, son necesarios para desarticular los carteles de la deforestación. “Como Estado estábamos en mora en hacer estos operativos de esta magnitud. Porque aquí realmente no hay humildes campesinos que talan 200 hectáreas para subsistir, lo que hay son mafias”.

Para Zuluaga es claro que quienes están detrás son las disidencias de las Farc, para tener ganadería extensiva. Pero también reconoce una desarticulación estatal que promovió la ganadería extensiva en estos lugares en manos de campesinos, “por eso el ICA, sin revisar si el ganado provenía de una zona protegida entregaba guías de movilización. Pero desde el año pasado nos estamos articulando entre todas las instituciones”, concluyó.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

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