El ‘aleteo’, un atroz símbolo de estatus que amenaza a los tiburones

Hasta noviembre de 2020, la caza de tiburones en Colombia era legal, en ciertos casos. Ese año y tras una polémica pública por la definición de cuotas de pesca de tiburón y obtención de sus aletas de forma industrial y artesanal, el presidente Iván Duque, en conjunto con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Carlos Eduardo Correa, decidieron prohibir totalmente la práctica.

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La decisión, por sí sola, no parece haber dado resultados. Una muestra de ello es que hace apenas unos días 3.493 aletas de tiburón fueron incautadas en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Se estima que entre 900 y 1.000 tiburones tuvieron que morir para llegar a la obtención de ese número de aletas. Su destino era Hong Kong, donde una sopa hecha con este órgano puede costar entre 100 y 300 dólares.

En países como Taiwán, China o Japón, consumir un caldo al cual se le agrega aleta de tiburón para hacerlo más espeso se ha convertido en un símbolo de estatus.

No es el sabor lo que se busca sino la textura, pues al ser las aletas cartílago, las fibras espesan el plato dándole una densidad distinta.

Se sirve en bodas, cenas de negocios o reuniones donde los anfitriones buscan sorprender a sus invitados con un banquete digno de la dinastía Ming, que gobernó China de 1368 a 1644, y que catalogó como manjar de reyes el platillo.

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El problema en sí no es que se consuma tiburón, sino que el interés por las aletas que ha venido creciendo en los últimos 40 años ha dado paso a una práctica atroz: ‘el aleteo’, explica la bióloga y doctora en ciencias marinas, Camila Cáceres. La experta en tiburones destaca que es bastante común el consumo de carne de tiburón no solo en Asia, sino en todo el mundo, incluidas varias zonas de Colombia; sin embargo, el aumento del interés por el consumo de aletas, que pueden costar en promedio más de 100 dólares el kilogramo, frente a 10 centavos de dólar por el kilogramo de carne, termina creando un mercado donde es más redituable capturar al pez solo por sus aletas y no aprovechar el resto del animal.

Básicamente el aleteo es el negocio de tomar lo pequeño y valioso y botar lo grande y poco apetecido. Un pescador, tanto artesanal como industrial, tiene un espacio máximo en su barco, captura un tiburón y lo sube, como las aletas le entregarán mejores ganancias, entonces decide hacer aleteo y corta todos estos órganos del animal. Para poder seguir acumulando más aletas dentro del barco lo que hace es que tras cortar las aletas del pez, y en muchos casos sin siquiera matarlo, lo devuelve al agua, para que muera lentamente desangrado o devorado por otros animales.

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“En los últimos 30 a 40 años ha sido mucho más obvio el impacto que tiene el aleteo en las poblaciones. Para los chinos es un símbolo de plata, como hay gente que compra una cartera cara o se compra un ferrari, en China la gente de plata lo que quiere es ofrecer a sus amigos, familia o clientes especiales un plato de sopa de aleta de tiburón para su boda, cumpleaños o reuniones. Es un símbolo de estatus, es una forma de mostrar poder que ya existía hace 500 años pero que se ha vuelto problemática en los últimos 40”, señala Cáceres.

Según destaca, la protección del tiburón es esencial, pues estos animales ayudan a mantener el equilibrio de los océanos y son indicadores de buena salud de los ecosistemas, pues se encargan de comerse a los peces débiles y enfermos, y de mantener a raya a otros carnívoros, garantizando así la diversidad de especies.

Si estos animales desaparecieran por completo de un ecosistema con arrecifes de coral, por ejemplo, otros depredadores como el mero ocuparían su lugar y podrían comerse más peces herbívoros, lo que llevaría a un crecimiento de macroalgas y a un deterioro mortal del arrecife. A 2019, según datos de la fundación Squalus y WCS Colombia, el país cuenta con 76 especies confirmadas de tiburones que viven en sus dos mares.

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A hoy, no se sabe qué especies de tiburón murieron para la obtención de las 3.493 aletas incautadas en El Dorado. Según señaló la Secretaría de Ambiente de Bogotá, aún siguen a la espera de los análisis que realizan funcionarios del Laboratorio de Identificación Genética Forense de Especies Silvestres de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

Esta incautación, la primera de la que se tiene registro en la zona urbana de Bogotá, muestra según el médico y director del Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto, que las más afectadas son directamente las especies protegidas, porque según señala, es muy probable que varias de las aletas incautadas provengan de tiburones que enfrentan algún tipo de peligro de extinción, como el tiburón zorro o el tiburón sedoso.

Además, añade, lo que se ve con esta incautación es la existencia de redes “muy bien estructuradas” con las cuales los traficantes se sienten confiados al punto de estar dispuestos a mandar desde el mayor terminal aéreo del país las aletas.

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“Si bien celebramos esta incautación, lo que denota es que existe una cadena supremamente bien estructurada que logra conectar esas capturas ilícitas en aguas abiertas del país, con todo el apoyo de tráfico de carretera, hasta llegar al aeropuerto internacional El Dorado. Acá hay una red que implica capturas, transporte, acopio. Y seguramente lo que a uno le queda la duda es si hay una captura como esta, ¿cuánto han logrado ya pasar?”, enfatiza Prieto.

La incautación de las aletas que venían por tierra desde Roldanillo, un municipio ubicado en la mitad de camino entre Cali y Cartago, fue hecha gracias a que funcionarios de la empresa transportadora encargada de llevar los 10 bultos declarados como vejigas natatorias hasta el muelle de carga del aeropuerto, notaron inconsistencias y solicitaron a las autoridades realizar un proceso de inspección del material, según destacó la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

La entidad añadió además que en la capital del país han venido realizando una serie de capacitaciones a los empleados de las empresas de encomiendas para que estos colaboren con la identificación de mercancías o envíos sospechosos y de esta manera se pueda frenar el tráfico de fauna silvestre.

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La fundación Malpelo Colombia, que trabaja en la protección y el cuidado de las áreas marinas y costeras del país, ha logrado avistar y documentar en el mar pacífico, tiburones sedosos, galápagos, ballena, martillo, solrayo y de antena negra. Un dato importante y muy relevante para la conservación de estos animales, sin embargo, destaca su directora, la bióloga Sandra Bessudo, esos avistamientos se han vuelto cada vez menores, en concreto un 60 por ciento menos en los últimos 12 años.

Según Bessudo, quien lleva ya varios años viviendo en el Pacífico colombiano y desde joven navega en ese océano, no es algo que se vea solo en los tiburones, sino que además se ve en otras especies como los delfines. “Yo he visto con mis propios ojos y los datos lo muestran como ya uno no ve los grupos de delfines que veía antes. Entiendo que se estén poniendo medidas, ¡pero miércoles!, estamos perdiendo nuestra biodiversidad, estamos perdiendo nuestra fauna”, enfatiza.

Otro gran problema para ella es la baja capacidad de verificación que hay sobre la pesca industrial. Hasta antes de su prohibición en 2020, en Colombia eran permitidas unas cuotas anuales de pesca incidental de tiburones, ósea la captura no intencionada de estos peces que por error quedaban atrapados en redes de pesca artesanal o industrial, sobre todo en prácticas como la pesca de arrastre.

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Dichas cifras que no se actualizaban desde 2012 y que cuando se actualizaron llevaron a la prohibición total de la pesca de tiburones en el país, eran de un 35 por ciento para pesca industrial y de un 5 por ciento para pesca artesanal. Sin embargo, era muy difícil –y aún hoy lo es–, destaca Bessudo, la verificación de que se cumplieran dichas cuotas dado que los barcos pesqueros en su mayoría no cuentan con observadores que permitan una verificación de los datos que entregan.

Además, ahora que los tiburones ya no son un recurso pesquero, pues por ley no se pueden pescar, ni siquiera por error, entonces estos animales pasaron a ser considerados recursos hidrobiológicos, y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) entidad encargada de su manejo y monitoreo no toma datos sobre su pesca porque en teoría no existe. Tanto Bessudo como Prieto consideran que la Aunap no tiene la capacidad para estudiar y entregar los datos que se requieren para la protección del tiburón.

“Acá hay un tema de la toma de información real de los barcos industriales. Ahora que el tiburón se volvió un recurso hidrobiológico, la Aunap dice que no toma información de tiburones porque no hace parte del recurso pesquero, ¿a ustedes le parece eso normal? Eso no es una decisión responsable”, destaca Bessudo.

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Cáceres, Prieto y Bessudo concuerdan en una cosa: es necesaria una mayor articulación del Estado para lograr una protección del tiburón en las costas de Colombia, una acción que es tan apremiante, según Prieto, que para él, a día de hoy, la caza indiscriminada es una mayor amenaza para las especies del mundo que el mismo cambio climático, que está acidificando y calentando los océanos. Una afirmación que sustenta en un dato publicado en la revista Nature: desde 1970 la población global de tiburones y rayas marinas ha descendido un 71 por ciento debido a la presión ejercida por la pesca.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, dijo ante el caso de las aletas incautadas, que rechazaba el tráfico de aletas de tiburón y que caería todo el peso de la ley contra los responsables. Además recordó que el aleteo es una práctica prohibida en el país y que por eso en marzo de este año se expidió el decreto 281 de 2021, mediante el cual se establecieron medidas para la protección y conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras en el país.

“En Colombia estamos fortaleciendo los mecanismos de control, de seguimiento y sanciones que castiguen este delito con la implementación de la nueva ley de delitos ambientales que tipifica el tráfico de fauna como un delito con una pena de prisión de 60 a 135 meses, y también la exportación o comercialización de aletas de tiburón que es un agravante que incrementa la pena”, finalizó Correa.

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EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde