Tras denuncias, Panamá parece decidida a enfrentar a 'su flota pesquera China'

En 2020 las fotos y los titulares rodaron por todo el mundo. En las islas Galápagos, uno de los paraísos de biodiversidad del planeta, casi trescientos barcos pesqueros arrasaban con todo a su paso. La escena se repetía en distintas zonas: en el Pacífico sur, en el océano Índico, al borde de la zona económica exclusiva de Argentina, cerca a las costas de Colombia y Perú también. Al año siguiente pasó lo mismo. En 2022 también. Son parte de la flota pesquera más grande del mundo, la de China, que cuenta con más de 3.000 barcos.

Pero las banderas que identificaban a muchos barcos, sin embargo, llamaron la atención. Pues en todos los casos había siempre un gran número de naves donde ondeaban el símbolo que identifica a un país centroamericano: Panamá. 

Aunque Panamá es un país pequeño, de apenas 4,3 millones de habitantes y una superficie igual a la del departamento del Guainía, más de 8.000 barcos en todo el planeta llevan su bandera, de acuerdo con cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Es decir el 16 % de las embarcaciones del mundo cargan consigo el estandarte de tela blanco, azul y rojo que representa a ese país. 

Pero muchos de esos barcos no son realmente panameños. La bandera de Panamá ofrece muchas ventajas para las compañías de marinas mercantes. Eso gracias a la Ley 57 de 2008 que permitió que las las naves se registren indefinidamente y además puedan hacerlo flotas enteras de manera muy sencilla a través de las 96 oficinas de registros de botes que Panamá tiene en todo el mundo. 

Sumado a las facilidades, los bajos costos también inciden. Por ejemplo, una flota de buques de entre 5 y 15 naves puede recibir un descuento del 20 % por ser matriculadas con la insignia panameña; las flotas que tengan entre 16 y 50 buques reciben descuento del 35 %; y las flotas de más de 50 naves reciben un 60 % de descuento en sus matrículas. 

Además los propietarios extranjeros de banderas panameñas no pagan impuestos sobre la renta y tienen facilidades para contratar mano de obra de cualquier nacionalidad en sus barcos. Lo que se traduce en importantes ahorros para las megacompañías dueñas de inmensas flotas. 

Algo que ha sabido aprovechar China. El gigante asiático es un gran consumidor de productos de mar. En 2016, tan solo su flota se encargó de capturar 15,2 millones de toneladas de pescado, es decir el 20 % de lo que se pescó en el mundo. Pero como no es suficiente para suplir la alta demanda, los chinos también importaron suficiente producto del resto del planeta para colgarse el rótulo de los consumidores del 38 % de los productos del mar obtenidos ese año. 

El problema, según han denunciado varias organizaciones como Global Fishing Watch y Oceana es que la presencia de algunos de esos barcos con banderas como la de Panamá, Ghana, Mauritania y Costa de Marfil facilitan la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR, según ha sido denominada por la FAO). 

Eso a través de un sistema en el cual los barcos pesqueros capturan por semanas en amplias zonas del océano organizados en cuadrillas de cientos, y luego otros barcos con bandera distinta que son frigoríficos llegan y se llevan los resultados de esas faenas, mezclando muchas veces pesca legal con ilegal y evitando así que los pesqueros tengan que declarar cuánto pescaron.  

El problema ha llegado a tal nivel que la Unión Europea (UE) le ha impuesto en dos ocasiones una ‘tarjeta amarilla’ a Panamá por alentar prácticas de pesca INDNR en el mundo. En caso de llegar a ‘tarjeta roja’ toda la pesca proveniente de barcos panameños sería vetada en la UE. 

“La Comisión Europea considera que la situación en Panamá es muy grave, ya que Panamá no parece estar aún en condiciones de cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado de pabellón, puerto, costa y mercado”, señala un informe de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare) enviado al Gobierno panameño en junio de 2022. 

Pero ahora, todo parece indicar que la presión mediática y diplomática ha generado resultados sobre Panamá. En el marco de la octava edición de la cumbre Our Ocean, que se realiza esta semana en Ciudad de Panamá, el Gobierno anunció que se une a la Alianza de Acción para la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. 

El anuncio fue hecho por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, encargado de los temas pesqueros. El objetivo es hacer parte de un selecto grupo de países que mejoran sus prácticas de control para impedir la depredación de los océanos. 

Según le dijo Valderrama a EL TIEMPO, esto es un enfoque de Estado impulsado por el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien ha sido clave en la creación de las declaratorias de áreas marinas protegidas en su país. 

“Ya el presidente ha establecido una política de Estado. Como Panamá somos un país líder en el mundo al declarar el 30 % de nuestros océanos como áreas protegidas. Y las leyes que hemos establecido en cuanto a pesca responsable, las medidas que se están tomando y las áreas marinas protegidas demuestran claramente el interés de Panamá”, aseguró Valderrama. 

Pero también la normativa del país se ha vuelto menos laxa y permisiva, intentando frenar la problemática. Desde 2021 la Ley 204 General de Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas establece como obligatorio que los barcos de bandera panameña deben contar con el equipo de comunicación de satelital (VMS) y deben emitir su posición. Quien no lo haga por más de 24 horas se expone a multas que van desde los 150.000 dólares hasta los 500.000 por realizar prácticas relacionadas con la pesca INDNR. 

De hecho, en 2020 Global Fishing Watch detectó que el 42 % de la flota china despareció de los radares durante más de 24 horas, dificultando la revisión de sus acciones y el control por parte de los Gobiernos.

Según explicó la directora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Flor Torrijos, en 2022 se desarrollaron más de 140 procesos sancionatorios y se impusieron más de 3 millones de dólares en multas por malas prácticas pesqueras. Además, la información de satélites VMS de los barcos pesqueros de bandera panameña es compartida en vivo con Global Fishing Watch, para poder hacer análisis de datos, informes y seguimiento de qué es lo que está sucediendo en el océano con la pesca. 

Sumado a ello, hace apenas tres meses el país creó un nuevo Centro de Control y Seguimiento Pesquero donde más de 20 personas se dedican a monitorear si los barcos pesqueros panameños están desarrollando su labor de manera correcta. 

Aún así, aún falta mucho por hacer. Según explicó a los medios de comunicación la propia Torrijos, vigilar todo el océano de manera permanente es imposible. Más aún porque la Arap, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrícola, solo controla a los barcos pesqueros. Pero no a los barcos frigoríficos o buques cisterna, que también hacen parte de la operación de pesca INDNR pero que son regulados por la AMP. 

Al respecto, explicó Mónica Espinoza de Global Fishing Watch, Panamá está dando pasos importantes en mejorar su capacidad de regular la pesca y de proteger los océanos. 

Un camino que empezó con inmensos buques de bandera panameña con tripulación asiática que arrasaban con todo pez que encontraran en el océano; y que hoy se ha convertido en políticas, acciones y declaraciones en medio de una de las conferencias claves para la definición de compromisos por parte de Estados, organizaciones no gubernamentales y empresas de todo el mundo. 

EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde