La financiación climática, el pilar que genera más expectativa en la COP28

El planeta necesita con urgencia un avance significativo en el ámbito de las finanzas climáticas, y esa será la vara con la que se medirá el éxito de la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP28) de Dubái. El presidente de la COP de este año, Sultan Al Jaber, de los Emiratos Árabes Unidos, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país asumirá la presidencia de la COP en diciembre, deben trabajar estrechamente para crear un mecanismo que provea al sur global al menos US$ 1 billón al año para invertir en proyectos de desarrollo, además de los de mitigación y adaptación al cambio climático.

Al Jaber ya ha reconocido la importancia de corregir las finanzas climáticas, por lo que incluyó este tema como uno de los cuatro pilares de la COP28. Es más, en agosto expresó su apoyo a la reforma de las instituciones financieras internacionales, ya que “todas las formas de financiación deben hacerse más disponibles, accesibles y asequibles”, e hizo un llamado a los países donantes con promesas vencidas a que “muestren el dinero prometido”.

Como director ejecutivo de la Compañía Petrolera Nacional de Abu Dabi, Al Jaber tiene una oportunidad única de asegurarse de que los Estados Árabes Unidos (EAU), otros estados del Golfo y Noruega –países todos que se han beneficiado de los altos precios de la energía– vayan abriendo el camino de reducción de la brecha de financiación climática que enfrentan los países de ingresos medios y bajos (PIMB). Estos países no solo transfieren miles de millones de dólares a los estados productores de petróleo, lo que ha agravado la reciente alza de la extrema pobreza, sino que también padecen de manera importante la contaminación del aire causada por los combustibles fósiles.

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Específicamente, el presidente de la COP28 debe presentar una propuesta para reciclar una fracción de los altísimos ingresos por las exportaciones del petróleo y el gas recibidos por estos petro-Estados en un mecanismo que apunte a acelerar la transición verde en el sur global. Puesto que no han cumplido su ya larga promesa de canalizar US$ 100.000 millones al año a los países en desarrollo para la mitigación y la adaptación climáticas. Hoy es momento de actuar.

Según Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Energética Internacional, los ingresos del petróleo alcanzaron los US$ 4 billones en 2022, comparados con un promedio de US$ 1,5 billones en los años recientes. Esto representa 20 veces la ayuda extranjera de donantes oficiales en 2022, más de 30 veces el presupuesto combinado de todos los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y 40 veces los US$ 100.000 millones prometidos (pero sin cumplir) por los países ricos en 2009.

Algunas petroleras privadas (ver gráfico sobre las acciones esperadas por las grandes petroleras) ya han pagado los impuestos adicionales a sus enormes ganancias. Pero, dado que las compañías estatales controlan la mayor parte de la producción petrolera mundial, los petro-Estados han sido, con mucho, los más beneficiados. El año pasado, solo los países de la Opec obtuvieron US$ 888.000 millones en ganancias por sus exportaciones de hidrocarburos, comparados con los US$ 576.000 millones de 2021.

Las ganancias de los EAU por exportaciones de energía subieron desde US$ 76.000 millones en 2021 a US$ 119.000 millones en 2022. Las de Catar ascendieron de US$ 87.000 millones a US$ 132.000 millones, y Kuwait las elevó desde los US$ 63.000 millones a los US$ 98.000 millones. Quizás los dos mayores ganadores hayan sido Noruega, donde las ganancias de exportación energética se inflaron desde cerca de US$ 87.000 millones a US$ 174.000 millones, y Arabia Saudita, donde las ganancias se elevaron desde US$ 191.000 millones a unos impresionantes US$ 311.000 millones.

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Un gravamen voluntario de US$ 25.000 millones, que representa un 1 % de las inesperadas utilidades petroleras del año pasado y apenas el 3 % de las ganancias obtenidas por los principales petro-Estados en sus exportaciones, podría dar la señal de partida a un programa de inversiones en el sur global.

El principio de la carga justa es simple: los países y sectores que históricamente han contribuido más emisiones de gases de invernadero y ostentan los ingresos per cápita más altos deberían asumir una parte mayor de los costos de las medidas climáticas globales. Si bien el gravamen propuesto es parte importante de este modelo, también es necesario complementarlo con garantías en miles de millones de dólares procedentes de emisores históricos y actuales que también tienen responsabilidad de pagar su justa proporción.

Los BMD podrían apalancar esas garantías por cuatro para crear nuevos recursos que ayuden a los PIMB a dar respuesta tanto a sus desafíos climáticos como al calentamiento global. Gran cantidad de informes de entidades internacionales han apoyado este enfoque. En lo que resulta más notable, tres informes recientes del G20, entre ellos los del economista N. K. Singh y del exsecretario del Tesoro estadounidense Lawrence H. Summers, se mostraron a favor del uso estratégico de las garantías.

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Para movilizar el US$ 1 billón en inversión anual que requiere el sur global para cambiar al consumo de energías limpias, será crucial la implementación de la propuesta Singh-Summers, que llama a triplicar el gasto anual del Banco Mundial hasta llegar a los US$ 390.000 millones. También habrá que impulsar la ambiciosa Iniciativa Bridgetown de la primera ministra barbadense, Mia Amor Mottley, que propone canalizar US$ 100.000 millones en derechos de giro especiales sin utilizar (el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional) a los países en desarrollo.

Estas intervenciones van en la línea de las recomendaciones contenidas en el informe ‘Breakthrough for People and Planet’ (‘Un avance radical para los pueblos y el planeta’, en español) del Consejo Asesor de Alto Nivel para el Secretario General de la ONU sobre Multilateralismo Efectivo, que reconoce la necesidad de aumentar la financiación desde todas las fuentes: nacionales, globales, públicas y privadas.

Para apoyar este esfuerzo mancomunado, Lula debería ofrecer convocar una reunión conjunta en línea con la G20 y la Opec, en que los petro-Estados y los emisores históricos puedan acordar este nuevo mecanismo de financiación y comprometerse a hacer contribuciones basadas en su capacidad de pago. Un resultado así sería un buen augurio para las negociaciones del COP28 y el destrabe de los avances hacia los objetivos climáticos globales.

BAN KI-MOON (*), VAIRA VIKE-FREIBERGA (**) Y LAURA CHINCHILLA MIRANDA (***)

© PROJECT SYNDICATE

Londres

(*) Secretario general de las Naciones Unidas (2007-2016).

(**) Cojefa de NGIC y presidenta de Letonia (1999-2007).

(***) Presidenta de Costa Rica (2010-2014) y vicepresidenta del Club de Madrid.

El artículo fue firmado en total por 85 personalidades, entre presidentes, primeros ministros, directores de organizaciones y profesores del Club de Madrid y/o del Centro Internacional Nizami Ganjavi.El artículo fue firmado en total por 85 personalidades, entre presidentes, primeros ministros, directores de organizaciones y profesores del Club de Madrid y/o del Centro Internacional Nizami Ganjavi.