La polémica por el proyecto que buscaría asignar a las comunidades indígenas responsabilidad de autoridades ambientales en sus territorios

Un nuevo proyecto de decreto genera polémica en el sector ambiental. La propuesta, publicada para comentarios por el Ministerio de Ambiente y que se espera sea expedida próximamente, busca, entre otras cosas, entregar mayores responsabilidades en materia de istración ambiental a comunidades indígenas del país. 

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“Las autoridades tradicionales indígenas, las autoridades propias de los territorios indígenas, los Consejos Indígenas y otras estructuras similares de gobierno propio en sus resguardos indígenas, los territorios indígenas y las áreas poseídas por los pueblos indígenas en los términos del artículo 4, hacen parte del Sistema Nacional Ambiental y ejercen las competencias en materia de ordenamiento ambiental territorial, determinación de los mecanismos regulatorios, de gestión y gobierno con fines de preservación, conservación, restauración, protección, cuidado, uso y manejo de los recursos naturales de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, sus elementos o recursos de acuerdo con sus sistemas de conocimiento, Derecho Mayor, Derecho Propio, Ley de Origen, Ley Natural, Palabra de Vida, en concordancia con el marco constitucional y las normas aquí establecidas”, señala la norma que cuenta con apenas 10 artículos.

De acuerdo con lo establecido en el borrador de decreto, serán competencias ambientales de las autoridades indígenas las siguientes:

Frente al proyecto, el director de Cormacarena, Wilson López, dijo que la regulación ambiental de las CAR es un trabajo de responsabilidad técnica asociada a una formación y a argumentos y capacidades técnicas para tomar decisiones, por lo tanto, hay responsabilidades que no se pueden delegar, y destacó que hay escenarios de colaboración que se han venido desarrollando.

Mientras que el director de la CVC, Marco Antonio Suárez, señaló que “quieren crear una autoridad ambiental por decreto violando la Ley 99 de 93 y habla de que las autoridades indígenas serán autoridad ambiental en los territorios que consideren ancestrales para ellos, lo que más me preocupa es que estos decretos no cuentan con un esquema claro de financiamiento, reglamentación y además van en contravía de la naturaleza de autonomía de las CAR”.

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Sin embargo, desde la comunidad indígena la visión es distinta. Mateo Estrada, asesor ambiental de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) resaltó que este es un reconocimiento a la contribución que los pueblos indígenas desde su sistemas de conocimientos -como la ciencia- han aportado a la protección y conservación de la naturaleza.

“En coordinación con las autoridades ambientales nacionales (las autoridades indígenas) mejorarán la gobernanza y la gobernabilidad en la lucha contra la deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, las carreteras ilegales y otras que afectan en los territorios dónde los funcionarios del estado no alcanzan a llegar por diferentes razones. Ayudarán en la ejecución de planes, programas, proyectos y en el monitoreo real y efectivo en territorio para el cumplimiento de los acuerdos y las metas nacionales e internacionales del gobierno”, resaltó Estrada.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros