Los retos que deja la ampliación del Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta

Esta semana se anunció la ampliación del Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta (PNN SNSM). El hogar de cuatro pueblos indígenas, más de 2.400 especies y una columna montañosa que sirve como escudo de defensa del Caribe en la temporada de huracanes pasó de tener 400.854 hectáreas protegidas a un total de 573.312.

Así, la Sierra Nevada, donde se ubica el pico nevado más cercano a un litoral del mundo, entró en el grupo de las 10 áreas terrestres protegidas de mayor tamaño en Colombia. Una extensión que equivale seis veces a la de Bogotá. Se trata de un triunfo para la conservación de ecosistemas claves como el bosque seco tropical (uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia y del cual solo queda cerca del ocho por ciento), formaciones xerofíticas y subxerofíticas, humedales, manglares, entre otros. No obstante, supone algunos retos.

El parque fue declarado área protegida en 1964. En aquel momento eran tres sectores que abarcaban 147.000 hectáreas. Desde entonces su tamaño se ha ido incrementando en varias ocasiones, y en 1979 fue declarado por la Unesco Reserva de la Biósfera y Patrimonio de la Humanidad. En ese proceso las áreas bajo figuras de conservación se han traslapado con los resguardos indígenas de los pueblos iku (arhuaco), kággaba (kogui), wiwa y kankuamo, que habitan el territorio y conservan y protegen desde lo ambiental hasta lo espiritual.

Pero en los últimos años también se ha visto cómo han aumentado las problemáticas. Según un informe presentando en 2022 por la iniciativa de la sociedad civil Parques Nacionales Cómo Vamos (PNCV), la Sierra Nevada es el área protegida donde más especies amenazadas se han registrado (51). Además, de acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este es uno de los 12 parques de Colombia donde hay evidencias de explotación de oro en un área circundante. El desplazamiento por conflictos entre actores ilegales también ha afectado la zona, que es una de las más impactadas, según PNCV.

Pero, sin duda, la deforestación ha sido el mayor de los flagelos de la Sierra Nevada, y su acelerado avance en los últimos años parece imparable. Cifras de PNCV, entre 2017 y 2018, revelan que se perdieron 363 hectáreas de bosque; entre 2018 y 2019, la cifra alcanzó las 495; y entre 2019 y 2020, las estadísticas se situaron en un total de 564. Esto significa un aumento del 155,3 por ciento de la pérdida boscosa en tan solo cuatro años, un indicador alarmante.

Carlos Mauricio Herrera, experto en áreas protegidas de WWF y director encargado de PNCV, advierte que desde hace varios años las presiones para acaparar tierras en esta zona, los cultivos ilícitos, la ganadería y otras problemáticas están impactando negativamente el área. Por eso, desde hace poco más de una década las comunidades indígenas, en conjunto con Parques Nacionales, empezaron a trabajar en un proceso de ampliación del área protegida para así lograr frenar y controlar el avance de estas malas prácticas.

“Desde hace 10 años empezaron a dialogar entre los resguardos y Parques Nacionales para indagar sobre algunas medidas adicionales de protección del territorio por situaciones que ellos identificaban, como la propuesta de construcción de la represa de Besotes, y porque también se estaba viendo que había una expansión muy grande de la frontera agrícola y de otras presiones alrededor de los resguardos e incluso en el interior del área protegida”, resalta Herrera.

Según el experto, todo ese proceso –que empezó en 2015 con la instalación de mesas técnicas para la discusión y que culminó el 14 de marzo con la declaratoria hecha por la ministra Susana Muhamad– no habría sido posible sin el impulso de la comunidad indígena local, que desde hace años tiene una relación cercana con la institucionalidad, advirtiendo problemáticas y desarrollando estrategias para cuidar lo que ellos llaman “la casa grande”, y que jurídicamente se conoce como ‘línea negra’, un área precisada por la Corte Constitucional.

Se trata de un área espiritual, geográfica y cultural que cobija 348 puntos sagrados, como el Parque Nacional Natural Tayrona, el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos y varias Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que según la cosmovisión indígena están interconectados y deben ser protegidos y conservados por igual.

En entrevista con EL TIEMPO, Arregocés Conchacala, cabildo gobernador del pueblo kogui, dice que lo que se buscó con esta ampliación es tener más herramientas para salvaguardar la diversidad y regenerar la naturaleza que existe dentro de esa ‘línea negra’.

“La casa grande es la ‘línea negra’ y al ampliarla se fortalece. Y así reforzamos la recuperación de los sitios sagrados en la parte alta, media y baja. (...) La ampliación es algo que seguiremos haciendo, porque es la única forma de fortalecer la casa grande”, señala Conchacala.

De acuerdo con el cabildo gobernador, aún quedan significativos compromisos desde el punto de vista del Gobierno Nacional, que ha acompañado el proceso, y de ellos como actores primordiales en la zona. Entre estos, empezar a trabajar con el Ministerio de Ambiente en la compra de zonas que están ocupadas por colonos y en el desarrollo de acuerdos con campesinos que hoy habitan el área y no están dispuestos a irse.

“Quedan acuerdos grandes, en la compra, mejora y recuperación de sitios sagrados, y nos toca sentarnos a coordinar lo que vamos a hacer. Aún quedan bastantes compromisos entre ellos y nosotros. No es que la zona se la hayan apropiado, los campesinos han vivido muchos años allí, y el trabajo se hizo coordinado con ellos para la ampliación. Ahora nos toca a las dos autoridades empezar a gestionar y comprar las tierras a los campesinos”, enfatiza el líder indígena.

Las actividades que se prohíben en el área protegida ampliada se extienden a las restricciones de la minería, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, la agricultura a gran escala y la extracción forestal comercial. Por eso, sobre la presencia de predios privados (hoteles, fincas, entre otros), el Ministerio de Ambiente le contó a EL TIEMPO que en el área ampliada del Parque Natural Sierra Nevada se propuso incluir sectores de prioridad ambiental y ancestral que no tuvieran una presencia significativa de campesinos u otros terceros y que pudieran generar conflictos de uso dentro del área protegida.

“Por ende, el área de la propuesta de ampliación del PNN SNSM abarca únicamente zonas dentro de los resguardos indígenas, o de propiedad de los pueblos indígenas”, explica el Ministerio de Ambiente.

No obstante –advierten–, en el proceso de declaratoria de la ampliación “se identificó que en menor medida existen usos y actividades de algunas familias campesinas tales como agricultura de pancoger, cultivos de café y ganadería extensiva. La tenencia de la tierra de estas familias es de ‘mejoras’ o ‘posesiones’ ”.

“En estos casos, la tenencia de la tierra en las ocupaciones campesinas continúa siendo del resguardo, mientras que la propiedad de la mejora es adquirida legalmente e implica que el campesino cumpla con la normativa vigente”, indica la cartera.

En entrevista con EL TIEMPO, Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dijo que en la delimitación, anunciada esta semana, no existe presencia de edificaciones hoteleras.

“En el área protegida o en el polígono –que es el término técnico– no se encontraron hoteles. Hay fundamentalmente poblaciones indígenas, que hacen uso tradicional del territorio, y también existen unas familias campesinas que practican tácticas tradicionales, ninguna a gran escala”, cuenta el director.

Fue enfático al afirmar que “no hay ni habrá hoteles, porque no se podrán construir este tipo de edificaciones”. Olmedo indicó que si bien las familias campesinas allí presentes no generan ningún tipo de problema para la conservación de esta área natural, ellos tienen la posibilidad de vender su terreno.

“Nosotros estamos en un diálogo constante con las comunidades campesinas. Ellos tienen la opción de quedarse y establecer acuerdos con los indígenas para continuar habitando en el parque. Como entidad, les brindamos apoyo y, de hecho, no afectan las dinámicas de conservación”, dice.

Y agrega: “También tienen la opción de vender sus predios. Parques Naturales puede realizar, según normas de avalúo, un ofrecimiento por las fincas. Sin embargo, a veces se presentan dificultades de tenencia de títulos y en esos casos la venta se disputa”.

Por otra parte, el director de Parques Naturales dijo que en esta zona de la ampliación se identificaron 16 biomas, ocho de ellos son nuevos para Parques Nacionales y dos no tenían ninguna representación. Eso significa que estamos conservando más para el país y para la humanidad”. Y añadió que entre los biomas más especiales que se identificaron en sus registros están “los bosques secos”.

El papel de Minambiente Carlos Herrera afirma que una de las claves para que la declaratoria de protección funcionara en los últimos 50 años en el parque “es, precisamente, los esquemas que existen de una gobernanza compartida entre el Estado y las autoridades indígenas”. De ahí la importancia, dice el experto, de fortalecer la gestión en el territorio.

Por eso, el Minambiente explicó a este diario las acciones para garantizar que la zona ampliada del Parque Natural conserve los objetivos naturales. Se trata de cuatro metas estratégicas: el primero consiste en crear mecanismos entre las autoridades indígenas, Parques Nacionales y el Gobierno Nacional para proteger el territorio ancestral de los pueblos iku, kággaba, wiwa y kankuamo, según las competencias de cada autoridad. El segundo se basa en mantener las conectividades integrales de los sitios sagrados de la ‘línea negra’ (delimita, imaginariamente, los territorios ancestrales indígenas), “aportando a la biodiversidad y a los sistemas naturales”. El tercer objetivo estratégico será fortalecer conjuntamente el gobierno propio indígena en su autonomía organizativa, funciones regulatorias, ambientales y sociales.

Y, por último, se trabajará, explicó el Ministerio de Ambiente, en “disminuir las presiones y reforzar las oportunidades de cuidado y conservación identificadas en las situaciones de manejo, implementando conjuntamente acciones de protección y recuperación ambiental y cultural en el Parque Sierra Nevada de Santa Marta”.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE