¿Es efectiva la Operación Artemisa en la protección ambiental?

La Operación Artemisa, la estrategia militar que está implementando el gobierno de Iván Duque para proteger los parques nacionales de la deforestación y de la presencia de grupos armados ilegales, desde el 2019, es poco efectiva y muy costosa, según el nuevo informe ‘Fuerzas Militares y la protección del ambiente: roles, riesgos y oportunidades’, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que será presentado esta semana.

Desde abril del 2019 se han realizado seis fases de esta operación en el parque natural Serranía de Chiribiquete, Picachos, Tinigua y La Macarena, todos ubicados en la región amazónica y en su mayoría con presencia de campesinos.

Si bien el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Defensa aseguran que han logrado recuperar 6.165 hectáreas de bosque y capturar a 56 personas por delitos ambientales, entre otros resultados, el informe de la FIP advierte que el balance costo-beneficio de estas intervenciones es desfavorable para el Estado.

“Algunas estimaciones señalan que un solo despliegue de la Operación Artemisa tuvo un costo de 800 millones de pesos –señala la FIP–, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos fueron dejadas en libertad”.

En total, según le dijo a EL TIEMPO el Ministerio de Defensa, se han invertido 3.000 millones de pesos.

A esto se suma, de acuerdo con Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, “que estas operaciones también están poniendo en riesgo a funcionarios e instituciones que trabajan contra la deforestación”.

Para Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, la efectividad de esta operación se traduce en la reducción de la deforestación en estas áreas protegidas intervenidas.

“Durante el 2019 comparado con el año anterior, la reducción de la deforestación en el parque nacional Picachos fue de casi el 90 por ciento, en Tinigua fue del 37,7 por ciento, en La Macarena fue del 36,7 por ciento y en Chiribiquete la reducción fue del 62,6 por ciento”, le dijo a EL TIEMPO.

Además, asegura que estas intervenciones están acompañadas de un componente social en cabeza del programa Visión Amazonía. Entre los resultados, Lozano destaca que “3.694 familias han firmado acuerdos de conservación del bosque: 64 familias han sido beneficiarias del Incentivo Forestal Amazónico en Calamar, Guaviare, y 3.630 familias participan de actividades agroambientales”.

Durante el proceso de diálogo de paz con las Farc, varios ambientalistas advirtieron sobre consecuencias como, por ejemplo, el vacío territorial en zonas protegidas, lo cual ocurrió en otros países que firmaron acuerdos de paz. Estas advertencias no fueron atendidas por el gobierno anterior. De ahí que los grupos armados ilegales aprovecharan la ausencia estatal para tomar el control de las áreas que dejaron las extintas Farc.

En ese contexto, el gobierno de Iván Duque creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales, del que se desprende la Operación Artemisa. A la fecha, dice el informe de la FIP, 22.000 integrantes de la Fuerza Pública están protegiendo nuestra biodiversidad. Y no están solos: también trabajan en articulación con la Fiscalía, el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas, entre otras instituciones.

El más reciente operativo ocurrió el pasado 3 de septiembre en el parque La Macarena. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indicó que durante la sexta fase de esta operación “fueron capturadas ocho personas, siete de ellas en flagrancia, las cuales están siendo judicializadas por su presunta responsabilidad en los delitos de invasión de áreas protegidas, daño en los recursos naturales y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego”, señaló.

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía, 62 personas han sido judicializadas en el marco de esta operación, datos que no se ajustan a los ya mencionados por el Ministerio de Defensa.

Lo inusual en esto, según Garzón, es que “distintas versiones de la Fuerza Pública sostienen que la mayoría de esas personas capturadas no terminan en la cárcel”. “Hay argumentos cruzados, porque desde la Fiscalía se dice que no hay suficiente material probatorio para sostener esas capturas, mientras que la Fuerza Pública dice que no hay capacidad para avanzar en la judicialización en los delitos ambientales”, explica Garzón.

Según la FIP, el uso de las fuerzas militares a favor del ambiente puede producir resultados positivos, como sucedió en India y Nicaragua, especialmente en prevención de incendios forestales y trabajos pedagógicos con las comunidades. Pero también puede ser un riesgo cuando no se tienen en cuenta a las comunidades que viven en las áreas protegidas.

Esta no es una situación ajena a Colombia. Desde febrero de 2020 se han presentado protestas en los departamentos de Caquetá y Meta, promovidas por campesinos y líderes sociales que rechazan la Operación Artemisa en los parques Tinigua, La Macarena y los Picachos.

Los manifestantes se oponen a los operativos y capturas de personas que, según ellos, apenas sobreviven con los cultivos de pancoger y ganadería que tienen en las áreas protegidas.

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Para José Garzón, vicepresidente de la Asociación Campesina Ambiental Lozada y Guayabero, la Operación Artemisa ha generado más desconfianza entre campesinos y Estado. Asegura que los 20 campesinos y seis menores de edad capturados en marzo de este año, todos están libres con restricción de ingresar a los parques.

“La deforestación no se resuelve con la Operación Artemisa –dice Garzón–. Es más efectivo lo que pueden hacer las comunidades con sus proyectos de conservación, que la misma represión. Además, tenemos un problema de fondo: si no se resuelve la titulación de la tierra, el bosque seguirá sufriendo”.

Para el Ministerio de Defensa, “todos los esfuerzos que se enmarquen en el objetivo de proteger estos activos, que pertenecen a todos los colombianos, siempre van a ser costo eficiente, pues el costo es menor frente a los activos que se están protegiendo”.

Finalmente, desde la FIP hacen un llamado para que la Fuerza Pública encuentre el eslabón más alto en la deforestación, ya que están capturando solo a campesinos.

“Lo importante no es el número de capturas, sino la calidad de esas capturas. En ese sentido, invitamos a la Fuerza Pública a hacer investigaciones más grandes, ya que detrás de la deforestación en estas áreas hay complejas redes criminales en las que incluso participan funcionarios públicos y personas que tienen los recursos para dinamizar la deforestación”, concluyó Garzón.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE