Desde Bridgetown hasta Nairobi y París, ningún país es inmune al agravamiento de los efectos de la crisis climática. Cada año que pasa, somos testigos de una mayor destrucción relacionada con el clima.
Convencidos de que ningún país debería tener que elegir entre luchar contra la crisis climática y combatir la pobreza, hemos decidido contribuir a una ambiciosa reforma de la arquitectura financiera internacional.
El Pacto de París por los Pueblos y el Planeta, la Iniciativa Bridgetown y la Declaración de Nairobi buscan aportar cada uno una pieza del rompecabezas. La dinámica internacional actual nos da esperanzas, pero se necesitan muchos más esfuerzos y no se debería descartar ninguna opción.
Una pieza clave son las tasas de solidaridad. Este tipo de políticas son necesarias para garantizar que todo el mundo contribuya en su justa medida a lo que debería ser un esfuerzo global. Hay segmentos de la economía que tributan poco y que, sin embargo, contaminan el planeta. Es el caso del transporte marítimo, de la aviación y de la industria de los combustibles fósiles, que goza de tasas impositivas efectivas bajas gracias a los subsidios gubernamentales (por un total estimado de siete billones de dólares en 2022, según el Fondo Monetario Internacional).
Estos gravámenes pueden contribuir asignando un porcentaje de los ingresos a los países en desarrollo. Una tasa global del 0,1 por ciento sobre las transacciones de acciones y bonos podría recaudar hasta 418.000 millones de dólares por año. Una tasa sobre el transporte de 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono podría recaudar 80.000 millones de dólares por año. Una tasa sobre la extracción de combustibles fósiles de cinco dólares por tonelada de CO2 podría recaudar 210.000 millones de dólares por año. Incluso una redistribución parcial a través de tasas de solidaridad garantizaría una fuente importante de financiación climática.
Estas tasas ya existen. Más de 30 países aplican un impuesto sobre las transacciones financieras, y al menos 21 tienen un gravamen sobre los pasajes de avión. Para replicar y ampliar estos modelos hace falta una mayor cooperación internacional que limite las distorsiones del mercado y preserve un campo de juego nivelado. Con ese objetivo, el año pasado, en la COP28, pusimos en marcha el Grupo de Trabajo sobre Tasas de Solidaridad Globales. El grupo de trabajo ha venido examinando el potencial de las tasas sobre el transporte, la aviación, los combustibles fósiles y las transacciones financieras, así como explorando opciones como gravámenes sobre los plásticos o las criptomonedas.
A comienzos de 2025 presentaremos públicamente propuestas concretas con evaluaciones de impacto. Estas propuestas serán escalables –recaudarán por lo menos 100.000 millones de dólares por año–.
La COP29 es la oportunidad apropiada para discutir nuestras opciones y encaminarnos hacia el éxito. Es un espacio crucial para garantizar que el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de las Naciones Unidas sobre Financiación Climática incorpore las tasas de solidaridad y destrabe flujos de financiación climática que sean a la vez ambiciosas y equitativas.
Emmanuel Macron, presidente de Francia; Mia Amor Mottley, primera ministra y ministra de Finanzas de Barbados, y William Ruto, presidente de Kenia. Los autores copresiden el Grupo de Trabajo sobre Acciones Solidarias Mundiales.
© Project Syndicate, Bakú.