Billonaria pretensión de concesionario de Doña Juana terminó en 65.000 millones
Tribunal de arbitramento dio a conocer su veredicto en el conflicto entre la Uaesp y CGR.
Editor de BogotáActualizado:
Tras dar a conocer el fallo en el litigio entre CGR, operador del relleno Doña Juana, y la Uaesp, el tribunal de arbitramento condenó al Distrito a pagar 65.000 millones de pesos. Esta cifra es muy inferior a las pretensiones del contratista, que ascendía a 1,2 billones de pesos. Ese era al valor que alegaba por una supuesta insuficiencia tarifaria.
Con este fallo se espera que se le ponga punto final a una relación contractual conflictiva de alrededor de 13 años. Se temía que la decisión podía implicar una billonaria condena a la ciudad o, incluso, ser una sentencia parcial contra el Distrito, como en efecto lo fue.
Pero también, como lo habían planteado algunos juristas consultados por EL TIEMPO, los árbitros designados por las partes le reconocieron algunas pretensiones a CGR, el operador del relleno, y otras a la Uaesp (Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos).
Ante la decisión, la alcaldesa Claudia López señaló en un tuit que analizará en detalle el fallo y anunció que solicitaran las respectivas aclaraciones al tribunal.
"CGR Doña Juana no ganó ni se salió con la suya. Ni los bogotanos tendremos que pagar el billón doscientos mil millones de pesos que pretendían ni podrá obtener nueva licencia para seguir operando el relleno más allá del 2024. El principio del fin del relleno Doña Juana empezó hoy", escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.
También dijo que "los bolsillos de todos los bogotanos, la salud de los bogotanos del sur y el #POTBogotáReverdece han ganado".
En la licitación de la operación del relleno sanitario, realizada entre 2009 y 2010, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) ganó la licitación porque ofreció un descuento del 10 por ciento sobre la remuneración, lo que le dio una ventaja sobre los otros dos proponentes. Sin embargo, poco después de iniciado el contrato empezó a reclamar por los costos de la operación y las tarifas.
El tribunal de arbitramento fue conformado en 2019, solo hasta julio de 2022 las instancias definieron los nombres de los árbitros principales, así fue como quedaron Luis Arturo de Brigard y Alberto Yepes, egresados de la Universidad del Rosario, y Rodrigo Antonio Durán, del Externado. Ellos son quienes estudiaron el litigio y están lunes están pronunciándose sobre las pretensiones de cada una de las partes.
Este organismo tiene plazo hasta el 25 de abril próximo para pronunciarse en el caso entre el operador y la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
Una de las conclusiones del laudo es que los árbitros no accedieron a la solicitud de la alcaldía de Bogotá de dar por terminado el contrato de concesión, sin embargo, sí dejó claro que se mantiene la condición establecida en el contrato, respecto de que la concesión va hasta cuando se cope la capacidad del terreno autorizado por la licencia ambiental de 2014, es decir, irá hasta 2024.
Tampoco les generó la obligaciones al operador por el incumplimiento derivado de no construir la planta de lixiviados. Queda claro también que el operador no está obligado a construir dicha planta. En el laudo de 2018, el primero que promovió CGR, sí se le había obligado a realizar esas inversiones.
Las pretensiones de las partes
En este litigio, el operador CGR, que promovió en 2019 el tribunal de arbitramento, alega una insuficiencia financiera a causa de que, supuestamente, con las tarifas que tuvo entre 2010 y 2018 no alcanzaba a cubrir los gastos e inversiones que realizó en ese periodo por disposición de las basuras y el tratamiento de los lixiviados.
Así, el contratista pretende que la ciudad le pague por lo que, según argumenta, dejó de percibir en los primeros 8 años de la concesión.
Además de esta billonaria pretensión, estimada en cerca de 1,2 billones de pesos, CGR busca, vía tribunal de arbitramento, prolongar el contrato de concesión –que está ligado a que se cope la capacidad del relleno- y les amplíen el plazo de operación.
Desde la Unidad istrativa se proyecta que la capacidad de las zonas dispuestas para la disposición de residuos sólidos termina en el 2024.
Las inconsistencias en los contratos del relleno Doña Juana son las más preocupantes. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
La Uaesp, por su parte, respondió al operador con una contrademanda (demanda de reconvención) en la que busca que el tribunal dé por terminado el contrato de concesión, toda vez que el operador no ha cumplido con las actividades a las que estaba obligado.
Y si los magistrados no toman una decisión al respecto, la Alcaldía Mayor espera que, a través de este laudo, se establezca un plazo perentorio para la terminación del contrato con CGR Doña Juana.
Otro punto clave que argumenta la ciudad es que en las pretensiones del operador del relleno sanitario ya hay cosa juzgada. En efecto, en 2015, el mismo contratista promovió un primer tribunal de arbitramento alegando que no estaba obligado a realizar una serie de actividades e inversiones, entre las cuales se encuentra la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados, la adecuación de la vía principal de y unas obras en taludes.
Dicho tribunal falló en 2018 en contra de las pretensiones de CGR. Además de la imposición de una sanción por incumplir, lo obligó a realizar dichas actividades que, en su momento, se estimaron en 150.000 millones de pesos.
La Uaesp también espera que de una vez se decida sobre la planta de tratamiento y si se va a seguir permitiendo los vertimientos que no cumplen con todos los parámetros exigidos en la licencia ambiental.
Doña Juana Foto:Personería de Bogotá
Cabe recordar que el relleno Doña Juana tuvo una primera licencia ambiental y en 2014 esta fue ampliada, lo que le dio al operador la opción de seguir realizando la disposición final y tratamiento de lixiviados.
Las tarifas también es otra de las pretensiones de la Uaesp. De acuerdo con los alegatos de la entidad, ya en 2018 la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) autorizó, por solicitud del mismo operador, un aumento y en esas nuevas tarifas se proyectaron a futuro los costos de operación de la disposición y del tratamiento de lixiviados. También ha indicado que estas no pueden ser retroactivas a 2010, como busca el concesionario.
En fin, la alcaldía sabe que hay mucho en juego y se resiste a aceptar que pagarle “un solo peso”, como lo dijo la alcaldesa, a un contratista “incumplido” y que estaría buscando, vía judicial, obtener beneficios tanto en tarifas como en temas contractuales.
REDACCIÓN BOGOTÁ
Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
Conforme a los criterios de
Ponte al día
Mis portales
