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¿Quiénes pagarán la megademanda por el relleno sanitario de Doña Juana?

Hoy se dará a conocer fallo de tribunal de arbitramento que tiene el litigio entre Uaesp y CGR.

EDITOR DE BOGOTÁ10.04.2023 19:01 Actualizado: 11.04.2023 00:00

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Este martes en la tarde se conocerá el fallo del tribunal de arbitramento sobre el billonario litigio entre CGR, operador del relleno sanitario Doña Juana, y la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), y que podría ser en contra de la ciudad. De ser así, según las pretensiones del contratista, el Distrito tendría que pagarle cerca de 1,2 billones de pesos.

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Eso es lo que dice el operador que dejó de recibir entre 2010 y 2018, por causa de que la tarifa del servicio de aseo no cubría todos los costos e inversiones que debió realizar en las actividades de disposición final y tratamiento de lixiviados.

Pero de dónde saldrá toda esa plata. Hay dos teorías: una indica que de las tarifas del servicio de aseo y otra dice que de los impuestos.

La primera opción, según juristas y expertos consultados por este diario, no sería posible porque significaría un incremento en las tarifas y el Distrito, a través de la Uaesp, no se encuentra facultado para ello.

La entidad con dicha facultad es la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable). De hecho, esta es una de las controversias planteadas en su defensa por la Alcaldía en el litigio.

Precisamente, fue esta Comisión de Regulación la que, tras recibir la solicitud del Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), autorizó un aumento en la tarifas desde 2018.

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Lo cierto es que, como lo publicó este lunes EL TIEMPO, la última palabra no la tiene el tribunal de arbitramento que se conformó para dirimir el litigio.

Ante el fallo, que podría ser parcial contra el Distrito —como lo han manifestado algunos expertos—, la Uaesp puede acudir al recurso extraordinario de anulación del fallo ante el Consejo de Estado.

Esa figura aplicaría si el tribunal de arbitramento se pronuncia sobre temas que no son de su competencia o que no se hayan pedido en el laudo o por posibles errores, como no haber tenido en cuenta pruebas claves.

Claudia López en el debate de control sobre el relleno sanitario Doña Juana. Foto:Alcaldía de Bogotá

Y junto con esa solicitud puede, como ya se baraja en el Distrito, solicitar la figura de incidente de impacto fiscal, lo que le permitiría a la Alcaldía realizar recortes en el presupuesto, lo que afectaría a diferentes entidades.

En otras palabras, como lo dijo una fuente que pidió no ser citada, “eso es dejar de hacer un colegio, un puesto de salud o un parque o todas las anteriores”.

Esto fue, precisamente, lo que ocurrió con la indemnización a los damnificados de la emergencia sanitaria sucedida como consecuencia del derrumbe en el relleno sanitario en septiembre de 1997.

Por ese hecho, la ciudad fue condenada a pagar 227.440’511.400 pesos —la condena más elevada a la ciudad hasta ese momento— a 174.709 ciudadanos acreditados como víctimas. El operador, Prosantana, a su vez debió responderle al Distrito.

La Defensoría del Pueblo fue la entidad encargada de evaluar la situación e identidad de cada una de las víctimas.

En noviembre de 2014, con la figura de incidente de impacto fiscal, interpuesta a través de la Procuraduría por solicitud de la Alcaldía de Bogotá, la Sala Plena del Consejo de Estado confirmó el fallo y ordenó modular el pago en dos contados.

El argumento fue que se afectaba la sostenibilidad fiscal de las vigencias presupuestales de 2013 y 2014 (en la alcaldía de Gustavo Petro) y las metas establecidas a mediano plazo en el plan de desarrollo Bogotá Humana.

Eso es dejar de hacer un colegio, un puesto de salud o un parque o todas las anteriores

Además, las modificaciones con cargo al Fondo de Compensación Distrital y el traslado presupuestal incidían en la garantía de los derechos fundamentales de los bogotanos, “porque impactan negativamente el sostenimiento de los gastos de los servicios sociales que presta la istración”.

En todo caso, la alcaldesa Claudia Lopéz el 28 de marzo, en un debate en el Senado, dijo que la istración distrital no está dispuesta a pagar un solo peso, al menos mientras ella sea mandataria, a un contratista que ha incumplido y contamina el río Bogotá.

“Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un sólo peso más a un contratista incumplido”, sostuvo López, quien también señaló a CGR de actuar “de mala fe”, de que “dilata” y “miente”.

Cabe recordar que el conflicto entre el Distrito y el Centro de Gerenciamiento de Residuos no es nuevo. De los 13 años que la firma concesionaria lleva con la operación de Doña Juana, ocho han sido de conflictos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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