La Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por 10 años al juez Promiscuo Municipal de Urumita, La Guajira, Vladimir Ernesto Daza Hernández, quien demoró por meses la devolución de dineros destinados para la salud de los colombianos que estaban cobijados por medidas cautelares.
Los hechos se relacionan con la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom EPS), pues aunque se ordenó la liquidación de esta, Daza Hernández demoró el envío de los dineros que tenía embargados.
El juez, quien también responde en procesos penales por presunta corrupción, está prófugo de la justicia y fue incluido en el cartel de los más buscados por la Policía en La Guajira.
En primera instancia, el juez ya había sido sancionado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira y, en segunda instancia, dicha sanción fue confirmada por la Comisión Nacional.
La comisión determinó que la conducta del juez fue “sustancialmente ilícita porque afectó el deber funcional de proceder conforme a derecho y se produjo un daño, en tanto se siguió adelante con un proceso que debía terminarse por disposición legal”.
Para la corte, dentro del proceso disciplinario se pudo establecer con claridad que el juez tuvo la voluntad de infringir el ordenamiento jurídico al dar continuidad al trámite de embargo y otras actuaciones que eran de su resorte.
En la ponencia del magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hizo además un llamado de atención a los jueces de la República para que resuelvan con prontitud las solicitudes de levantamiento de embargos y el envío de los procesos a las entidades que estén en proceso de liquidación.
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