Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se refirió a la controversia en torno a la posible designación de Diego Cancino en la dirección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad de economía mixta vinculada a su ministerio.
El nombramiento de Cancino ha estado rodeado de una fuerte polémica, luego de conocerse la denuncia por supuesto acoso sexual que interpuso la asesora del Ministerio del Interior Viviana Vargas, quien señaló que el 9 de octubre el funcionario le habría hecho tocamientos indebidos en distintas partes de su cuerpo, incluso intentando besarla a la fuerza, algo que él salió a negar en un comunicado del domingo.
Es por ello que el ministro Bonilla, al ser cuestionado sobre la permanencia de Cancino en el cargo pese a las acusaciones, el ministro comentó: “No hay decreto de nombramiento, entonces si no hay decreto de nombramiento, es un hipotético nombramiento”.
Sin embargo, Bonilla evitó ahondar en detalles, lo cual ha generado inquietudes, toda vez que fue Presidencia la que hizo pública la hoja de vida de Cancino como aspirante al cargo que dejó Daniel Rojas, cuando fue nombrado ministro de Educación.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, apenas supo lo de la asesora de su cartera la llamó a extenderle un mensaje de solidaridad, cuestionando cualquier tipo de violencia de género y de abuso de poder. Precisamente, esta serie de conductas son las que se presentan en otras denuncias documentadas en los medios.
La situación de Cancino no es única. Se suma a las varias denuncias contra funcionarios del Gobierno y del Congreso en las que las mujeres son víctimas de violencia de género. Antes de que se conociera el caso de Vargas, el país venía hablando de la presunta violencia sexual que ejerció el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado César Lorduy, en contra de la representante Ingrid Aguirre.
Ella contó que este político de Cambio Radical le habría dicho que podía pagarle con su cuerpo un favor que le podía hacer para favorecer una candidatura a la Alcaldía de Santa Marta en septiembre del año pasado.
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