La primera semana de diciembre estuvo marcada por el deterioro de la situación de orden público en cuatro departamentos. Masacres, desplazamientos y secuestros estuvieron en el orden del día en Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare. Una ola de violencia por la que la Defensoría del Pueblo pidió a los grupos armados respetar los principios de proporcionalidad y distinción hacia la sociedad civil, y al Gobierno reactivar las mesas de diálogo con el ELN y las disidencias de 'Calarcá'.
La defensora Iris Marín mostró su preocupación por las graves vulneraciones de estructuras organizadas "que continúan afectando tanto a las comunidades de esos departamentos como de otras regiones de Colombia".
Defensora de Pueblo, Iris Marín Ortiz. Foto:Defensoría
El recuento de las afectaciones por el que encendió las alarmas incluye el saldo de 11 personas muertas por enfrentamientos entre las disidencias de alias 'Calarcá' y el grupo 'Comandos de la frontera', dos facciones residuales de las extintas Farc que se disputan el control territorial.
También el secuestro "de mujeres entre octubre y noviembre del año en curso en los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, en Caqueá. Una de ellas se encuentra en estado de embarazo", informó el Ministerio Público.
El Eln está en conversaciones de paz con el Gobierno Nacional. Foto:Archivo El Tiempo
A la lista se suma otro secuestro, el de siete del Frente 19 del Estado Mayor Central, uno de ellos menor de edad, a manos del ELN, grupo que, tras desarmarlos, los trasladó a un destino desconocido. El crimen ocurrió en Cesar, en la Serranía del Perijá, el 24 de octubre pasado.
A pocos kilómetros de distancia, en el municipio de La Paz, zona roja por la presencia de estos grupos armados, dos adolescentes fueron retenidos por el Frente 19, acusados de robo a ganaderos y campesinos.
Disidencias del Estado Mayor Central. Foto:AFP
Y en Guaviare, cuatro personas fueron masacradas en Puerto Cumare, el pasado 2 de diciembre. Una de las víctimas era un psicólogo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.
"Ante estos hechos, ocurridos en tan poco tiempo, les exijo a los grupos armados ilegales respetar el derecho internacional humanitario (DIH), en particular los principios de precaución, proporcionalidad y distinción respecto de los civiles y de las personas que han dejado de participar directamente en las hostilidades", reclamó Marín.
La cabeza del Ministerio Público también pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto y, además de investigar los hechos, ofrecer rutas de respuesta para proteger a las poblaciones más vulnerables: mujeres, niños y líderes sociales, del accionar violento de los grupos no estatales.
Pancartas disidencias en Cali Foto:Archivo particular
Finalmente instó al Gobierno a insistir en las negociaciones con estas estructuras, poniendo sobre la mesa dos puntos condicionales: el respeto por los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario, y que el Eln y las disidencias bajo el mando de 'Calarcá', particularmente alias Andrey, mantengan acuerdos de carácter humanitario que minimicen los enfrentamientos entre ellos que dejan a la población civil en medio del fuego cruzado.
"La Defensoría del Pueblo seguirá trabajando para proteger los derechos humanos de quienes más lo necesitan, promoviendo espacios humanitarios y exigiendo respeto por la vida y la dignidad de las personas afectadas por el conflicto armado interno", manifestaron.
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