La alerta de la Defensoría del Pueblo por nueva ruta de migración inversa sin control en Chocó

Entre 20 y 40 migrantes al día cruzan de vuelta el tortuoso camino que recorrieron hace meses con la esperanza de llegar y sentar bases en Norteamérica. Sin embargo, se toparon con barreras legales, como las duras políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos, y ahora deben enrutarse de regreso. En Colombia, las mismas redes de tráfico que, bajo precarias condiciones humanitarias, los empujaron hasta la frontera, son las que ahora los transportan desde Panamá hasta Buenaventura, en el paso del brazo más angosto del mapa, cercado por la tupida selva del Darién.

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La Defensoría del Pueblo se trasladó durante una semana a esta zona limítrofe y, de primera mano, desnudó fenómenos preocupantes que enmarcan lo que se conoce como migración inversa. Encontró que este nuevo flujo tiene dos corredores de paso: el primero, por el mar Caribe, desde Capurganá; el segundo, por el Pacífico, a través del corregimiento de Jaqué, en la provincia panameña del Darién, desde donde los migrantes son embarcados hacia el suroccidente colombiano.

Deben pagarles nuevamente a las mismas redes que los llevaron hacia el norte, ahora por ‘paquetes’ de paso en sentido contrario, con rumbo a Buenaventura.

Una de las vulneraciones identificadas por el equipo de delegados de la entidad fue el aprovechamiento de la escasa presencia estatal para trasladar a los migrantes, sin ningún tipo de control, únicamente hasta Juradó, Ciudad Mutis o El Valle, en Bahía Solano, Chocó.

Según los resultados de la observación in situ, las personas con algunos dólares de más se alojan en hostales, otras duermen en andenes o en los parques principales de los cascos municipales. Todos estos, anota la entidad, sin la infraestructura ni la respuesta institucional de la magnitud necesaria. Como esta ruta no existía, el foco estaba puesto en la entrada por el Caribe.

“Encontramos que niñas y niños vienen con personas adultas que no son sus padres, pero tampoco familiares; además, que no tienen identificación. Esto pone en riesgo la integridad de las y los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional. Adicionalmente, llegan sin permiso de ingreso y salida”, manifestó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

A los pesares del camino ‘de bajada’, la explotación, desprotección, las dificultades de las personas con discapacidad y la barrera idiomática –todas estas enumeradas por la Defensoría–, otra problemática se les atraviesa a los migrantes durante su paso por el departamento. En Chocó se ha acrecentado la presencia de grupos ilegales como el Eln, el ‘clan del Golfo’ y un tercer actor que se sumó recientemente a la disputa territorial: las disidencias de las Farc.

La visita de la Defensoría responde al seguimiento de la Alerta binacional con Panamá 001 de 2023, en la que se hizo una radiografía del fenómeno migratorio y se trazó una ruta de cooperación para atender la crisis humanitaria.

“Al margen de las particularidades contextuales de cada Estado, lo cierto es que, a la par de las dinámicas migratorias y del tráfico de migrantes que se despliegan en los corredores que comunican a Colombia y Panamá, han quedado en evidencia los graves riesgos de violaciones de derechos para la población migrante proveniente de nacionalidades diversas y, además, con un alto grado de vulnerabilidad y desprotección social por falta de capacidad institucional, así como el fuerte impacto humanitario que afecta, en sumo grado, su vida y dignidad humana”, se lee en el documento.

En su momento se advirtió cómo el conflicto armado y el crimen organizado incidían en los procesos migratorios y agravaban la ya de por sí precaria situación de derechos humanos de esta población, que apenas iniciaba su viaje de ida; una realidad que persiste en este nuevo contexto inverso.

Entre los riesgos que se enumeraron están el peligro de atentados con minas antipersonal y munición sin explotar, así como artefactos explosivos improvisados sembrados por grupos armados, principalmente el ‘clan del Golfo’, que ejercía un poder hegemónico. Su dominio sobre las rentas ilícitas del tráfico de migrantes –actividad ilegal que, según la Defensoría, también es operada por otras estructuras nacionales y transcontinentales– aumenta la exposición de esta población a posibles reclutamientos e instrumentalización para el tráfico de armas, sustancias ilegales o explotación sexual y laboral.

Del lado panameño, también se ha identificado un posible fortalecimiento de grupos de delincuencia local, que adoptan distintos métodos de violencia para generar terror e intimidación sobre la población migrante. Por estos riesgos, la entidad pidió a la institucionalidad colombiana en su conjunto poner en marcha “planes y acciones para, como primera medida, atender a la población migrante cuanto antes”.

“La Alerta Temprana Binacional aplica para los distritos de Pinogana y Chepigana y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala, en la provincia panameña del Darién. Su trabajo en el territorio es necesario para mejorar los controles migratorios y asegurar que a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores les sean garantizados sus derechos”, exhortó Marín.

Esta advertencia se suma a la que hace unas semanas había hecho la Procuraduría General. Según la otra entidad que compone el Ministerio Público, este tema puede desbordarse si no se controla a tiempo. “Ese es un fenómeno nuevo que nos tiene a todos en alerta y frente al cual la Procuraduría viene haciendo varias cosas”, le dijo a EL TIEMPO en su momento el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna.

EL TIEMPO conversó con la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien habló del tema. 

En el seguimiento periódico que la Defensoría del Pueblo le hace a la Alerta Temprana Binacional Colombia-Panamá 001 de 2023 (AT 014-23 para Colombia y AT 001-23 para Panamá), la entidad se dirigió hasta la zona norte del Chocó, concretamente a los municipios de Juradó y Bahía Solano, y a sus zonas rurales, y se identificó la nueva ruta de migración a la inversa. Es decir, por el océano Pacífico es la que ahora están utilizando las redes que se aprovechan de la necesidad de las personas de distintas nacionalidades de volver a sus países de origen, teniendo como puente la zona occidental de Colombia.

Es preciso aclarar que, contrario a lo que sucede en las rutas migrantes y migrantes a la inversa en la zona atlántica, donde hay control hegemónico de un solo grupo armado ilegal (el Ejército Gaitanista de Colombia, Egc), del lado Pacífico hay dos estructuras en disputa (el Egc y la guerrilla del Eln). Esto agrava los riesgos para las personas migrantes, como también la actual época de lluvias que genera inundaciones, las dificultades para transportarse y la debilidad en los controles migratorios; todo acrecienta la vulneración de sus derechos fundamentales.

A lo largo de estos trayectos, el tráfico de migrantes continúa representando un serio peligro, ya que durante su desplazamiento suelen ser captados por redes criminales que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad. Es frecuente que las personas migrantes sean objeto de extorsiones, maltratos físicos, explotación sexual o incluso sean abandonadas en lugares remotos y peligrosos. Según cifras del informe de monitoreo de la Migración Irregular en Tránsito, realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Migrantes, en el año 2025 se han reportado 12 capturas por el delito de tráfico de migrantes.

En cuanto a las rutas utilizadas para los flujos migratorios inversos, se exhorta a las instituciones gubernamentales competentes a implementar planes que permitan atender, de forma inmediata, a la población migrante que se encuentra en Juradó, para evitar una crisis humanitaria. Ante el fenómeno de migración inversa, es necesario tener mecanismos efectivos para verificar el parentesco de niñas y niños con acudientes acompañantes, para prevenir el riesgo de trata, explotación sexual y otras violaciones de derechos. Es necesario coordinar respuestas entre los gobiernos en los países de origen, tránsito y acogida, para mitigar estas vulneraciones y reducir los riesgos para la población en tránsito. Resulta imperativo implementar puntos de asistencia a migrantes y facilitar mecanismos de denuncia en caso de vulneración de derechos, incluyendo oferta de opciones digitales y líneas de atención multilingües.

Redacción Justicia