Conflicto afectó a más de 700.000 personas entre enero y abril, según la ONU: ataques explosivos aumentaron 98 %

Entre enero y abril, el número de víctimas del conflicto armado se cuadruplicó en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así lo reveló el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), que documentó, durante este lapso, más de 700 mil colombianos afectados por el accionar de los grupos armados ilegales.

Estos números coinciden con la peor emergencia humanitaria registrada en el Catatumbo, donde el escalamiento de las hostilidades entre el 'frente 33' de las disidencias de las Farc y el Eln provocó una ola de desplazamientos, confinamientos y homicidios que superaron todos los registros. Solo en ese enero, en la región, el número de víctimas de estos tres hechos superó las 80.000.

Las más de 60.000 personas que huyeron de sus municipios y, en menos de una semana, se refugiaron en albergues improvisados y lugares de paso en Cúcuta y su área metropolitana, representa casi la mitad del total de desplazados registrados en todo 2024. Según el mismo organismo multilateral, ese año hubo 176.000 víctimas de desplazamiento forzado.

Con los datos reportados por la OCHA, cada día en Colombia unas 5.900 personas sufren alguna de las consecuencias humanitarias del conflicto. Se registraron más de 65.900 víctimas de desplazamiento en eventos masivos —como el ocurrido en el Catatumbo— y al menos 547.300 colombianos vieron restringida su libre movilidad.

En ese panorama, el confinamiento, con más de 75.000 víctimas, aumentó un 59 por ciento. Toques de queda, paros armados y combates fueron algunas de las estrategias criminales que los grupos armados impusieron para supeditar a las comunidades a sus lógicas de control.

El Eln, por ejemplo, ha decretado una decena de paros armados en menos de dos años en el Bajo y Medio San Juan, en Chocó. Uno de ellos ocurrió en plena temporada invernal —la peor en décadas— e impidió la llegada de ayuda humanitaria a al menos siete municipios.

Una situación similar vivieron más de 7.300 habitantes de la frontera entre Putumayo, Amazonas y Caquetá, también por un paro armado impuesto por las disidencias de las Farc, que prohibió el tránsito fluvial por el río Caquetá, bloqueando la llegada de enseres y restringiendo el a bienes y servicios básicos.

En abril, las emergencias humanitarias derivadas del conflicto —desplazamiento y confinamiento— se registraron en al menos 12 departamentos, con especial concentración en la región Pacífico, la Orinoquía-Amazonía y el norte del país.

“Estas emergencias han generado suspensión de clases, afectando especialmente a niñas, niños y adolescentes. Entre enero y abril de 2025 se registró un aumento del 112 % en víctimas de violencia contra civiles, incluyendo amenazas, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual”, se lee en el informe.

Otra de las cifras que se disparó fue la de ataques con artefactos explosivos, que aumentaron un 98 por ciento. Los observadores internacionales advierten sobre el uso de minas antipersonales y drones cargados con explosivos. Las zonas más afectadas han sido las rurales y urbanas del Cauca, donde se concentra el 24 % de estos eventos, seguido por Norte de Santander, donde, hace apenas dos semanas, un menor murió por un dron enviado por el ‘frente 33’ de las disidencias.

Además de la amenaza armada, la Ocha reportó fenómenos naturales que agudizan la situación humanitaria en zonas afectadas por el conflicto, impactando al menos a 243.000 colombianos.

En La Mojana, una llanura inundable atravesada por la depresión Momposina y con presencia del ‘clan del Golfo’, unas 80.000 personas se vieron afectadas por inundaciones a gran escala.

En el Meta, donde las disidencias de 'Iván Mordisco' y las de alias 'Calarcá' se disputan el control territorial, también se registran inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas que han dejado un saldo de al menos 9.000 damnificados. Una situación similar viven las comunidades en Putumayo, Caquetá y Amazonas, zonas tropicales donde, además, se reportó una epidemia de fiebre amarilla.

Para el exministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, dos focos recientes explican gran parte de la escalada de violencia: Chocó y el Catatumbo, los cuales no son hechos aislados, sino la reactivación de los grupos armados por el control territorial.

Germán Valencia Agudelo, doctor en estudios políticos, señala que el 2025 arrancó con ceses al fuego vigentes tanto con el ELN como con el Estado Mayor Central (EMC), aunque en un estado de parálisis, lo que, contrario al objetivo del Gobierno, terminó no solo fortaleciéndolos, sino intensificando las disputas entre grupos, dejando en medio a los civiles.

"La falta de acuerdos sólidos y las rivalidades entre estructuras armadas llevaron a que los combates por el control territorial se intensificaran en al menos once puntos críticos del país: Norte de Santander, Arauca, Huila, Meta, Antioquia, Vichada y Caquetá, entre otros", dijo.

Para el general (r) Juan Carlos Buitrago, la lectura es más estructural. “La situación se debe al mal gobierno. No fuimos el país de la vida ni de la seguridad humana, y menos de la paz total. Somos campeones en producción de cocaína y subcampeones en crimen organizado y corrupción, según el Indicador Global del Crimen 2025”, sostiene.

Según Buitrago, nunca antes las economías criminales habían tenido tanto despliegue como hoy. Instituciones clave operan bajo anarquía y corrupción, lo que limita la capacidad del Estado para contener las dinámicas violentas.

Desde el análisis de Indepaz, la investigadora Juana Cabezas hace énfasis en los puntos de confrontación abiertos en zonas como el Catatumbo, el Cauca y el Magdalena Medio. Allí, pese a las conversaciones iniciadas por el Gobierno, las disputas no cesaron y los intereses ligados a economías ilegales prevalecieron.

“Los grupos armados hicieron sentir su voluntad, pero también su interés en proteger estas economías. El Estado propuso salidas negociadas, aunque con errores, mientras los grupos se mantuvieron en clave de control territorial”, dice Cabezas.

El investigador Luis Fernando Trejos ofrece un diagnóstico detallado de los principales detonantes del repunte violento:

La ruptura de la mesa con el EMC y la ofensiva del Ejército en el cañón del Micay provocaron una reacción terrorista del EMC en el Cauca y los paros armados del ELN en el sur del Chocó causaron confinamientos masivos.

"La ofensiva del ELN en el Catatumbo generó el desplazamiento forzado de más de 50.000 personas. Las guerras entre grupos armados dejaron a la población atrapada en el fuego cruzado en territorios del Pacífico, Guaviare, sur de Bolívar, Valle y Antioquia", dijo Trejos.

Como señala Laura Bonilla, el reto no es menor: “Se necesita más capacidad estatal, más apoyo internacional y tomarse en serio las alertas tempranas. De lo contrario, el costo lo seguirá pagando la población civil”.