Cuando era inminente la suspensión, por decisión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), de la alimentación que brinda la Nación a personas presas en centros de detención transitoria, como URI y estaciones de Policía, el Ministerio de Justicia indicó que se llegó a un acuerdo para que esto no suceda.
Ya varios sectores, incluyendo las asociaciones de ciudades capitales y ciudades intermedias, habían advertido de la gravedad de que esto ocurriera pues se estaría dejando sin comida a más de 20.000 personas que están recluidas en estos centros transitorios.
Ministro de Justicia, Néstor Osuna Foto:Cesar Melgarejo. EL TIEMPO
Al respecto, el Ministerio de Justicia informó que con acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría, se logró un acuerdo para que la Uspec garantice que no se suspenda el suministro de alimentación.
En la mesa de trabajo para llegar a este acuerdo también participaron la Uspec, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, y Fedepartamentos.
De allí salieron varios acuerdos, siendo el primero que la Uspec prorrogará el actual contrato de alimentación hasta el 31 de octubre de 2023, para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio en los centros de detención transitoria.
También se acordó dar trámite expedito a un proyecto de ley para darle la competencia provisional a la Uspec para que pueda continuar brindando el servicio de alimentación en los centros de detención transitoria hasta el 30 de junio de 2024.
Además, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos y la Uspec solicitarán a las autoridades locales de los municipios y departamentos que en los presupuestos de la vigencia 2024, que dejan aprobados las actuales istraciones, incluyan lo necesario para asegurar los recursos en esta materia.
Mesa de trabajo del Ministerio de Justicia para llegar a acuerdo sobre alimentación a presos que están en centros de detención transitoria. Foto:Ministerio de Justicia
También se acordó mantener la mesa técnica con la presencia de los diferentes actores, para mantener la articulación Nación y territorios frente al sistema penitenciario y carcelario.
Sobre estos acuerdos el ministro de Justicia Néstor Osuna destacó que ahora ninguna persona privada de la libertad se va a quedar sin recibir su alimentación.
“Simultáneamente, vamos a explicar a la Corte Constitucional por qué los entes territoriales no pueden asumir de inmediato esta competencia, para que el alto tribunal determine un marco temporal transitorio para que la Uspec deje de asumir esta obligación, sin que se generen traumatismos para las personas privadas de la libertad y sus familias”, concluyó Osuna.
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