Perú se enfrenta a juicio internacional ante la Corte IDH por caso de esterilización forzada, ¿qué viene?

Celia Ramos falleció en 1997 como consecuencia de ser sometida a una esterilización forzada como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar establecido bajo el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000) y en un contexto de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

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Durante la intervención quirúrgica, Celia sufrió un paro respiratorio y ni el personal de salud ni el centro médico contaban con los recursos ni la capacidad para atenderla por lo que Celia falleció 19 días después.

Ahora, casi 30 años después, por primera vez en la historia, un caso de esterilización forzada de Perú llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en un audiencia que tuvo lugar este jueves 22 de mayo en Ciudad de Guatemala y de la que participaron la familia de Celia Ramos y su defensa legal conformada por la organización feminista Demus - Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer-, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos, quienes han llevado el caso ante el máximo tribunal de derechos humanos de la región, buscando justicia para Celia y miles de víctimas más.

En 1997, Celia Ramos de 34 años y oriunda de Piura, acudió a un puesto de salud buscando atención médica. Desde ese momento, fue objeto de presiones y desinformación por parte de personal de salud, que incluso la visitó varias veces en su casa dándole información incompleta e imprecisa para forzarla a someterse a un procedimiento de ligadura de trompas, vulnerando su derecho al consentimiento libre, informado y previo. 

Celia murió 19 días después como consecuencia de esa ligadura de trompas. Fue una de las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas, ocurridas en un contexto de conflicto armado interno en el Perú.

El caso de Ramos fue presentado por Demus ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, y en 2021 en el Informe de Fondo se declaró la responsabilidad del Estado peruano por la violación de sus derechos y se le recomendó adoptar medidas de reparación y no repetición. 

Sin embargo, al no presentarse avances en el cumplimiento de las recomendaciones, la Comisión envió el caso a la Corte IDH en junio de 2023. 

CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos se sumaron a la representación del caso ese mismo año.

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Demus, CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos, como organizaciones colitigantes, aseguraron que el objetivo de esta audiencia y del litigio es que la Corte establezca la responsabilidad del Estado peruano por estos hechos, considerados un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. 

Agregaron que esperan que la sentencia de la Corte permita hacer justicia y garantizar reparación para miles de víctimas y sus familias, así como para las sobrevivientes que aún sufren las devastadoras consecuencias de estos procedimientos.

El pasado viernes 2 de mayo, la Corte IDH hizo público un pronunciamiento en el que le ordena al Estado peruano garantizar que las representantes de la organización peruana Demus puedan ejercer libremente la representación legal de Celia Ramos ante su tribunal, sin estar expuestas a ningún tipo de represalia. 

Esto, debido a la aplicación de la recientemente promulgada “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, llamada desde la defensa de los derechos humanos como “Ley Anti Justicia”, que obstruye la defensa legal para juicios en los que el Estado está involucrado o acusado.

Durante el segundo mandato de Alberto Fujimori (1995-2000), el gobierno peruano implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, cuyo objetivo oficial era reducir la pobreza mediante el control de la natalidad, especialmente en zonas rurales y empobrecidas. 

No obstante, bajo esta política se realizaron decenas de miles de esterilizaciones sin el consentimiento libre e informado de las mujeres, en su mayoría indígenas y quechua-hablantes, lo que posteriormente fue denunciado como una violación masiva de derechos humanos.

Las campañas se llevaron a cabo con una fuerte presión desde el Estado, a través de metas impuestas al personal médico y recompensas por cada mujer esterilizada. 

Muchas víctimas han testificado que fueron engañadas, amenazadas o incluso intervenidas quirúrgicamente sin haber comprendido el procedimiento, debido a barreras lingüísticas o falta de información. En algunos casos, se les hizo firmar formularios después de haber sido operadas, o bajo coerción.

Según datos oficiales, entre 1996 y 2000 se realizaron más de 270.000 ligaduras de trompas, y más de 22.000 vasectomías. De ellas, al menos 2.000 casos han sido reconocidos como esterilizaciones forzadas. 

En cuanto al número de muertes atribuibles directamente a estas esterilizaciones, se han documentado al menos 18 casos confirmados, como el de Celia Ramos . Sin embargo, organizaciones como la ONU y la Defensoría del Pueblo han señalado que la cifra real podría ser considerablemente mayor, aunque la falta de autopsias y registros dificulta una estimación precisa.

Estas organizaciones denunciaron estas prácticas y exigieron justicia para las víctimas, muchas de las cuales aún sufren secuelas físicas y psicológicas.

Pese a las denuncias, el proceso judicial ha sido lento y complejo, por lo que el proceso ante de la Corte IDH brinda esperanza a las víctimas que continúan reclamando reparación y verdad.