635 niños reportados como desaparecidos solo en Bogotá este año prenden las alarmas: ¿Qué hay detrás de cifras?

Un análisis realizado por el observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, en cabeza de Andrés Nieto, experto en temas de esta índole, alertó sobre lo encontrado en los reportes de denuncia del Instituto Nacional de Medicina Legal que hablan de 288 desapariciones de niños este año, solo en Bogotá, con corte a octubre. Y según explicó, esta cifra corresponde a aquellos que aún no han aparecido y no se tiene información sobre su paradero. Eso quiere decir que en cada uno de estos casos algún familiar reportó dicha situación.

Según Nieto, este panorama ya requiere una atención especial porque la responsabilidad no es solo de la Policía o de la Fiscalía y todas sus dependencias a nivel nacional, aunque manejen el mecanismo de búsqueda urgente, sino que todas las entidades del Estado deben reaccionar.

Si bien en los últimos años se ha hecho énfasis en la desaparición y el reclutamiento forzado, en este problema han surgido unas nuevas dinámicas, especialmente en las grandes urbes. “En lo corrido del 2024 de acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal, de la Personería y de la Defensoría del Pueblo, alcaldías locales y la Secretaría de Gobierno, la Policía y la Fiscalía se han reportado 4.862 personas desaparecidas en todo el país y de estas el 32,5 por ciento son menores de edad, es decir, 1.581”.

El analista agregó que el rango de edades de 12 a 17 años tiene el mayor porcentaje con el 87 por ciento de los casos y que cuando se habla de cuántos de estos menores aparecieron se tiene que solo el 44,3 por ciento estaban vivos, el 55 por ciento continúan desaparecidos y el 0,5 fueron hallados muertos.

En cuanto a las nacionalidades, la colombiana sigue siendo la más afectada con 1.344 casos y a esta le sigue la venezolana con 147. Y si de Bogotá se trata, el panorama no es distinto, pues en lo corrido de este año se han reportado 635 menores de edad desaparecidos por alguien de su red familiar y coincide con la tendencia a nivel nacional con que las edades de 12 a 17 años está el mayor porcentaje de afectados con el 88 por ciento de los casos. “De estos 635 casos, 288, es decir, el 45 por ciento continúa desaparecido, 345 aparecieron, es decir, el 54 por ciento y dos fueron hallados muertos con el 0,3 por ciento”.

Para el experto es muy importante que, frente a semejantes cifras, se siga pensando que hay que esperar entre 48 y 72 horas para buscar a una persona, pues todas las entidades deberían reaccionar. Dentro de los mecanismos de búsqueda urgente que maneja la Fiscalía General de la Nación se entiende que en cualquier momento el adulto responsable o quien tenga la patria potestad de los menores de edad puede reportar la desaparición y se tiene que activar el protocolo e involucrar a todas las entidades del Estado.

Nieto dijo que con el tema de engaños que terminan en la desaparición de una persona y los problemas de violencia intrafamiliar que inciden en que los niños salgan de las casas son temas que se deben ‘poner sobre la mesa’ de manera urgente. “Otro tema muy importante es el de las redes sociales, hay que hacerle seguimiento urgente. Las víctimas de trata, por ejemplo, no son conscientes de que son víctimas de este delito porque se ha materializado el discurso de que la trata solo se configura cuando la víctima sale del país y esta es con fines sexuales. En esto hay fines comerciales, laborales, entre otros, y muchas veces los afectados no salen del país”.

Por último, no hay que olvidar la gravedad de los temas de índole económica en temas tan graves como los préstamos ‘gota a gota’ y la violencia que utilizan estas redes para cobrarles en dinero a sus ‘s’. “Muchas veces estas personas terminan desapareciendo del mapa”.

EL TIEMPO consultó al Instituto Nacional de Medicina Legal y a la Secretaría de Seguridad, quienes se pronunciarán sobre el tema en el trascurso del día.

La concejal de Bogotá, María Clara Name, dijo que es lamentable y muy preocupante que Bogotá sea una de las ciudades con más casos de niños desaparecidos en el país. “Le pedimos al gobierno nacional que se reglamente la Alerta Rosa, que fue sancionada el año pasado por el presidente Gustavo Petro. Se debe poner en funcionamiento en todos los rincones del país”.

Se trata de un mecanismo de búsqueda inmediata que se activará en todo el territorio nacional, incluidas zonas de frontera, terminales aéreas, terrestres y marítimas, cuando se reporte la desaparición de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en Colombia.

El decreto autoriza el uso de una aplicación que permite la activación de un mensaje de alerta a las autoridades nacionales y locales, los medios de comunicación, las juntas de acción comunal, los vecinos del barrio, los bomberos, entre otros, para ayudar a buscar a la posible víctima de desaparición.

La activación de la alerta estará a cargo de la Policía Nacional, que suministrará todos los elementos de información que permitan identificar y ubicar a la persona buscada.

Los datos se enviarán, de manera inmediata y por diversos canales, a zonas de frontera, terminales terrestres, aéreas y marítimas, para evitar que trasladen a la víctima de la zona.

La medida, que reglamenta la Ley 2326 de 2023, fue firmada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, quien advirtió que “el éxito de esta iniciativa depende de la rápida transmisión del mensaje de alerta a las entidades estatales y a la ciudadanía, para que se sumen a la búsqueda de la persona desaparecida”.

La idea es que las líneas 122, 123, 155 y 141 deberán disponer de una opción especial para reportar los casos en los canales institucionales previstos en la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Asimismo, los operadores de telefonía móvil deberán garantizar el envío del mensaje oficial de alerta a través del celular.

El decreto también activó el Comité de Coordinación Nacional de Alerta Rosa, instancia que debe garantizar la coordinación de las acciones de búsqueda. Esta operatividad será integral y articulada entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, las entidades del Gobierno Nacional, los organismos de control, con el apoyo de las entidades territoriales y la sociedad civil, para atender con celeridad los casos de desaparición.

El Comité de Coordinación deberá elaborar, planificar, coordinar, impulsar, implementar y evaluar acciones de prevención de la desaparición, así como la protección de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en sus diversidades dadas por desaparecidas, incluyendo la desaparición forzada.

Name agregó que esta funcionaría como la alerta Amber en otros países del mundo. “Podríamos ayudar a muchas familias que están buscando a sus seres queridos. También es importante que la Fiscalía General de la Nación cree la Unidad especial de investigación de delitos contra menores de edad en Colombia. Actualmente, tienen aproximadamente el 90 por ciento de impunidad contra los agresores”.

Agregó que es evidente la falta de celeridad en las investigaciones. “Eso genera más niños desaparecidos, maltratados y violentados, por eso esa Unidad debe ser prioridad”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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