Cazadores de vehículos robados: ¿Aliados o un riesgo para la seguridad en Bogotá?

Una motocicleta que fue robada en la localidad de Kennedy apareció en Los Mártires. En cuestión de minutos se emitió una alerta, y el grupo de reacción de la empresa de seguridad Self Security llegó hasta la coordenada que marcaba el GPS. Dentro de un local comercial estaba el vehículo; de no haber sido encontrado a tiempo, seguramente habría terminado vendido por partes.

Lo positivo del caso fue la recuperación de la moto; lo negativo, uno de los operadores de la empresa de seguridad fue apuñalado con un destornillador, hubo otros afectados por lesiones personales en medio de una violenta riña que ocurrió en el plan de rescate, antes de que llegara la Policía. Este episodio abrió una discusión sobre el alcance de estas empresas que garantizan recuperar, a cualquier costo, vehículos hurtados.

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Si bien las autoridades han insistido en fortalecer el trabajo con la ciudadanía y los privados como principal estrategia contra el delito, expertos en seguridad ciudadana y concejales de Bogotá señalan que el accionar de este tipo de servicio podría promover la justicia por mano propia, por lo que hay que ser muy precisos sobre sus funciones.

Para Andrés Nieto, del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, este tema deja ver la delgada línea que existe en términos jurídicos frente a este tipo de servicios. Además, agrega que las funciones de la Policía no deben ser sobrepasadas bajo ninguna circunstancia.

“Se requiere una denuncia formal ante las autoridades para poner en conocimiento que un elemento fue hurtado, entre otras cosas porque, si esa denuncia no existe oficialmente, la persona a cargo —por ejemplo, el titular o dueño del vehículo— tendrá que responder por lo que hagan con ese elemento durante el tiempo en que no esté en su poder”, señala.

“Ahora, en el caso de que exista una denuncia formal y se tenga la ubicación, el proceso de recuperación es policivo, es decir, no es que una persona pueda ir a reclamarlo y mucho menos ejercer la fuerza para recuperarlo, porque estaríamos frente a un hecho delictivo. La inspección, vigilancia y control, el operativo de recuperación o las formas de intervención en los territorios, espacios o locales están a cargo de la Policía; en muchas oportunidades, incluso, con la necesidad de una orden de allanamiento o una orden por parte de la Fiscalía”, explica Nieto.

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Sobre la operatividad y las capacidades que tienen, Tamara Guzmán, de Self Security, cuenta que esta empresa de seguridad y vigilancia está conformada bajo todas las normas y tiene el aval, por ejemplo, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además, dispone de un personal altamente calificado para actuar en situaciones de seguridad, pues está integrado hombres y mujeres que son escoltas, retirados de la fuerza pública, abogados, bomberos y hasta uniformados de la Policía.

“Cada vez que tenemos una novedad, conformamos un esquema para minimizar riesgos en las diferentes operaciones que llevamos a cabo. En cada movimiento que realizamos, siempre nos apoyamos en la fuerza pública. Esto lo soportamos con un documento legal: el llamado al 123 que realiza el ciudadano al momento de reportar un hurto o una denuncia respectiva física, si se da el tiempo”, expone Tamara.

Si bien en la mayoría de los casos cuentan con el acompañamiento de las autoridades, Tamara reconoce que se han encontrado con casos que ocurren en zonas rurales a donde la Policía no ingresa, por lo que sus equipos deben hacerse cargo de la búsqueda del vehículo.

“Hago un llamado a las autoridades para que brinden capacitaciones a las redes de apoyo y que podamos realizar también capturas civiles, que son muy importantes para que no queden libres los delincuentes. Muchas veces la Policía, hay que decirlo, no llega al primer llamado. Entonces, cuando llegan, ya todo se ha salido de control y pues claramente a nuestras unidades las atacan y les toca defenderse", agrega la representante.

Self Security es apenas una de las muchas empresas de seguridad que prestan el servicio de rastreo de vehículos, pero su gestión puede ser una muestra de la cantidad de automotores que a diario se roban en el país. “Tenemos operación en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras seis ciudades principales. El año pasado recuperamos aproximadamente 380 vehículos, entre carros, motos y patinetas eléctricas. Este año van 198”, precisa Guzmán.

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El número de ciudadanos que adquieren este servicio también va en aumento. De acuerdo con Self Security, ya son más de 36.000 personas en todo el país quienes han comprado el GPS con ellos.

Julián Uscátegui, concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, plantea que, dado que la seguridad en Colombia y en Bogotá es responsabilidad de todos, cualquier actor privado puede aportar a ese propósito, siempre y cuando no infrinja la Constitución ni la ley, y no incurra en conductas que puedan ser catalogadas como delitos o contravenciones.

“En este caso en particular, frente a los GPS que instalan estas empresas privadas en vehículos y su debida ubicación al momento de ser hurtados, es una muestra de un ejercicio positivo. Es una buena forma de usar la tecnología para ayudar a las autoridades. Lo que hay que revisar es la forma de proceder, pues no se puede vulnerar la propiedad privada y mucho menos por actores privados que no tienen las competencias ni las facultades para hacerlo”, propone Uscátegui.

Aunque se ha pensado que estos equipos de reacción serían un apoyo para las autoridades, de acuerdo con Heidy Sánchez, concejal de Bogotá por el Pacto Histórico, el fortalecimiento de estas estrategias de seguridad promovidas por empresas privadas demostraría falencias de las autoridades para cumplir con sus obligaciones.

“Si yo reporto mi carro robado y la Policía no hace nada, la Fiscalía no hace nada, pues la gente busca quién le recupere el carro, así tenga que pagar. Cuando falla la institucionalidad, falla la justicia, falla la fuerza pública, pues se empieza a hacer justicia por mano propia, y eso es gravísimo”, indicó Sánchez.

De hecho, sobre el proceder de estas empresas de seguridad y sus colaboradores, la concejal relacionó la figura de los Guardianes del Orden, propuesta creada por el Distrito para atender temas de convivencia en los barrios. “Me preocupa que se preste para que este tipo de situaciones (de orden público) se vuelvan un poco más complejas. La fuerza pública o los oficiales en uso de buen retiro tienen experiencia en el uso de la fuerza, no en solucionar los problemas de convivencia que puedan llegar a generarse”, concluyó.

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Todas las fuentes consultadas coinciden en la importancia de denunciar de manera oportuna, ya que esto además de permitirle a las autoridades reaccionar y proceder como está establecido en la norma, también permite que los delincuentes sean dejados a disposición judicial.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá, señala que gracias a los constantes operativos que han realizado y la denuncia de las víctimas, en lo corrido de este año han sido recuperados 304 automotores y 417 motocicletas. Además, en el primer trimestre, en comparación con el año pasado, se registró una reducción del 44 por ciento en el robo de carros y del 37 por ciento en el hurto de motocicletas.

Miguel Castellanos 

En X: @LoQueOlvido

Redacción Bogotá

EL TIEMPO