La creciente violencia contra conductores de buses en Bogotá: ¿qué está pasando?

Trágico fue lo que tuvo que vivir un conductor de SITP el pasado miércoles, cuando cubría la ruta H816 de Usme-Ciudad Bolívar; fue apuñalado por reclamarle a una pareja que estaba intentando subir sin validar el pasaje.

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Los videos que circularon por redes sociales dejan ver no solo cómo el conductor del Consorcio Express es atacado por un hombre y el bus se rueda por la calle, poniendo en peligro la vida de todos los pasajeros.

Y si bien la Policía, la Secretaría de Seguridad y la alcaldesa Claudia López reaccionaron rechazando el ataque y lo relacionaron en principio con una situación de colados en el sistema, el mismo conductor, Edison Chaparro, aseguró que fue un hecho de intolerancia de unos s.

Pero más allá del motivo de la agresión, lo cierto es que este episodio puso de manifiesto las agresiones que a diario viven los conductores de los buses zonales.

Según cifras de la empresa TransMilenio, entre el 1.º de enero y el 1.º de junio pasados se han reportado 203 ataques físicos contra los operadores de buses. Sin embargo, los concesionarios advierten que son 600 en el primer semestre de 2023 en seis de las 20 concesiones.

La entidad también tiene registros de 1.007 episodios de agresión verbales: 616 a conductores, 305 a reguladores o gestores, 66 a vigilantes y 20 a policías.

TransMilenio señaló que “en estos momentos estamos adelantando las indagaciones de manera coordinada con el concesionario al que pertenece el operador y las autoridades competentes para esclarecer los hechos presentados en el bus zonal”. A este comunicado se unió el Consorcio Express indicando su repudio a este hecho.

La situación con el conductor se presentó un día después de que la alcaldesa señaló a los concesionarios y conductores de no actuar frente a los colados en el sistema: “La actitud de me importa cero del conductor y el operador privado es la razón por la que vamos a renegociar los contratos. Los operadores ganan siempre sin ninguna corresponsabilidad por evitar colados, robos o cualquier garantía del servicio”.

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La mandataria se refiere así al enorme déficit que tiene el sistema de transporte en Bogotá -que se proyecta en 2,9 billones de pesos para finales de año- y a la adición presupuestal condicionada del Gobierno Nacional a la renegociación de los contratos de concesión del SITP.

Los operadores estiman que la evasión en el sistema es de cerca del 30 por ciento. Esto sin contar el municipio de Soacha, que puede ser de alrededor del 50 por ciento.

El pronunciamiento de López, no obstante, generó la reacción de los concesionarios del sistema que, en una carta, le dicen a mandataria que rechazan sus declaraciones “en las que traslada la responsabilidad de evitar la evasión y los robos a los conductores de nuestro sistema (...) dice que los operadores siempre ganamos sin ninguna corresponsabilidad cuando esto no es cierto”.

Además, los firmantes de la carta señalan que no están dispuestos a exponer a los conductores a enfrentarse a la ciudadanía para que no se cuelen o para que no roben. “Los conductores no son policías ni cuentan con la formación para enfrentarse a una situación como estás”.

Recordaron también que decisiones judiciales frente a la evasión en TransMilenio responsabilizan del control de la seguridad al Estado y a la Policía.

Un directivo de un operador zonal le dijo a EL TIEMPO que después del paro nacional de 2021, las agresiones a los conductores y a la infraestructura del sistema se volvieron “una cultura” en Bogotá.

“Las declaraciones de ‘mis muchachos’ de la alcaldesa y el apoyo del Gobierno Nacional a los de la Primera Línea ha puesto en riesgo a los conductores”, insistió el directivo que pidió no revelar el nombre.

Citó que, por ejemplo, un operador pasó de destinar 10 millones de pesos mensuales para reponer ventanas de buses a 200 millones mensuales. Ese mismo operador habría registrado un total de 457 daños materiales en buses en el primer semestre del año y dichas reparaciones ascendieron de 162.000 millones de pesos en el mismo periodo.

Precisamente, como lo reveló EL TIEMPO en 2022, las agresiones, tanto verbales como físicas a los conductores, han sido planteadas por los concesionarios como una de las causas para que en la ciudad haya escasez de operadores de buses. Las otras son la demanda internacional de ese personal, las largas jornadas, las demoras que generan el volumen de obras en las rutas y la inseguridad.

Incluso, hay zonas en la ciudad, como es el caso de Ciudad Bolívar, en las que ni siquiera se respetan a los policías y tienen el caso de un motorizado que fue asignado al sistema y fue víctima de atracadores. “Hay puntos tan críticos que exigen la militarización; sin embargo, la alcaldesa se niega a hacerlo porque en su opinión esto no sería amable con los ciudadanos”, señaló un operador consultado por este diario.

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“Si usted no deja subir a una de estas personas, empiezan a gritar ‘es que esto no es suyo, no sea sapo, tal por cuáles’. También lo ven a uno afuera cuando se baja de los buses y ahí es cuando empieza la persecución, le quitan los celulares, la billetera, lo roban y muchas veces lo atracan a uno y hasta lo apuñalan”, señaló el conductor de uno de los buses zonales a las cámaras de CityTv antes de los hechos del 11 de julio.

En esa declaración, otros de sus compañeros aseguraron que incluso han tenido que pasar por situaciones en las que los atacantes los persiguen hasta finalizar sus turnos de trabajo y cuando se bajan de los buses arremeten contra ellos, los golpean, los asedian y los amenazan con armas cortopunzantes.

“Yo tengo que pensar en mi familia y en uno mismo porque si yo me pongo a pelear me gano una puñalada. Yo pienso en mis hijas, en mi mamá, en mi papá. Yo no les puedo decir nada, solo que se suban y ya, porque qué más puede decirles uno”.

De hecho, un operador reportó que entre enero y junio se han registrado 68 casos de agresión graves, en los cuales 18 conductores han requerido parar sus labores, lo que ha redundado en 110 días de incapacidades y afectación de la prestación del servicio.

REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO