La gestión de residuos y desperdicios, una tarea a medias en Bogotá / Opinión

Días atrás se conoció la decisión del pleito que sostenía el Distrito con el operador del Relleno Sanitario Doña Juana - RSDJ. El Tribunal de Arbitramento estableció, finalmente, que Bogotá debe pagarle al operador 65.000 millones —y no 1,2 billones como pretendía inicialmente— por una diferencia tarifaria con ocasión de los costos generados entre la disposición de residuos y el tratamiento de lixiviados. Sin embargo, este último proceso aun dista mucho del manejo que se espera se le dé a este tipo de líquidos que se producen con la descomposición de las basuras.

El otro punto tiene que ver con la vida útil del relleno, pues el tiempo de la concesión está condicionado a dicha variable, la cual, a su vez, depende de la licencia ambiental que otorga la CAR para el área en cuestión.

Bajo esta lógica, el concesionario ha prolongado por varios años su operación, dado que la última licencia fue del 2014 y ya estaban tramitando una nueva. En este sentido, el fallo estipula que la concesión se podría terminar en el 2024, año para el cual se calcula que llegue a su límite la capacidad del relleno, un tema que aún genera dudas y que, seguramente, será objeto de pleitos judiciales por las diferentes interpretaciones jurídicas y técnicas.

Básicamente, no hay un consenso sobre la vida útil del relleno, el cual recibe 169.994 toneladas/mes y 5.666 toneladas/día. Por otro lado, el tiempo de vida útil está determinado por el proceso de optimización de residuos a través de la implementación de tecnologías de tratamiento y aprovechamiento y por la incorporación de otras zonas no incluidas.

Paradójicamente, aunque el aprovechamiento energético de los residuos que llegan a RSDJ es bueno para la ciudad, también lo sería para el concesionario, pues libera espacio del relleno y, por ende, prolongaría el tiempo de su operación, dado que el contrato actual está condicionado a un volumen específico de residuos y no a una fecha determinada.

Sobre el particular vale la pena recordar que, en 2022, después de varios estudios de prefactibilidad, se anunció con bombos y platillos la apertura de la convocatoria para el aprovechamiento energético de los residuos que llegan a RSDJ a través de procesos térmicos. La inversión inicial se estimó en 4 billones de pesos, valor que asumiría el privado en contraprestación por una concesión de 30 años. Sin embargo, el proceso no avanzó por decisión de la UAESP y se cerró.

Lo que sí ha avanzado es la concesión para el tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del relleno sanitario para la generación de energía eléctrica, la cual se utiliza para autoconsumo de la planta y para entrega de energía a la red a través del Concesionario Biogás Colombia, quien está realizando, ante el operador de red, los trámites para aumentar la capacidad instalada de generación desde 1,7 MWh hasta 5 MWh.

Pero más allá de esto, el problema de fondo es la débil gestión y planeación que tiene la ciudad frente a la gestión de los residuos y desperdicios que se generan día tras día y de los cuales tan solo se aprovecha el 18 %.

Esta cifra es bastante baja frente a los 2 millones de toneladas que se recolectan y transportan, donde el 89 % corresponde a residuos domiciliarios, 4 % a residuos por barrido, 5 % a residuos de grandes generadoras y 2 % a residuos de césped.

Frente a este panorama, es urgente repensar la política pública de aprovechamiento de residuos desde una visión más amplia de la sostenibilidad urbana. Eso significa dejar atrás el concepto de relleno sanitario y trabajar en hacer realidad un parque tecnológico para el aprovechamiento de residuos, una misión que le corresponde a la UAESP, entidad muy debilitada por los escándalos de corrupción y malos manejos istrativos y que, hoy en día, no presenta buenos resultados frente al control de la recolección de basuras en el espacio público, particularmente en el funcionamiento de los contenedores y canecas a lo largo y ancho de la ciudad.

OMAR ORÓSTEGUI RESTREPO

Profesor Laboratorio de Gobierno - GobLab

Universidad de La Sabana