El secretario de Seguridad responde a polémica por las 200 cámaras de vigilancia que aún no están instaladas en Bogotá

La no instalación de 200 cámaras de reconocimiento de placas LPR que se compraron desde el año pasado y que sirven para perseguir delincuentes y recaudar material probatorio en procesos judiciales desataron una denuncia por parte de la concejal de Bogotá, Diana Diago.

Según explicó en su denuncia, la compra se realizó en diciembre de 2023 y se suscribió contrato con el Consorcio LPR SCC para adquirir 200 cámaras para el reconocimiento de placas de vehículos, las cuales sirven para recolectar material probatorio para fines policiales y judiciales.

Señaló además que el contrato SCJ-1904-2023, por un valor inicial de 14.000 mil millones de pesos, tiene por objeto el suministro e instalación de equipos, sistemas y componentes para el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia de Bogotá. “El problema es que el contrato ha sido suspendido y prorrogado dos veces y ya van casi 5 meses de retraso para la instalación de estas cámaras. Es inconcebible que la ciudad ya pagó casi 7.000 millones de pesos, tal y como consta en el informe del contratista al interventor desde el año pasado y aún no se han instalado”.

La importancia de esta tecnología radica en que sirven para capturar imágenes o vídeos de vehículos en movimiento y que mediante algoritmos pueden organizar la información en tiempo real y contrastar con la información judicial que reposa en los archivos de la policía.

Es decir, cuando un ciudadano denuncie que fue víctima de un delito, y se logre identificar la placa del vehículo utilizado a través de estas cámaras, esto quedará en un registro, y con gran inmediatez se podrán reconocer las coordenadas exactas de los delincuentes. “Por ejemplo, si un delincuente transita por una vía principal y la placa ya está identificada, las cámaras facilitan en tiempo real la captura del delincuente”, dijo Diago.

Estas cámaras, entregadas el 16 de julio de 2024, debieron quedar instaladas el 5 de agosto del 2024, pero el contratista aún no las ha instalado y se encuentran en una bodega desde julio de este año. “Desde agosto el contratista solicitó una adición al contrato, sin embargo, la Secretaría de Seguridad la negó. En este proceso istrativo pasaron 3 meses, dos suspensiones y 2 prórrogas. La ciudad necesita soluciones urgentes en materia de seguridad para combatir a los criminales”, agregó Diago.

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EL TIEMPO entrevistó al secretario de Seguridad, César Restrepo, quien explicó que es bueno aclarar que el 30 de diciembre del año 2023 la Secretaría adquirió 310 cámaras multisensor y 200 cámaras de reconocimiento de placas, las cuales se han venido distribuyendo a lo largo y ancho de la ciudad. “Las 310 multicensor ya están instaladas y en servicio”.

Aclaró que las otras doscientas están en proceso de instalación y que sí está retrasada debido a que el contrato que se firmó en el gobierno de Claudia López no tuvo en cuenta que la ciudad estaba en obra y que había puntos en donde se había previsto su instalación que podían cambiar sus distancias en relación con los puntos de energía y la conectividad. “Cada que se corre un punto de esos hay que hacer una obra civil que garantice que la conectividad siga funcionando y como eso no quedó estipulado en el contrato, hubo una controversia con el contratista que se dirimió. Si no me di ningún otro conflicto, estarán instaladas en febrero del 2025”.

Para el secretario, este proceso es de vital importancia porque estas cámaras juegan un papel fundamental en los esquemas de seguridad actuales porque funcionan como cercas electrónicas que permiten una llegada más efectiva de las autoridades y, por ende, más capturas. “Es una tecnología importante que el alcalde Carlos Fernando Galán ha pedido que aumentemos en los próximos años y como estas son las primeras que se instalaban, seguramente los estructuradores del contrato y los contratistas no tuvieron en cuenta la condición de que una ciudad en obra cambia sus condiciones permanentemente”.

Restrepo aceptó que esta contingencia sirve de lección para cuando se vayan a adquirir nuevos equipos tecnológicos. “La transformación del mobiliario urbano siempre se tiene que tomar en cuenta para que las instalaciones prosperen dentro de los tiempos establecidos. Esperamos que en febrero todo esté resuelto. La Alcaldía y la Secretaría de Seguridad trabajan permanentemente en la provisión de bienes y servicios de seguridad en la ciudad y cuando encontramos una contingencia, estamos prestos a responder en el menor tiempo posible”.

Agregó que respeta el ejercicio de control político de los integrantes del Concejo de Bogotá. “Eso nos obliga cada día a hacer un mejor trabajo y adicionalmente, a ser más efectivos en la búsqueda de soluciones a problemas que le damos a la gestión de la seguridad”.

Pero para Diago, esta respuesta no es lógica. “Hicieron un contrato para la instalación de cámaras, pero no tuvieron en cuenta lo más importante: la infraestructura de la ciudad. Mientras no se gestione por parte de la Secretaría lo pertinente para su instalación, las cámaras seguirán guardadas, y la ciudadanía seguirá a merced de los criminales”.

Diago le exigió al alcalde Galán “supervisar con lupa la ejecución del contrato y conminar al contratista para que cumpla con sus obligaciones, por las que ya se le pagaron casi 7000 millones de pesos, adicional que exista trabajo articulado con las otras entidades del distrito que necesitan de su gestión para el cumplimiento de este contrato.

Estas cámaras toman captura de la matrícula del vehículo, luego un software convierte la imagen en caracteres o texto legible, y mediante un sistema informático, en donde se encuentra la base de datos, este hace un cotejo con la información de las matrículas de vehículos que han sido reportados por hurto o que las autoridades buscan por la comisión de un delito o aquellos que están involucrados en fuga por accidentes fatales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá,  brigadier general José Gualdrón, indicó que se seguirán fortaleciendo las capacidades investigativas, de Policía Judicial y tecnológicas para frenar a las distintas bandas delincuenciales que operan en la ciudad y así recuperar la confianza. “Vamos a seguir fortaleciendo las capacidades investigativas, de Policía Judicial, tecnológicas, pero también trabajaremos de la mano con las comunidades. No vamos a tener tregua con los delincuentes. Para ello, tendremos cámaras con unos sistemas de identificación de rostros o placas, igualmente el incremento de drones y a disposición nuestros helicópteros”. 

De igual forma, se vienen instalando 210 cámaras multisensor, que tienen una cobertura de visualización de 360° grados; para cubrir grandes campos visuales y grabar panorámicas. Esto le ayudará a las autoridades tener una mejor reacción frente al delito y servirá como material probatorio y de investigación.

Finalmente, la ciudad contará también con sistema de analítica de video, usado para analizar grabaciones y contrastar comportamientos, actitudes y datos específicos, que servirán de apoyo a investigaciones judiciales y obtener resultados en el menor tiempo.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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