Polémica decisión judicial: por falla en un formato, un juez dejó libre a peligrosa banda de hurto de carros

Siete presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como 'Alta Gama' fueron dejados en libertad por decisión de una juez de control de garantías.

La medida, tomada durante las audiencias preliminares, ha encendido las alarmas sobre el funcionamiento de la justicia y ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre el respeto al debido proceso y la necesidad de proteger a las víctimas.

La organización criminal había sido desarticulada el pasado 10 de abril, luego de un extenso proceso investigativo de casi diez meses adelantado por las autoridades judiciales y de policía. Durante ese tiempo, se recopilaron evidencias de al menos 17 hechos delictivos, con 18 víctimas identificadas.

Según la investigación, los integrantes de 'Alta Gama' habrían actuado con extrema violencia, utilizando armas de fuego para intimidar y agredir físicamente a sus víctimas en el marco de robos, principalmente en el sector automotor.

Las capturas de los presuntos delincuentes se realizaron con órdenes emitidas por el Juzgado 57 Penal Municipal con función de control de garantías, que, tras revisar los elementos de prueba, consideró que existían méritos suficientes para proceder. Posteriormente, durante las audiencias concentradas, se legalizaron los allanamientos y se presentó ante otro juez la legalización de las capturas.

No obstante, en una decisión que ha causado controversia, la juez 35 Penal Municipal de control de garantías decidió no avalar la legalidad de dichas capturas. 

Su argumento se centró en que, según su interpretación, el formato de la orden de captura presentaba una falla en la casilla de 'Motivo y Finalidad de la Captura'. En su criterio, esa sección no contenía una descripción adecuada de los hechos y, por tanto, no cumplía con los requisitos formales exigidos por el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal.

A pesar de que el juez que emitió las órdenes de captura consideró que estas estaban correctamente fundamentadas, y de que las pruebas habían sido recolectadas en un proceso meticuloso de casi un año, la juez encargada de legalizar las capturas determinó que la supuesta omisión era una vulneración a los derechos de los capturados. Como resultado, ordenó su libertad inmediata.

La decisión ha generado un profundo malestar entre las víctimas, muchas de las cuales aseguran haber vivido verdaderos episodios de terror a manos de esta banda. Más allá del robo, describen amenazas, lesiones y un impacto psicológico duradero. La noticia de la liberación de los presuntos delincuentes ha sido recibida con impotencia y frustración por quienes esperaban que la justicia respondiera a la altura de la gravedad de los hechos.

“Después de todo lo que pasamos, lo mínimo era que estas personas respondieran ante la justicia. No es justo que un tecnicismo los deje libres. ¿Y nosotros qué? ¿Quién nos responde?”, expresó una de las víctimas que pidió reserva de su identidad por miedo a represalias.

El caso también ha generado reacciones en diferentes sectores, especialmente entre los funcionarios encargados de la investigación. Muchos consideran que la decisión de la juez desconoce el esfuerzo conjunto entre fiscales, policías judiciales y jueces que participaron en el proceso, y pone en entredicho la seguridad jurídica en casos complejos y de alto impacto.

“Estamos hablando de una organización con un alto nivel de coordinación y una clara estructura criminal. No es un caso menor. Este tipo de decisiones no solo afectan el curso de la investigación, sino que también golpean la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, señaló una fuente cercana al proceso.

Uno de los temores más extendidos es que los presuntos integrantes de la banda 'Alta Gama', ahora en libertad, retomen sus actividades delictivas. La estructura criminal operaba principalmente en el robo de vehículos de alta gama, muchas veces utilizando violencia extrema. De hecho, según fuentes oficiales, existía información sobre su posible vinculación con otras organizaciones dedicadas al comercio ilegal de autopartes.

La liberación de estas personas representa, en opinión de varios expertos en seguridad, una amenaza latente para la ciudadanía. En una ciudad donde los hurtos, especialmente los de vehículos, siguen siendo uno de los delitos que más afectan a la población, este tipo de hechos generan un sentimiento de desprotección.

En medio del malestar generalizado, la ciudadanía ha hecho un llamado a las instituciones judiciales para que revisen este tipo de decisiones con mayor rigor y contexto.  “Si un error de forma pesa más que el dolor y el riesgo que han sufrido las víctimas, ¿qué mensaje le estamos dando a la sociedad?”, se preguntan familiares de personas afectadas por esta banda.

Por ahora, los siete presuntos integrantes de 'Alta Gama' están libres. Y con ellos, el temor de que el esfuerzo de casi un año de investigación quede en nada. 

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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