Por afectar estos proyectos, el alcalde Galán emprenderá acciones legales contra resolución ambiental del Gobierno

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía de los secretarios distritales, explicaron las graves implicaciones que tendría para la ciudad el proyecto de resolución ‘Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá’, publicado por el Gobierno Nacional.

Fue claro en señalar que se adelantarán acciones para seguir defendiendo a Bogotá y a sus ciudadanos. "Pedimos que se retire esta resolución o acudiremos a acciones legales de tipo istrativo y penal porque hay una violación flagrante a la ley".

Para el mandatario, todo esto hace parte de un nuevo ataque a la autonomía territorial, una violación a la ley, a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. “La forma como fue construido este proyecto de resolución viola la ley y las sentencias de la Corte Constitucional. Lo que están presentando como una consulta para que la ciudadanía pueda participar no es otra cosa que el cumplimiento legal que se tiene que hacer cuando se hace cualquier acto istrativo de carácter general”.

Negó que se estuviera hablando de un proceso colectivo de construcción y dijo qué lineamientos tendrán implicaciones muy significativas para el desarrollo de la región, para proyectos estratégicos, para la vivienda, para la protección del medio ambiente, para la garantía del agua en Bogotá y la Sabana de Bogotá, e incluso para el a la energía.

“Esto es ilegal por algo que el Gobierno Nacional menciona de forma permanente y es el Acuerdo de Escazú, que establece, básicamente, que se debe garantizar la participación, publicidad, visibilidad y transparencia en los procesos que definen, por ejemplo, proyectos ambientales. En este caso, eso no ocurrió. Ni siquiera los periodistas han sido informados sobre cómo se construyó este proyecto”. Para Galán, todo lo anterior es una demostración de la “forma oscura en que se construyó este proyecto de acto istrativo”.

Explicó que no solo la jurisprudencia, sino también la Ley 99, la Ley 388 y el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional establecen que este tipo de procesos de determinantes ambientales, que son facultad de la autoridad ambiental, como el Ministerio de Ambiente, deben ejercerse en coordinación con los entes territoriales.

“No se trata solo de que nos informen, de que publiquen o socialicen sus decisiones. Deben construir esos proyectos teniendo en cuenta lo que sucede en los territorios y a las autoridades locales. En este caso, eso no ocurrió”.

Una de las infidencias que reveló Galán fue que el 7 de octubre pasado varios del Gobierno Distrital estuvieron en la Presidencia de la República hablando de varios proyectos, particularmente del tema del agua. “Ahí le dije al presidente Gustavo Petro y a la ministra Susana Muhamad: ustedes están construyendo el proyecto ‘Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá’ y no nos han convocado a nosotros, a la Alcaldía, a las secretarías, a la Gobernación de Cundinamarca ni a los gobiernos municipales. Están haciendo eso de manera oculta y tienen que convocarnos porque la ley y la jurisprudencia de la Corte así lo establecen”. 

En ese momento, contó Galán,  se comprometieron a hacerlo, pero que la promesa solo se quedó en palabras. La sorpresa, explicó, fue cuando publicaron el proyecto para comentarios, como lo establece el Código de Procedimiento istrativo y de lo Contencioso istrativo (ACA). “Eso, repito, no es una construcción colectiva. El Plan de Desarrollo de Petro establece que estos procesos deben realizarse de manera coherente y coordinada, en conjunto con los municipios y respetando la autonomía territorial. Aquí no hay ningún respeto. Lo que se está haciendo es una imposición sin tener en cuenta la construcción de un proceso institucional que ha tenido Bogotá y la región en términos ambientales de larga data”.

El mandatario dijo que Bogotá viene fortaleciendo su institucionalidad y protegiendo sus ecosistemas y estructuras ecológicas desde hace muchos años. “Nada de eso lo tuvieron en cuenta, lo ignoraron e impusieron una visión de manera antidemocrática e ilegal”.

Por eso, le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que retire el proyecto de resolución 'Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá', que no lo expida, para que se abra un proceso de diálogo que sí cumpla la ley y tenga en cuenta a todos los actores, incluida la ciudadanía, y no solo a un sector de esta. “Todos los que se ven afectados deben saberlo”.

A su vez, el mandatario explicó que está de acuerdo con tomar decisiones que reduzcan el riesgo y la afectación al medio ambiente, que el desarrollo sea el adecuado y que se respete la estructura ecológica principal, pero siempre y cuando todos los proyectos se construyan de forma colectiva y no con una visión unilateral.

Advirtió que, si la decisión no se suspende, el proyecto impactará decisiones judiciales y que existe la posibilidad de fraude a resolución judicial. “Por ejemplo, ya hay una resolución del Consejo de Estado sobre el río Bogotá que ordena la construcción de la PTAR Canoas. Esta resolución afecta la posibilidad de que se lleve a cabo debido al predio donde está ubicada. Y ese es solo un ejemplo”.

Hay incluso otras decisiones sobre los cerros Orientales que quedan en entredicho, en el limbo. “¿Quién va a decidir qué, a raíz de estas decisiones que está tomando la autoridad ambiental? Esto pone en riesgo decisiones judiciales que son de obligatorio cumplimiento para Bogotá y para la Nación”, dijo Galán. 

Insistió en que, de continuar este proceso, la istración Distrital acudirá a las instancias judiciales necesarias para proteger los derechos de los bogotanos, la institucionalidad , la autonomía territorial y garantizar que todos los derechos sean respetados. ‘Los funcionarios del Gobierno Nacional estarían violando la ley si avanzan en este proceso. La ley no es una opción, la Constitución no es una opción, la jurisprudencia de la Corte no es una opción. Todo esto es de obligatorio cumplimiento’

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, con  'Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá', se estarían afectando, por ejemplo, cerca de 172.000 familias que ya viven en barrios legalizados, que tienen acueducto y vías en localidades como Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón o Suba, porque sus predios quedan en zonas de humedal y se bloquea cualquier modificación que puedan realizar en ellos. “Esas familias quedan en el limbo con su propiedad”, afirmó.

Además, señaló que 30.000 familias a las que se les entregaron recientemente viviendas nuevas también quedarían afectadas, ya que, según la resolución, sus propiedades están sobre una estructura ecológica principal. “Ahí ya vive gente. ¿Qué va a pasar con ellos?”.

Relató además que más de 120.000 viviendas en proceso, en las cuales muchas familias han invertido gracias a los subsidios del Distrito, no solo en este gobierno, sino también en istraciones anteriores, como la del exalcalde Gustavo Petro, hoy están sobre humedales. “Estamos hablando de niños y adultos mayores que se verían afectados, además de 20.000 comercios en riesgo, sobre todo micronegocios como tiendas de barrio”, concluyó.

Galán dijo que hay planes parciales críticos, como El Edén, un compromiso de Bogotá con la comunidad muisca. “Ese plan parcial quedaría en el limbo. No se puede avanzar en este, y sería un incumplimiento debido a que la Nación, sin garantías, lo impide”.

Hay otros proyectos que también se verían afectados al estar sobre predios que quedarían en el limbo porque, según la resolución, son zonas de humedales. Uno de estos sería el Patio Taller de la Línea 1 del metro de Bogotá y parte del trazado en la localidad de Kennedy, lo mismo que el Patio Taller de la Línea II, que está en licitación y ubicado en Suba.

Asimismo, la Línea III del metro, que está en estudios de prefactibilidad, se impactaría, por una parte, del trazado en Soacha y en la avenida Primero de Mayo.

Incluso la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), que han esperado millones de personas en Bogotá en los tramos sur, centro y norte, quedaría en entredicho, lo mismo que la calle 63, un proyecto en el que se ha avanzado en la localidad de Engativá, y el proyecto del aeropuerto. “Todo el proyecto de ciudad-aeropuerto, que viene de operaciones estratégicas del POT, quedaría sin piso”, afirmó Galán.

La avenida Suba-Cota sería otra de las obras estancadas, pues un tramo está en los predios incluidos en el proyecto como humedales. “Esto lo han pedido durante décadas los habitantes de las zonas impactadas. No se podría hacer si se materializa esta resolución. Es una obra de 1,3 billones de pesos”.

Además, el cable aéreo que conecta a Bogotá con La Calera, el Regiotram de Occidente, la calle 13 y su troncal, el corredor de la carrera Séptima, la Autopista Norte, la APP de El Dorado Max —que es la ampliación del aeropuerto— y el puente vehicular que conecta la avenida Ciudad de Cali con Soacha son apuestas que quedarían en el limbo.

El proyecto también afecta los servicios públicos, no solo por el impacto en las PTAR Canoas y Salitre, ya que el manejo de los lodos actualmente se realiza en los predios que quedarían afectados por la decisión. Además, hay proyectos de suministro energético que quedarían en incertidumbre, pues los planes de instalación de líneas de transmisión estarían sobre terrenos impactados.

“Bogotá, Cundinamarca y Meta están avanzando sin una llanta de repuesto. Tenemos capacidad de energía solo para abastecer la demanda. Hablan de transición energética, pero el Gobierno no avanza en esto. Termozipa nos sigue abasteciendo, pero contamina terriblemente. Si no hay viabilidad para nuevos proyectos, seguiremos dependiendo de ella”, dijo Galán.

Añadió que, mientras Bogotá avanza en su transición energética con proyectos como el metro, un parque automotor eléctrico para TransMilenio y otras iniciativas en curso, el Gobierno Nacional bloquea todas estas acciones con decisiones irresponsables.

Una de las denuncias más impactantes que hizo Galán sobre la resolución es que esta señala que embalses como San Rafael, Chisacá, La Regadera y Chuza se convertirían en humedales. “Si eso pasa, ¿qué garantía tenemos de seguir usándolos para abastecernos de agua?”, dijo el alcalde, visiblemente confundido.

Añadió que se está hablando de estructuras que fueron construidas e intervenidas por el Acueducto de Bogotá. “Eso pasa en miles de ciudades del mundo, y aquí nos dicen que se convierten en humedales. Eso está contemplado en la resolución y no nos dicen quiénes ni con qué criterios van a decidirlo”.

Otros equipamientos que estarían en riesgo serían 83 sedes educativas de Bogotá, 9 centros de salud, 12 de Integración Social, 11 de seguridad y 9 recreativos. “En fin, deja en el limbo equipamientos, viviendas, vías y proyectos en todo sentido”.

Galán afirmó que el Gobierno Nacional está engañando a la ciudadanía. “Esas consultas de las que hablan no son vinculantes. La población de Bogotá y La Sabana debe conocer el proyecto en detalle, y eso no se va a lograr en ocho días”.

También criticó al Gobierno Nacional por su trabajo deficiente en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen. “Cuando llegamos, solo se había intervenido el 3,7 % de los predios después de 13 años de haber sido declarada. Nosotros, con el mecanismo de transferencia de derechos de construcción, ya tenemos ofertadas más de 180 hectáreas para avanzar en su restauración. Eso es más del 10 % de la reserva”.

Defendiendo su gestión Galán dijo que van a restaurar más de 1.300 hectáreas de los cerros orientales y la ronda del río Bogotá. “No es cierto que no nos importe la estructura ecológica principal. Ningún gobierno había avanzado tanto como nosotros en materia ambiental. Ellos hablan mucho de protección, pero hacen poco”.

Galán también anunció avances en el proyecto Fondo Verde del Clima. Explicó que Conservación Internacional ya recibió más de un millón de dólares para su estructuración final. “Se está contemplando una inversión de más de 90 millones de dólares en conservación y restauración de cuencas estratégicas para la seguridad hídrica de Bogotá. Esto incluye al río Bogotá, el páramo de Chingaza y el páramo de Sumapaz, con 170.000 hectáreas de conservación y más de 10.000 de restauración. Esos son hechos con recursos del FVC y de la Alcaldía de Bogotá. La labia no rescata ecosistemas, los hechos sí”.

Por lo pronto, se convocará al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a los dirigentes de los entes territoriales y a los habitantes de 138 barrios de Bogotá que se verían afectados por este proyecto.

La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo ante la polémica que La Sabana de Bogotá fue declarada ecosistema de interés nacional en 1993, pero que hoy hemos seguido expandiéndonos sin control. “Hoy, 8 de sus 9 cuencas están en riesgo de agotamiento y Bogotá lleva un año en racionamiento”.

Explicó que la resolución ambiental para la Sabana de Bogotá ordena a la CAR iniciar la recuperación del agua, restaurar ecosistemas estratégicos y priorizar el reuso. “No es una opción, es una obligación que debió cumplirse hace 30 años. La crisis hídrica es real y seguirá agravándose si no tomamos medidas estructurales ahora”.

Según ella, la resolución que afecta, además del distrito de Bogotá, a 39 municipios, está amparada por el artículo 61 de la ley 99 de 1993, que declara a la Sabana como zona de interés ecológico nacional y que, gracias a esto, se ordena el territorio con respecto a las resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente.

Argumentó que el Ministerio tiene total competencia para llevar a cabo estas resoluciones y que, después de esto, los municipios y el Distrito son quienes deben determinar el uso del suelo. Además, aseguró que el Plan de Desarrollo expedido por el Gobierno en 2022 ya establecía que esto iba a suceder.

Con respecto a varios proyectos que se quieren llevar a cabo en la capital del país, y en los cuales radicaría la queja de Carlos Fernando Galán sobre un posible entorpecimiento por las medidas tomadas, Muhamad aseguró que Galán "está totalmente desinformado", alegando que "la resolución no detiene ninguna obra de movilidad" que pueda interferir en los planes del mandatario para la infraestructura vial del distrito.

"Me parece que es importante que lo pueda revisar con calma porque la resolución no detiene ninguna obra de movilidad. Lo que hace es generar unos lineamientos para que, los municipios, en sus planes de ordenamiento territorial y las autoridades ambientales, protejan unos suelos específicos", y agregó que esta resolución no interviene en ningún trámite de obras que se quieran llevar a cabo en el suelo disponible establecido en el POT de Bogotá.

Además, la saliente ministra aseguró que este plan está "protegiendo ecosistemas claves, trabajando para que se restauren por la vulnerabilidad de agua evidente que tiene la Sabana de Bogotá y protegiendo los suelos agrícolas" y reiteró que los suelos que estaban proyectados para ser intervenidos no se tocarán.

A la manifestación del alcalde de no haber recibido información sobre el tema ni atención a citas pedidas para hablar sobre el mismo, Muhamad aseguró que "esto es un trabajo que no salió de debajo de la manga. Desde el año 2023 empezamos con este trabajo, el Distrito ha estado invitado a todas las mesas de trabajo técnicas".

Por otra parte, aseguró que el Ministerio tiene las asistencias de funcionarios de esta entidad a estos eventos. "Que no deleguen secretarios, que fueron los invitados, no es responsabilidad nuestra", puntualizó.

La exministra aseguró que no entiende por qué Galán acusa al Gobierno de actuar por fuera de la ley pues, el proceso fue abierto y socializado en discusiones técnicas y asambleas con diferentes actores de la Sabana. "Yo creo que es que el alcalde no estaba en ese momento y se le ve el prejuicio político y la tensión política que él mismo tiene con el Gobierno Nacional".

Por último, le solicitó a Galán "leer con cuidado la resolución, tener una actitud constructiva y trabajar conjuntamente", agregando una crítica a la medida de racionamiento de agua tomada en su istración. "Lleva un año de racionamiento de agua y no se ven claras las medidas estructurales que vamos a tomar y aquí está el Gobierno Nacional, por el contrario, ayudando para que podamos superar esta situación en el tiempo".

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, manifestó su preocupación ante el proyecto de resolución 'Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá', al considerar que podría afectar el desarrollo de planes de vivienda, infraestructura y el sector floricultor en la región.

Rey alertó que la medida podría dejar en el limbo la construcción de cerca de 350.000 viviendas actualmente en trámite en 40 planes parciales, afectando la planificación territorial de varios municipios de la Sabana y de Bogotá. Según el mandatario, estos proyectos son fundamentales para atender la demanda habitacional de los próximos cinco años.

“El censo del DANE proyecta que la población de Cundinamarca crecerá en 2,3 millones de habitantes hacia 2050, mientras que Bogotá perderá 500.000 habitantes. Si no se habilita más suelo para expansión urbana, tendremos que limitarnos a lo que ya existe, lo que genera una discusión importante sobre el crecimiento demográfico”, explicó.

Igualmente advirtió que la resolución podría aumentar los tiempos y costos en la aprobación de proyectos de infraestructura vial y energética. Señaló que la ambigüedad de los términos utilizados en la norma, como “evitar” o “priorizar”, deja un vacío en la interpretación por parte de las autoridades ambientales.

“Esto podría modificar las reglas de juego en los procesos de licenciamiento ambiental. Si un proyecto ya cuenta con su licencia y, en la etapa de preconstrucción, estos lineamientos imponen nuevas exigencias, se corre el riesgo de que los inversionistas presenten demandas contra el Estado”, sostuvo Rey.

Asimismo, advirtió que los jueces podrían ordenar la paralización de obras debido a la falta de claridad en la norma. “Si un proyecto de infraestructura afecta zonas de protección ambiental o agrícola, la comunidad podría impugnarlo y generar congelamientos legales”, agregó.

Rey también expresó inquietudes sobre el impacto de la medida en la industria floricultora, un sector clave en la economía de Cundinamarca. Indicó que, si bien los suelos ya habilitados para actividades agrícolas no sufrirán cambios, los productores podrían enfrentar restricciones para expandir sus cultivos.

“Los suelos que hoy no son de expansión ni suburbanos quedarán exclusivamente como áreas de preservación agrícola y ambiental. Esto podría dificultar la socialización de proyectos con las comunidades y generar incertidumbre entre inversionistas del sector”, afirmó.

Finalmente, el gobernador instó a las autoridades nacionales a revisar la propuesta con el fin de evitar afectaciones al desarrollo de la región. “Debemos garantizar un equilibrio entre la protección ambiental y el crecimiento ordenado de la Sabana de Bogotá”, concluyó.

La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC) También manifestó su preocupación ante el proyecto de resolución publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual establece los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Según la RMBC, el documento genera incertidumbre sobre proyectos, programas e iniciativas locales ya consolidadas.

Si bien la entidad reconoce la importancia de contar con directrices claras para garantizar la sostenibilidad ambiental de la región, advierte que cualquier decisión en este sentido debe ser producto de la coordinación entre los actores locales, regionales y la ciudadanía. En este sentido, hizo un llamado a que el proceso respete los principios de autonomía territorial y gobernanza regional establecidos en la Constitución y la ley.

Asimismo, la RMBC señaló que el proyecto de resolución no tiene en cuenta dinámicas sociales, demográficas, económicas y agrícolas existentes, aspectos clave para diseñar una visión colectiva, sostenible y viable. 

Por ello, instó al Gobierno Nacional a promover un diálogo técnico y consensuado con las autoridades locales y las comunidades, garantizando el respeto a las competencias de los entes territoriales y fortaleciendo la planificación conjunta.

La oferta de vivienda nueva en la Sabana de Bogotá enfrenta una seria amenaza debido al proyecto de resolución sobre lineamientos ambientales para la región. Así lo advirtió la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que alertó sobre el impacto que tendría la implementación de esta normativa en el desarrollo urbano.

Según un análisis basado en la cartografía publicada con el proyecto de resolución, las nuevas delimitaciones de humedales y bosques afectarían la construcción de 360.000 unidades de vivienda, correspondientes a 60 planes parciales distribuidos en 2.983 hectáreas de suelo urbanizable. De estas viviendas, el 65% estarían destinadas a interés social, lo que pone en riesgo el a vivienda formal para miles de familias.

“Esta resolución impacta de manera muy negativa la construcción de vivienda en Bogotá y la Sabana, poniendo en riesgo la oferta formal para más de 360.000 hogares. Esto, desde luego, tendrá efectos adversos en el empleo y la actividad económica, pero sobre todo congela un volumen de proyectos equivalente a seis años de producción de vivienda”, advirtió Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

El gremio también denunció que el proceso de socialización de la normativa ha sido insuficiente. A pesar de haber solicitado información mediante dos derechos de petición al Ministerio de Ambiente, no se les facilitó a los estudios técnicos ni se habilitaron mesas de trabajo.

“Desde Camacol Bogotá y Cundinamarca hemos insistido en la necesidad de espacios de participación en este proyecto de resolución. Sin embargo, solo recibimos una comunicación oficial ayer, informándonos de un espacio de discusión un día antes del vencimiento del plazo para comentarios, lo cual es claramente insuficiente e inoportuno”, agregó Chiriví.

El futuro del desarrollo de vivienda en la Sabana de Bogotá queda ahora en incertidumbre, mientras el sector constructor espera respuestas y soluciones para mitigar el impacto de la nueva regulación.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, expresó su rechazo a la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, argumentando que afecta la autonomía territorial, el desarrollo regional, la seguridad hídrica y alimentaria, así como la infraestructura vial del municipio y la región.

Según Donoso, la normativa nacional profundiza la falta de una instancia istrativa que permita coordinar un desarrollo común en la Sabana, un territorio en constante crecimiento. “Así como las decisiones de Bogotá impactan a los municipios aledaños, las determinaciones a nivel nacional acentúan aún más esta ausencia de articulación”, afirmó el mandatario.

Uno de los principales temores del alcalde es el efecto de la resolución sobre la industria floricultora, un sector que genera 2.800 empleos en Chía. “Bajo estas circunstancias, la floricultura no podría seguir desarrollándose. Necesitamos crecer en oferta institucional; Chía es un municipio que vive de la venta de bienes y servicios”, advirtió.

Además, Donoso alertó sobre la posible suspensión de proyectos clave de infraestructura, entre ellos el Regiotram del Norte, la ampliación de la Autopista Norte, la Carrera Séptima, la NQS, la Avenida Boyacá, la doble calzada Cota-Chía, la ampliación de la Avenida Pradilla y la terminación de la Troncal de Los Andes. También mencionó que el proyecto Chingaza 2 y la ampliación del Sistema Norte de Acueducto podrían verse afectados.

Incluso, el cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá estaría en riesgo, ya que la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) podría quedar paralizada. “Si se cumple esta resolución, nuestra PTAR 1 no se podría construir”, enfatizó.

Dijo que la restricción de actividades agrícolas y de pastoreo en zonas de cuerpos hídricos generará un impacto en el valor de la tierra y el recaudo tributario. “Solo se permitirán actividades contemplativas. Esto disminuirá el valor de la tierra, afectará los ingresos municipales y obligará a realizar nuevos avalúos”, explicó.

Asimismo, la aplicación de la resolución dificultaría la ejecución de proyectos clave en el Plan de Desarrollo 2024-2027, como la ampliación de siete vías estratégicas y la expansión de la infraestructura eléctrica.

Pese a su preocupación, Donoso destacó la importancia de la iniciativa del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de unir al Distrito, Cundinamarca y los municipios de la Sabana en una estrategia conjunta frente a las decisiones nacionales. “La resolución nos dice que debemos quedarnos quietos en el tiempo”, criticó Donoso, quien insistió en la necesidad de equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo sostenible y el crecimiento demográfico. “Somos conscientes de la importancia del medio ambiente, pero estas acciones deben ir de la mano con el bienestar de los habitantes y el progreso de la región”, concluyó.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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