Documentación y atención social, las lecciones en discusión sobre migrantes

La creación de un comando élite para combatir estructuras criminales que involucren a migrantes no cayó bien ante la opinión pública. El miércoles, luego del Consejo de Seguridad Distrital, la alcaldesa Claudia López propuso un grupo conjunto entre la Policía y Migración Colombia que identificara a extranjeros que cometieran delitos.

Ese mismo día, aunque había participado en la reunión de la cual salió este anuncio, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, desautorizó la medida de la alcaldesa e indicó que esto era facultad del Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente.

El jueves, la reacción de López fue volver a insistir en su implementación. “Respetamos la decisión de no hacer ese comando conjunto, pero no la compartimos”, dijo la alcaldesa.

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López hizo este pronunciamiento luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostrara preocupación por la propuesta. Políticos nacionales y distritales tampoco la apoyaron. Incluso, el presidente Iván Duque, quien en los últimos meses había respaldado a la alcaldesa en proyectos importantes como el metro, tomó distancia. “Uno no puede llamar a ciertas formas de delincuencia: delincuencia migrante; eso no es preciso”, expresó el mandatario.

De esta discusión, para analistas y expertos quedan preguntas abiertas: ¿qué tanto impactan lo migrantes en la seguridad de la ciudad ? ¿Cómo está la judicialización de esta población?

Para López, estructuras migrantes están siendo un factor determinante en la inseguridad de la ciudad. “Hemos visto que están operando con un alto nivel de violencia armada y homicida”, dijo la mandataria, quien citó dos casos que han causado conmoción.

El más reciente ocurrió en la localidad de Antonio Nariño, donde un ciudadano extranjero habría perpetrado el asesinato del patrullero Humberto Sabogal en plena vía pública mientras hacia un procedimiento policial. Un caso similar se presentó con el homicidio del policía Edwin Caro, quien recibió impactos de bala en marzo de este año por parte de un migrante en una de las zonas más transitadas de la capital, la carrera 7.ª con calle 79.

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Este tipo de sucesos han hecho que ciudadanos perciban que el deterioro de la seguridad se debe a esta dinámica. No obstante, a pesar de estos casos, las cifras no lo respaldan.

Según datos distritales, cerca del 2 por ciento de los hurtos son cometidos por esta población. Bogotá tiene identificados a 340.711 personas venezolanas, el 20 por ciento de los que hay a nivel nacional. Según indicó el general Eliécer Camacho –comandante de la Policía de Bogotá–, en lo corrido del año han sido capturadas 2.550 personas de esta población por cometer delitos.

De igual forma, un informe de la Fiscalía General indica que durante el 2020 y hasta el 16 de julio de este año, a nivel nacional se capturaron 15.612 venezolanos, que tan solo representan el 3,5 por ciento del total de capturas. La mayoría están relacionadas con el tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

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Para César Restrepo, analista en temas de seguridad de ProBogotá, la inseguridad debe entenderse como un problema estructural general, sin poner sobre la mesa la nacionalidad. “Concentrar el esfuerzo de seguridad en los criminales de origen extranjero es dejar en libertad de acción a todos los criminales de origen nacional”, dice, y agrega que si hay población migrante inmersa en hechos delictivos es porque no se han dado los procesos de inclusión dentro de la sociedad.

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Restrepo sostiene que debe haber políticas que reduzcan riesgos para que las estructuras criminales locales no se aprovechen de la vulnerabilidad de personas extranjeras. De hecho, este punto fue reconocido por la alcaldesa al mencionar que migrantes estarían siendo instrumentalizados.

En medio de la discusión se conocen cifras del Instituto de Medicina Legal que indican que esta población también es victimizada. De presentarse un homicidio con arma de fuego en el 2017, durante este año se han registrado 42 casos bajo esta modalidad, y con arma blanca se pasó en cuatro años y siete meses de 4 a 17 muertes.

La otra medida anunciada por López, y que ha tenido más acogida, es avanzar en el proceso de registro e identificación que se adelanta a través del Estatuto de Protección al Migrante. Esta política adelantada por el Gobierno Nacional permitiría no solo brindar mayor a servicios sociales, sino también garantizar el curso de procesos judiciales.

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La alcaldesa manifestó que para judicializar a esta población se necesita de una identificación, que si no se tiene puede causar altos grados de impunidad. En esto concuerda Francisco Bernate, abogado penalista, quien considera que para adelantar una acción judicial es necesario un cupo numérico, que corresponde a una cédula de ciudadanía. En el caso de un extranjero que no cuente con un documento parecido, complicaría los trámites judiciales. “Sin duda, el que tengan una identificación nacional ayudaría mucho en esta difícil situación”, dice Bernate.

Es el caso de Deicy Sandoval, quien ha pasado por un largo camino para que el asesinato de su esposo a manos de extranjeros, por robarle la bicicleta, no quede impune. Sandoval relata que el primer obstáculo lo encontró al momento de legalizar la captura. Los dos sindicados, al no tener una identificación, cambiaron sus nombres. Fue a través de pruebas biométricas y el cotejo de datos que las autoridades dieron con la verdadera identidad de esas personas.

Aunque los dos implicados siguen en el proceso judicial, una juez les concedió la libertad, por lo que la familia del ciclista teme que se fuguen del país sin haber afrontado los hechos delictivos que cometieron el 10 de agosto de 2020, en la localidad de Engativá. “Los criminales que reclutan se dan cuenta de eso. Como tienden a quedar en la impunidad, es más fácil que sigan cometiendo delitos”, afirmó la alcaldesa.

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Desde que se iniciaron las crisis sociales, como las vividas en Venezuela, a la capital han arribado miles de migrantes en busca de oportunidades. Actualmente, parte de esta población, desde la istración pasada, ha recibido atención del Distrito.

Según cifras entregadas por la Secretaría de Integración Social, en el último año y medio, 31.211 migrantes, refugiados y retornados han sido atendidos en la ciudad, de los cuales cerca de 11.000 son menores de edad. Estas personas han podido recibir ayuda, a través del Centro de Integración y Derechos para el Migrante, Retornado y Refugiado (Cedid), ubicado en la localidad de Kennedy.

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En la educación básica, media y secundaria están 53.000 niños y adolescentes migrantes, que representan el 7,4 por ciento de todos los estudiantes de instituciones públicas de la ciudad. Asimismo, 8.329 estudiantes extranjeros más ingresaron al sistema educativo distrital en el último año.

Además de ofrecer asistencia médica en caso de emergencia y atender embarazos de alto riesgo, el sistema de salud de la ciudad ha acogido a 100.433 migrantes. Asimismo, esta población ha participado en campañas preventivas y de vacunación como la rubéola y el sarampión.

GABRIEL GONZÁLEZ

REDACCIÓN BOGOTÁ

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