Movilidad en Bogotá: ¿ha funcionado la millonaria inversión en gestión del tráfico?

Bogotá enfrenta una difícil situación de movilidad que afecta a cerca de 8 millones de ciudadanos cada día. Entre trancones interminables, vehículos mal estacionados, accidentes de tránsito y una frecuencia irregular en el transporte público, movilizarse por la capital es una tarea frustrante y agotadora.

Según el último informe de TomTom Traffic Index 2023, la ciudad ocupa el tercer puesto en América Latina entre las que mayor congestión vehicular. Los conductores bogotanos pierden, en promedio, casi cinco días (117 horas) al año en el tráfico y se desplazan a una velocidad promedio de apenas 22 kilómetros por hora. 

Un trayecto de 10 kilómetros puede tardar en promedio 25 minutos y 30 segundos, esto es 50 segundos menos con respecto a 2022. A pesar de esa ligera disminución, la expresión 'Bogotá está a dos horas de Bogotá' ha sido adoptada por los habitantes como una realidad inevitable en la rutina diaria.

Lo anterior es aún más crítico si se tiene en cuenta que desde 2021 la capital ha invertido más de 120.000 millones de pesos en el esquema de Agentes Civiles Azules y Guías de Movilidad. Sin embargo, el problema persiste. Este modelo de gestión del tránsito, que comprende 450 Agentes Civiles de Tránsito, 209 del Grupo Guía, y 700 policías de tránsito, fue criticado la semana pasada en el Concejo de Bogotá por “falta de efectividad en los resultados".

En los últimos cuatro años, la Secretaría de Movilidad aumentó el número de Agentes Civiles de Tránsito de 150 a 450, invirtiendo casi 40.000 millones de pesos en su ampliación. Además, se destinaron 50.000 millones a los agentes de la Policía de Tránsito, sobre los que debe haber un desmonte progresivo por ley, y otros 30.000 millones para el Grupo Guía, cuya principal función es brindar orientación y educación vial, sin facultad sancionatoria. Desde 2018 han aumentado en 145 los funcionarios de este último grupo y la Secretaría de Movilidad prevé invertir 34.000 millones de pesos adicionales en este para 2027.

EL TIEMPO consultó con la Secretaría de Movilidad, entidad que indicó que hasta septiembre de este año se han emitido 45.207 multas por mal parqueo en toda la ciudad, es decir, la infracción C2: estacionar un vehículo en sitios prohibidos.

Las zonas donde más se han registrado infracciones incluyen áreas concurridas como el Aeropuerto El Dorado, la Zona T, el centro de la ciudad, Puente Aranda y Chapinero Central. Estas ubicaciones comerciales concentran las infracciones debido a la alta afluencia.

Llama la atención que la cifra de este tipo de infracciones ha disminuido en comparación con el mismo período de 2023, cuando se reportaron 53.308 comparendos. Lo anterior porque mientras hay más recursos destinados a los agentes de tránsito, hay menos resultados en sanciones.

Este año, el costo promedio en agentes civiles de tránsito aumentó 71 por ciento con respecto al año pasado, incrementando de 1.402 a 2.398 millones de pesos al mes. A pesar de ello, las sanciones por la infracción de parqueo indebido disminuyeron 18 por ciento.

Expertos consultados por este diario indican que ese decrecimiento en sanciones no se debe a un cambio en el comportamiento de los ciudadanos, sino a una falta de presencia de las autoridades en las calles.

“No estamos mejor que el año pasado con respecto a comportamientos de la vía: vemos más trancón, gente pasando los semáforos en rojo y, por supuesto, los mal parqueados siguen en las calles”, indicó Plinio Bernal, experto en desarrollo urbano y movilidad.

A su turno, la concejal Calderón afirmó que uno de los problemas clave es la falta de una distribución territorial estratégica de los agentes y guías, lo cual resulta en operativos improvisados que no logran tener un impacto a largo plazo en las áreas de mayor congestión. “Los agentes recorren la ciudad sin un orden definido, y las áreas críticas siguen sin soluciones reales. Es evidente que, sin un análisis territorial de fondo, los operativos no son lo suficientemente eficaces para manejar la congestión ni mejorar la seguridad vial”, enfatiza Calderón.

La misma entidad de movilidad respondió que los agentes civiles, que sí tienen facultad para imponer multas, “desarrollan sus labores distribuidas de acuerdo a las necesidades del servicio que prestan, a las diversas solicitudes realizadas por la comunidad e identificación de diversos patrones de conducta que incentivan el desacato a las normas”. Esto, sin embargo, no sigue un plan territorial.

Este año se han realizado alrededor de 16.700 operativos de recuperación del espacio público, 400 cada semana. La Secretaría de Movilidad ha inmovilizado 14.427 vehículos por la misma infracción de parqueo en zonas indebidas.

Para Bernal, el número de personas que están gestionando el tráfico es insuficiente. En esto coincide Darío Hidalgo, profesor de logística y transporte de la Universidad Javeriana, quien asegura que “por dedicar personal a una actividad se pueden descuidar otras como el control de parqueo, que también es prioridad, pero que no genera tanto riesgo como el control de velocidad, por ejemplo”.

Según el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, la sanción por estacionar en sitios prohibidos corresponde a 650.000 pesos, y la autoridad puede inmovilizar vehículos estacionados sin la presencia del conductor en áreas públicas.“La ciudad no necesita más guías de tránsito”, contrastó la concejal Cristina Calderón en debate de control político. “Necesitamos priorizar la seguridad vial, mejorar la infraestructura y aplicar nuevas tecnologías, como Big Data e inteligencia artificial, para predecir patrones de riesgo, optimizar el tráfico y automatizar el control de infracciones”, completó.

Actualmente, los sistemas de cámaras en Bogotá están autorizados únicamente para sancionar excesos de velocidad, cruce de semáforos en rojo, irrespeto al paso del peatón (cebra), falta de SOAT y revisión técnico-mecánica y pico y placa. Según Darío Hidalgo, esta restricción impide el monitoreo de infracciones como el mal parqueo, que afecta gravemente la movilidad en las zonas comerciales más transitadas.

La concejal Calderón asegura que “es necesario contar con el apoyo de tecnología para que los agentes puedan actuar con mayor rapidez y efectividad”. No obstante, dice que esto es un reto no solo por “la limitante de presupuesto”, sino también por la legislación que regula esas cámaras.

En ciudades como Medellín, las cámaras de fotodetección sí permiten multar el mal estacionamiento. En el Concejo de Bogotá, se ha planteado la necesidad de ampliar la red de cámaras –actualmente hay alrededor de 130 en toda la ciudad– y de habilitar la tecnología para controlar otras infracciones. Esto, afirma Calderón, podría mejorar el tráfico, pero aclara que la normativa vigente no permite implementar un plan piloto para evaluar un escenario en el que la tecnología se complemente con el personal de tránsito.

Hidalgo agrega que existe una autorización en la ley que permitiría instalar cámaras en carriles exclusivos o prioritarios de transporte masivo. “La Secretaría de Movilidad ya está evaluando esta posibilidad. En ciudades como Cali, se han implementado cámaras para supervisar los carriles de buses y paraderos. Bogotá podría usarlas para evitar el estacionamiento en estos espacios”, explica.

Para el mal estacionamiento en general, se necesitaría una nueva ley que habilite el control automatizado. Hidalgo concluye que “sería un mecanismo sencillo y efectivo que reduciría la dependencia en el número de agentes para llevar a cabo estas tareas de control”. Esto, además, reduciría costos a futuro y funcionaría 24 horas.

PAULA VALENTINA RODRÍGUEZ 

REDACCIÓN EL TIEMPO