¿Qué tanto futuro tiene la consulta popular sobre el metro de Bogotá?

El metro sigue y seguirá estando en la agenda de los bogotanos durante todo el año. No solo por el pulso entre alcaldía de Bogotá y la Presidencia de la República sobre si la línea elevada debe tener o no un tramo subterráneo. A este debate ahora se le sumó la consulta popular que buscará el respaldo de un número significativo de ciudadanos sobre temas de transporte masivo: la primera línea del metro y TransMilenio y el SITP

(Mintransporte Guillermo Reyes: ‘El Gobierno honrará los compromisos con Bogotá’)

La utilización de este mecanismo de participación ciudadana ya tiene el reconocimiento de la Registraduría, que le dio el aval al formulario, y sus promotores, el concejal del Centro Democrático Oscar Ramírez Vahos y su equipo de asesores, empezaron la recolección de firmas.

La consulta ‘No más tener miedo’, como fue registrada a mediados de diciembre, necesita el 10 por ciento del censo electoral de la ciudad, es decir, al menos 597.792 firmas y contempla cinco preguntas, en particular que se mantenga la primera línea del metro elevada y el precio del pasaje de TransMilenio y del SITP.

¿Pero qué tanto futuro tiene esta iniciativa popular? Si bien el concejal promotor considera que es pertinente porque intenta consultar a los ciudadanos sobre qué quieren hacer en el tema de movilidad que afecta su diario vivir, expertos en asuntos electorales y analistas no le ven mucho futuro y dicen que esa consulta es la prueba de que el metro entró peligrosamente en el proceso electoral de la ciudad. Cabe recordar que este año Bogotá tendrá primera y segunda vuelta en las elecciones a la alcaldía.

Y si bien ya tiene autorización para la recolección de firmas, la consulta además de cumplir con el porcentaje del censo electoral, debe pasar por el Concejo de Bogotá y sortear posibles demandas si es avalada por el cabildo distrital, para luego llegar a las urnas, sin contemplar que se le puede atravesar el tema de financiación.

El cabildante aspira a tener reunidas todas las firmas en junio próximo, para que estas luego pasen a validación de la Registraduría, que tendría mes y medio para ese proceso. Luego deben ir a revisión de pertinencia del Concejo y del Tribunal de Cundinamarca, que cuentan con cerca de un mes de plazo. Cumplidos estos pasos, la Registraduría tiene hasta tres meses para convocar a la consulta.

"Esta consulta, por temas presupuestales de la Nación, creo que se puede hacer en la segunda vuelta de alcalde de Bogotá", afirma Ramírez, quien estima que la elección del sucesor de Claudia López podría ser en la segunda o tercera semana de noviembre. 

Uno de los académicos consultados es Omar Oróstegui, director de Futuros Urbanos,

quien claramente asegura que la consulta de Ramírez Vahos “es más un instrumento para buscar un posicionamiento político de cara a las elecciones de octubre”, cuando se espera la primera vuelta en las elecciones.

Con esa opinión coincide Darío Hidalgo, experto en movilidad y docente universitario: “Es una herramienta de proyección electoral, el hecho de que estemos hablando de eso en los medios es una muestra de su efecto”.

En la misma línea opina Carlos Arias, analista político y profesor de la Universidad Externado. En su opinión, lo que se está buscando "es un eco electoral que llame la atención de dos sectores polarizantes en Bogotá: la derecha y la izquierda, que en el caso de la izquierda no se ve unida para sacar el metro adelante, como se evidenció en las peleas entre la alcaldesa y Presidente".

Tanto Oróstegui como Hidalgo si bien destacan la importancia de estos mecanismos de participación ciudadana, recuerdan que tienen también unas limitaciones establecidas en la Constitución y la ley, y le ven como inconveniente el hecho de que contempla temas de la órbita de la istración distrital.

“Incluye temas istrativos que no son competencia de consulta popular y, además, tiene problemas de tiempo para ser incluida en las elecciones de octubre”, señala Oróstegui.

Entre tanto Hidalgo dice que las decisiones fundamentales de la ciudad no deberían ser objeto de este tipo de consultas “y mucho menos si afectan compromisos contractuales y el presupuesto”. El experto se refiere a que tanto en el metro elevado como el sistema TransMilenio ya existen contratos.

“Hay que plantear planes y hacer compromisos frente a electores, pero debatir contratos firmados y afectarlos por una consulta es de alto riesgo. Puede generar votos y respaldo pero no parece responsable”, insistió el experto en movilidad.

Por el contrario, Alfonso Portela, consultor electoral y exdelegado para lo electoral de la Registraduría Nacional, manifiesta que al tratarse de temas de transporte y movilidad de la ciudad pueden ser de interés general y, por esa vía, ser materia de la consulta ciudadana que se propone.

Cita el caso de la consulta mediante la cual se institucionalizó el Día sin Carro, realizada el 29 de octubre de 2000, y que además le permitió al entonces alcalde Enrique Peñalosa extender la restricción del pico y placa.

Portela, no obstante, aclara que la ley establece los temas sobre los cuales no pueden preguntar en una consulta: fiscales, presupuestales, tributarios, relaciones internacionales, amnistías o indultos o el restablecimiento del orden público. Además precisa que el mecanismo debe superar el trámite en el Concejo y la revisión de constitucionalidad.

No obstante, con base en esos mismos argumentos, Hernán Penagos, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), señala que una consulta popular siempre tiene que partir de una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal o Distrital, como es en este caso.

Sin embargo, señala que las preguntas de la consulta popular sobre el metro y las tarifas de TransMilenio  podrían resultar “no pertinentes” porque la ley establece que deben ser de carácter general y no pueden estar relacionadas con temas ya mencionados, de lo contrario, asegura, tendría un trámite muy difícil en el Concejo de la ciudad o ante una eventual demanda de la decisión que adopte el organismo distrital. En ese caso la resolvería, en un primer momento, el Tribunal istrativo de Cundinamarca.

“Por ejemplo, la línea del metro puede implicar un tema presupuestal y las tarifas de TransMilenio, asuntos fiscales”, señala Penagos.

El exmagistrado también subraya que va a ser “complejo” que, de llegar a superar todos los trámites, la consulta se realice en la misma fecha de alguno de los dos días de elecciones para la alcaldía de Bogotá.  “Debe ser en fechas diferentes a las electorales”, insiste.

En la misma línea de los expertos en temas electorales consultados por este diario, Jairo Libreros, analista y profesor de Ciencia Política, advierte que la iniciativa popular del concejal Ramírez puede tener “dificultades legales” y cree que es “innecesaria, inconveniente, inoportuna y puede ser ilegal”.

Calificativos similares utilizó el profesor Arias al señalar que la consulta sobre el metro 

"es inocua, ineficiente y le haría gastar a la ciudad muchísimo más dinero del que ya se ha invertido para sacar el metro adelante".

El docente del Externado también considera la discusión de si la primera línea del metro es elevada o subterránea debe ser técnica y no consultada con la mayoría de los ciudadanos, quienes ni son ingenieros ni tienen un conocimiento específico como decidir sobre esos temas.

Libreros además advierte que la consulta popular, al vincular en el debate electoral la primera línea del metro, "multiplica el riesgo de fracaso del megaproyecto, como ha ocurrido en el pasado con el mismo proyecto”.

Respecto a las cinco preguntas de la consulta asegura que no son de tipo general y que estas entran en la órbita de temas fiscales, presupuestales y tributarios, que están expresamente prohibidos para este tipo de iniciativas. “Son preguntas capciosas redactadas de manera populista”.

De acuerdo con Libreros, se puede poner en tela de juicio la legalidad de la iniciativa popular por la redacción de las preguntas y por las materias que busca consultar, porque, según libreros, "compromete asuntos fiscales, presupuestales y tributarios”.

Igual que Hidalgo, el docente universitario agrega que también entraría a afectar actos istrativos que tiene presunción de legalidad. “Son actos consolidados y competencias propias de la alcaldía”.

REDACCIÓN BOGOTÁ